La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma la Constitución Política para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028, y en donde se precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.
En lo particular, fue ratificado con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el Pleno, a efecto de que magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, sobre las secciones en la SCJN y duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito. Se aceptó del diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) modificación al artículo 35 de la Carta Magna, para que se precise que no va a haber posibilidad de que empaten las elecciones federales con la revocación de mandato. “Va a quedar que sea el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, y en esa lógica nunca podrá empatarse la revocación de mandato con ninguna elección intermedia federal o la elección constitucional de la presidencia de la República”.
Al hablar en contra, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) comentó que con la reserva queda claro que ya no será en el mismo momento que haya elecciones federales; sin embargo, se advierte que si se acepta será la revocación el mismo día de la elección en cuatro estados como son Oaxaca, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, “lo que contraviene al acuerdo fundamentacional».
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que el centro de la reforma no es la revocación de mandato sino la reforma judicial, y la reserva “aclara que podrán coincidir y la revocación de mandato tendrá que ser en el cuarto año del gobierno del Ejecutivo; es decir, aunque podrán ser coincidentes nunca serán en el periodo intermedio de las elecciones de diputados federales y de congresos locales”.
Por Morena, la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre se manifestó a favor del dictamen y de la reserva, porque es responderle y cumplirle al pueblo, así como seguir con la lucha de la cuarta transformación.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Puebla aprobó la desaparición de los ayuntamientos de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, tras concretarse la salida de sus anteriores administraciones. En su lugar, el órgano legislativo designó a los integrantes de los tres concejos municipales transitorios que asumirán el gobierno y la gestión pública de dichos municipios hasta octubre de 2027.
El dictamen avanzó tras solventar un retraso de tres horas provocado por observaciones normativas formuladas por la diputada Fedrha Suriano Corrales (Movimiento Ciudadano), quien señaló que el expediente de Acatlán carecía de la renuncia formal de Ciro Gavilán Domínguez a la Secretaría de Gobernación. Una vez recibido el documento físico en el recinto, la comisión procedió a la aprobación de las planillas.
Concejos Municipales Designados
Acatlán: Ciro Gavilán Domínguez asumirá como presidente concejal propietario (con Nicté Angélica Tecpanecatl Cuesta como suplente) y María Leonor Apolonia Popocatl Gutiérrez como síndica propietaria.
Esperanza: La presidencia estará a cargo de Raúl Pineda Raygoza (suplente: Jesús Arrona Aguilar), mientras que María Ivette Huerta Velázquez desempeñará la sindicatura municipal.
Tepeyahualco: Se designó al exalcalde de Zapotitlán, Eduardo Vázquez Márquez, como presidente concejal propietario (suplente: Alejandro Melchor Morales), respaldado por Carmen Teresa López Castillo en la sindicatura.
Las designaciones de los concejos transitorios pasarán en las próximas horas al pleno del Congreso del Estado para su ratificación final en sesión ordinaria.
¿Porque Destituyeron a los alcaldes?
Acciones judiciales y detenciones de ediles en Esperanza y Tepeyahualco
En los casos de Esperanza y Tepeyahualco, la destitución de sus alcaldes responde a investigaciones penales e intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y estatales.
El edil de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido durante un operativo federal acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, secuestro y robo a transporte de carga.
Por su parte, el presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, fue aprehendido por la Fiscalía de Puebla bajo cargos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y cohecho.
Ambas detenciones provocaron la renuncia de los integrantes de sus respectivos cabildos, sumado a la imposibilidad de asumir el cargo por parte de la suplente en Tepeyahualco debido a su fallecimiento previo, lo que derivó en la disolución legal de ambos ayuntamientos.
Crisis administrativa y dimisión masiva en Acatlán de Osorio
En el municipio de Acatlán, la salida de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas y la posterior disolución del ayuntamiento obedecieron a una crisis institucional interna. La edila enfrentó señalamientos de opacidad, opacidad en la entrega de estados financieros, presuntos sobrecostos en obras públicas y la existencia de proyectos inconclusos.
Ante la falta de transparencia y severas inconsistencias presupuestales, el síndico y los regidores presentaron su renuncia en bloque acusando irregularidades y la imposibilidad de mantener la gobernabilidad, lo que obligó al Congreso del Estado a declarar la desaparición formal del cabildo al no existir condiciones ni quórum para operar.
