CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente una aclaración al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, así como a la representación diplomática de Estados Unidos encabeza por el embajador Ronald Johnson, tras la presentación de un proyecto con una agencia de cooperación internacional sin el conocimiento previo de las autoridades federales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal cuestionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gabinete de Seguridad no hubieran sido notificados de la iniciativa. Asimismo, remarcó que la interlocución diplomática entre gobiernos estatales y entidades u organismos extranjeros debe canalizarse rigurosamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aunque la mandataria puntualizó que el acontecimiento no derive en una sanción directa ni en una confrontación diplomática, reiteró la vigencia de los canales institucionales para resguardar la soberanía nacional en materia de seguridad. Destacó que, si bien la relación bilateral con la embajada estadounidense se mantiene en términos de cooperación, todo acuerdo que comprometa la actuación pública local debe sujetarse a la política exterior fijada por la Federación.

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un elemento conocido como «El Capitán Sol», tras verse presuntamente involucrado en una red dedicada al delito de defraudación fiscal y tráfico ilegal de combustibles, conducta tipificada como huachicol fiscal.

Las investigaciones encabezadas por la fiscalía revelaron que el imputado aprovechaba su cargo e influencia para facilitar el ingreso y la distribución ilegal de cargamentos de hidrocarburos al país, eludiendo los impuestos y aranceles correspondientes mediante la alteración de documentación aduanera.

Durante la audiencia inicial, el ministerio público presentó las pruebas e indicios recabados para sustentar la imputación, argumentando que la permanencia del señalado en libertad representaba un riesgo de fuga o de interferencia con el desarrollo del proceso penal.

El juzgador ratificó la legalidad de la detención y determinó fijar un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes aportarán peritajes y evidencias adicionales para definir la situación jurídica del procesado.

Con este fallo, las autoridades judiciales buscan enviar una señal contundente en el combate a las estructuras de corrupción y redes ilícitas que atentan contra la recaudación fiscal y el sector energético del país.

El gobierno de los Estados Unidos dio inicio al despliegue de elementos militares fuertemente equipados a lo largo de diversos puntos de la franja fronteriza con México, como parte del fortalecimiento de las acciones tácticas encuadradas en la denominada «Operación Espejo». El movimiento busca intensificar la vigilancia e inhibir el flujo de actividades ilícitas en la zona limítrofe.

De acuerdo con los datos brindados por fuentes de seguridad internacionales, cerca de 500 efectivos del ejército norteamericano fueron asignados a labores operativas de patrullaje, observación estratégica e instalación de puestos de control. Las unidades militares trabajarán en coordinación con los agentes de la Patrulla Fronteriza para resguardar tramos de alto tránsito y zonas de difícil acceso geográfico.

La «Operación Espejo» comprende una estrategia binacional orientada a disuadir el tráfico ilegal de drogas, el contrabando de armas de fuego y el cruce irregular de migrantes mediante la presencia disuasiva de fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera. La presencia de las tropas estadounidenses busca reforzar los perímetros de seguridad e incrementar la capacidad de respuesta operativa.

Del lado mexicano, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mantienen desplegados contingentes de vigilancia en sus respectivos sectores fronterizos, trabajando de forma coordinada bajo los esquemas de comunicación y cooperación pactados entre las administraciones de ambos países para asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias y aduanales.

El despliegue de tropas generó diversas opiniones entre organismos defensores de los derechos humanos y autoridades locales de las ciudades fronterizas, quienes se mantienen al pendiente del desarrollo de los operativos. Las autoridades gubernamentales afirmaron que el personal desplegado respetará los protocolos establecidos para el uso de la fuerza y el manejo de contingentes en la franja limítrofe.