El senador Enrique Inzunza Cazarez aseguró que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar por la acusación que presentó el gobierno de Estados Unidos en la Corte de Nueva York por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

“El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanas”, expresó Inzunza en redes sociales.

La acusación de EE. UU. incluye señalamientos relacionados con presuntas conspiraciones para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, así como delitos vinculados con armas de fuego.

Desde entonces, el senador morenista había reducido sus apariciones públicas y se ha ausentado de actividades presenciales en el Senado de la República.

El pasado 17 de mayo, Inzunza publicó un mensaje en X donde negó las acusaciones en su contra y aseguró permanecer en Sinaloa. “Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento”, escribió entonces el legislador.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a 10 personas señaladas en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el gobernador del estado con licencia Rubén Rocha Moya, como parte de una indagatoria abierta en México a raíz del caso.

En un comunicado, la dependencia informó que realiza “las acciones pertinentes” dentro de sus planes de investigación y que, “entre otras acciones”, las personas referidas “están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación”, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad”.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de las Américas Puebla con la finalidad de generar acciones, proyectos y propuestas que permitan atender la problemática del desabasto de agua en el municipio.

Acompañada por autoridades académicas de la institución, la alcaldesa destacó la importancia de sumar esfuerzos con la academia para encontrar soluciones innovadoras en torno al recurso hídrico.

Cuautle Torres señaló que este convenio permitirá no solo contar con el apoyo de especialistas e investigadores para desarrollar propuestas y proyectos enfocados en abatir la falta de agua, sino también brindar a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en problemáticas reales que afectan a la comunidad.

Asimismo, explicó que esta colaboración contempla la realización de talleres, investigaciones y proyectos conjuntos orientados a fortalecer la cultura del cuidado del agua y generar alternativas viables ante la crisis hídrica.

La presidenta municipal subrayó que la problemática relacionada con el recurso hídrico es una situación que preocupa tanto al municipio de San Andrés Cholula como al sector académico, por lo que consideró fundamental trabajar de manera coordinada para impulsar soluciones sostenibles.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el 21 de mayo de 2026 los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2025), con los cuales se completa un ciclo de una década de levantamientos bienales, que cubre el periodo de 2015 al 2025, y que permiten tener un panorama completo de lo que ha ocurrido en ese lapso respecto de la evaluación y grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de diferentes servicios.

Uno de ellos es el servicio que otorgan las policías, respecto de las cuales, el promedio de satisfacción que hay en el país en el periodo señalado, es de apenas 26.4% de la población de 18 años y más, que se dice algo o muy satisfecha con ese servicio.

Es importante decir que la entidad federativa en la que se tiene el mayor promedio en el periodo de referencia es Yucatán, donde apenas 50.9% de la población declara algún nivel de satisfacción con ese servicio. En segundo lugar, muy lejos de ese porcentaje, aparecen los estados de Nayarit y Nuevo León, con 41.7% y 41.3%, respectivamente, y en tercer sitio, aún más lejos todavía, los estados de Aguascalientes, Coahuila y Colima, donde el porcentaje promedio obtenido es de 37.5%, 36.7% y 36%, respectivamente.

San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, los peor evaluados

En el extremo opuesto, las entidades peor evaluadas en este rubro son: San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, con 20.8%; 20.4% y 20.3%, respectivamente; les siguen en orden descendente Quintana Roo. Puebla y Estado de México, con porcentajes de 19.6%, 19.3% y 19% para cada uno de ellos; seguidos con indicadores aún peores de Michoacán, con 17.2%; Tabasco, con 16.2% y Guerrero, con 16.1 por ciento.

Es importante decir que, a nivel nacional, el porcentaje más alto registrado es el de 2023, con 29.7% de satisfacción; seguido de 2025, con 27.9%; mientras que el más bajo se registró en 2017, con 23.8%.

Aún con ello, como se observa, en los últimos 10 años el país no ha llegado siquiera a un 30% de la población satisfecha con los servicios de las policías locales, lo cual es muy serio si se considera que es el primer contacto con la población en los temas de seguridad pública.

Los datos del 2025: Sólo 1 de cada 3 ven que policía contribuya a seguridad

Es interesante observar que, en el más reciente levantamiento, correspondiente a 2025, únicamente 35.3% de la población nacional considera que la policía local contribuye a generar sensación de seguridad, es decir, apenas uno de cada tres; destaca que los estados con más bajos porcentajes son: Baja California, con apenas 26.1%; Guerrero, con 25.8%; Tabasco con 25.1%; Morelos, con 23% y Michoacán, con 21.4 por ciento.

En términos de satisfacción general, los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo Estado de México y Tabasco registran los indicadores más bajos el 2025. 

Las policías municipales son el eslabón más débil en la cadena de la seguridad pública y ciudadana en el país. En todas las encuestas en las que se incluyen temas relacionados con la corrupción, la seguridad y la criminalidad, las policías de tránsito y las policías preventivas aparecen siempre como las peor evaluadas en el país.

No es para menos, diversos diagnósticos muestran que el estado de fuerza, así como el nivel de equipamiento y de entrenamiento, distan mucho de aproximarse a lo óptimo y, en general, son las corporaciones que reciben los más bajos salarios y prestaciones asociadas a su actividad.

Al ser las autoridades con menor capacidad de fuego, nula inteligencia tecnológica y presupuestos asfixiados por la centralización de los recursos de seguridad, las policías municipales quedan atrapadas entre la desconfianza ciudadana y la subordinación de facto ante el despliegue de las fuerzas federales.