¿Porque el Congreso Designó Concejos Municipales?
La intervención del Poder Legislativo responde al vacío de autoridad generado tras la disolución y salida de los gobiernos municipales salientes en Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco. Ante este escenario, la Constitución Política del Estado de Puebla faculta al Congreso local para declarar la desaparición de los ayuntamientos y nombrar concejos transitorios que asuman la administración pública, garantizando así la continuidad de los servicios básicos, la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en las tres demarcaciones.
Los concejos municipales estarán en funciones de manera extraordinaria hasta octubre de 2027, periodo en el que sus integrantes asumirán las facultades ejecutivas y presupuestales equivalentes a las de un edil y su cabildo. Con la aprobación previa en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la lista de perfiles nombrados pasa a la etapa final de validación en el pleno de la LXII Legislatura para tomar protesta formal del cargo.
PUEBLA, PUE. — En una resolución que marca la pauta política de la legislatura local, el partido Fuerza por México (FXM) asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso del Estado de Puebla. La designación representa un movimiento estratégico dentro de la distribución de las comisiones directivas de la LXII Legislatura.
La llegada de este instituto político al órgano de gobierno del Poder Legislativo poblano buscará dar fluidez a la agenda parlamentaria, coordinando los trabajos entre las distintas bancadas políticas. Se anticipa una gestión orientada a la negociación interna y al consenso para la aprobación de iniciativas de ley pendientes en el estado.
Representantes de los diversos grupos parlamentarios expresaron sus posturas ante el nombramiento, señalando la necesidad de mantener un diálogo institucional abierto y plural. El liderazgo de FXM al frente de la Jugocopo tendrá el reto de articular consensos en temas clave como el presupuesto de egresos, la fiscalización de cuentas públicas y la actualización del marco legal estatal.
Fuentes legislativas señalaron que el nombramiento responde a los acuerdos alcanzados entre las fuerzas políticas que integran la mayoría en el recinto parlamentario. Con esto se busca garantizar la gobernabilidad interna y el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo del estado.
Con esta decisión formalizada, el Congreso de Puebla inicia una nueva etapa directiva donde se evaluará la efectividad para destrabar dictámenes de alta relevancia social y política para los municipios y habitantes de la entidad.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual se establece la nueva integración y las presidencias de sus Comisiones Permanentes y Temporales. El ajuste de los órganos de trabajo internos responde al principio de rotación periódica y tiene como propósito fundamental preparar la estructura operativa de la autoridad electoral de cara a la organización del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.
La reestructuración aprobada por las consejeras y consejeros electorales busca asegurar una distribución equilibrada de responsabilidades al interior del organismo, garantizando la continuidad operativa y la eficiencia técnica en la toma de decisiones. Cada una de las comisiones constituidas asumirá de forma inmediata el seguimiento de tareas sustantivas como la fiscalización, la organización electoral, el registro nacional de electores y el trámite de quejas y denuncias.
Durante la sesión del órgano superior de dirección, se destacó que la renovación de las presidencias en las comisiones permanentes fortalece la imparcialidad, legalidad e independencia institucional que deben regir la función pública electoral. Con este acuerdo, el INE afina los engranes normativos y técnicos requeridos para vigilar el cumplimiento de las reglas del juego democrático por parte de partidos políticos y candidaturas.
Dentro de los puntos avalados en la misma jornada de trabajo, el pleno del Consejo General aprobó los lineamientos operativos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, así como la ruta de seguimiento para garantizar el estricto apego a los requisitos constitucionales de los aspirantes. El instituto enfatizó que la supervisión de estos criterios de elegibilidad se aplicará con absoluto rigor técnico durante todas las fases de registro.
Con la definición de sus comisiones de trabajo, el Instituto Nacional Electoral da inicio formal a las fases preparatorias del Proceso Electoral Federal 2026-2027. La autoridad electoral reafirmó su compromiso institucional de arbitrar los comicios bajo estándares estrictos de certeza y equidad, ofreciendo certidumbre tanto a la ciudadanía como a los actores políticos involucrados en la contienda.