Abogados litigantes en el estado de Puebla han destapado lo que califican como una «auténtica denegación material de justicia» y un esquema de protección institucional dentro del Poder Judicial del Estado.

Los litigantes César Pineda Zárate y Maurilio Vázquez Diego denunciaron formalmente al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, por paralizar de forma deliberada las quejas administrativas interpuestas en contra de la jueza de control de Cholula, Karla Ivonne Munguía Olmos.

De acuerdo con los expedientes institucionales, la jueza Munguía Olmos ha omitido y dilatado de manera sistemática la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 757/2025/CHOLULA, correspondiente al delito de despojo, donde se encuentra involucrada una persona con discapacidad en calidad de victima; una conducta que, según los denunciantes, busca beneficiar directamente a integrantes del denominado «cartel inmobiliario» en la región.

Esta parálisis procesal ocurre a pesar de que el gobernador del estado impulsó y concretó reformas legales específicas para perseguir penalmente y desarticular las operaciones ilícitas de las mafias inmobiliarias en la entidad.

Consejo de la Judicatura: de órgano disciplinario a «escudo de impunidad»
Ante las irregularidades cometidas por la juzgadora, los litigantes promovieron los recursos disciplinarios de queja correspondientes, los cuales quedaron radicados bajo los números de expediente administrativo 321/2026 y 350/2026. Sin embargo, el consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, ha bloqueado el trámite legal de ambos casos promovidos en contra de la jueza de control Karla Ivonne Munguía Olmos para frenar audiencias por el delito de despojo.

«La autoridad recibió las quejas y les asignó número, pero desde ese momento cayeron en un silencio absoluto ya desde hace varios días que se presentaron dichas quejas, pues no han movido un solo dedo. No hay acuerdos, no hay notificaciones, ni una sola actuación material encaminada a investigar», señalaron los litigantes. Asimismo, afirmaron que al constituirse en las oficinas de la Presidencia del Consejo para exigir el avance procesal, el magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández se niega a recibirlos bajo el argumento del personal de su secretaría de que «nunca está en su oficina».

Llevan el caso a la justicia federal mediante juicio de amparo

Ante el blindaje institucional, el abogado César Pineda Zárate acudió a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en el Estado de Puebla para interponer una demanda de amparo indirecto en contra del presidente del Consejo de la Judicatura.

En el cuerpo del juicio constitucional se argumenta la violación flagrante a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acusando que la inactividad del Consejo no es una simple demora burocrática tolerable, sino una transgresión al acceso efectivo a la justicia.

«Las responsables no cuentan con facultad discrecional para decidir si tramitan o no una denuncia administrativa válidamente presentada; la ley les impone un deber jurídico concreto de actuación», sostiene la demanda de amparo.

Exigen inspección judicial en las oficinas del Poder Judicial

Como medida contundente para romper el bloque de opacidad, la defensa ha solicitado formalmente al juez de distrito la ejecución de una Inspección Judicial física y electrónica en las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Estado.

Con esta prueba, se busca que un actuario federal certifique directamente la ausencia total de acuerdos y la congelación material de los expedientes 321/2026 y 350/2026. Los quejosos han solicitado además la suspensión con efectos restitutorios para obligar de manera inmediata al magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández a reactivar los procedimientos de responsabilidad administrativa y dejar de encubrir penal y disciplinariamente a los funcionarios señalados. Con esto, el Poder Judicial del Estado enfrenta una de sus crisis de credibilidad más severas en el combate a la corrupción inmobiliaria.

En un duro cuestionamiento a su perfil, los denunciantes señalaron que el consejero presidente carece de la trayectoria necesaria para el cargo, pues de acuerdo con registros oficiales de la SEP, obtuvo su cédula de Derecho por una universidad de poco calado denominada IEU apenas en 2018.

A decir de los litigantes, este corto historial derivado de una institución privada comercial evidencia una falta de experiencia y rigor legal que explica el desaseo institucional en el manejo de las quejas, ya que si bien la ley no prohíbe el desempeño de dicho cargo con base en la temporalidad del otorgamiento de su cédula, moralmente resulta una burla para la sociedad y las instituciones encargadas de impartir justicia.