La Fiscalía General de la República informó que, por ahora, no se pronunciará sobre la entrega a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , debido a que la solicitud recibida corresponde únicamente a una petición de detención provisional con multas de extradición y no a una solicitud formal de extradición .

Raúl Jiménez Vázquez , fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR , señaló que la petición presentada por el gobierno estadounidense no incluye elementos suficientes para acreditar la urgencia de detener al mandatario estatal. Por ello, la Fiscalía solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores , que Estados Unidos complemente su requerimiento.
El funcionario explicó que la FGR pedirá a la autoridad requerida todas las pruebas , argumentos , informes y documentos necesarios para analizar el caso y fijar una postura institucional. Añadió que esa comunicación deberá realizarse por vías que garanticen la confidencialidad de la información.

Jiménez Vázquez también cuestionó que la publicación de la acusación contra Rocha Moya haya puesto en riesgo su derecho al debido proceso . Afirmó que la Fiscalía mantiene investigaciones sobre los posibles hechos referidos, siempre en apego a la legislación mexicana y al marco del Estado constitucional y democrático de derecho .

Aunque reconoció que la solicitud de detención provisional con multas de extradición se rige por el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos y por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional , el fiscal subrayó que en este caso no se presentaron documentos que permitieran justificar la urgencia de la medida.

De acuerdo con Jiménez Vázquez , una detención provisional implica una restricción a los derechos humanos , por lo que sólo puede autorizarse cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas . En ese sentido, sostuvo que debe acreditarse por qué resulta impostergable detener a las personas reclamadas.

El fiscal indicó que el área de Asuntos Internacionales revisó el pedimento con base en el tratado bilateral y en la normatividad mexicana aplicable. Tras ese análisis, afirmó que la FGR no encontró referencias, motivos, fundamentos ni evidencias que permitieran establecer la urgencia de la detención provisional .

También señaló que, en una primera revisión, no existen pruebas anexas al requerimiento que acreditan la comisión de un presunto delito y que hagan necesaria la imposición inmediata de la medida cautelar .

El caso se encuentra en la primera etapa del procedimiento de extradición , correspondiente a la solicitud de detención provisional . Esto significa que Estados Unidos todavía no ha solicitado formalmente la entrega de Rocha Moya ni de las otras nueve personas señaladas en el asunto.

Jiménez Vázquez precisó que la eventual decisión sobre una extradición recaería finalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores , en caso de que el procedimiento avance a una etapa posterior. Por ahora, dijo, la determinación que emite la FGR se limitará exclusivamente a la petición de detención provisional .

El funcionario agregó que, si más adelante Estados Unidos inicia formalmente el procedimiento de extradición internacional , México deberá apegarse a las reglas previstas tanto en el Tratado Bilateral de Extradición como en la Ley de Extradición Internacional .

Un vehículo particular se volcó en la vialidad que rodea al Centro Integral de Servicios (CIS), en la Vía Atlixcáyotl, donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo a los primeros reportes que se han registrado en torno a dicho siniestro, es que el conductor se volcó presuntamente al intentar escapar de sujetos armados que lo seguían desde Osa Mayor y Vía Atlixcáyotl.
Estos hechos se registraron durante la mañana de este viernes primero de mayo, por lo que elementos de la Policía de la Ciudad y Proximidad Vial, atendieron la emergencia.

Posteriormente arribaron equipos de Protección Civil y SUMA, quienes abordaron al conductor a la unidad médica para ser atendido por sus lesiones.

De tal manera, fue trasladado a un hospital por SUMA con contusión en tórax y probable fractura.

Las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) serán dotadas con geolocalización satelital para realizar tareas de control, por lo que la administración estatal comprará 650 equipos.

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, publicó la licitación pública nacional GEP-SPFA-LPN-101-325/2026 para la contratación de un servicio de pool de datos de GPS, video y plataforma de monitoreo en la nube.
El objetivo central del contrato es la visualización y seguimiento en tiempo real de las rutas de las patrullas adscritas a la corporación municipal.

De acuerdo con las bases de la licitación, el proveedor adjudicado deberá suministrar dispositivos con tecnología LTE Cat 1 y compatibilidad con sistemas satelitales GPS, GLONASS, Galileo y Beidou.

Contarán con una precisión de tres metros y pasarán a ser propiedad de la Secretaría cinco días después de la formalización del servicio; además, el contrato establece tiempos de respuesta de 15 minutos ante fallas críticas que impliquen pérdida total de conectividad.

El calendario del proceso administrativo fija el 13 de mayo de 2026 para la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, posteriormente, el 19 de mayo se llevará a cabo la apertura de las propuestas económicas, concluyendo con la notificación del fallo el 20 de mayo de 2026.

Los interesados en participar debieron adquirir las bases del 28 al 30 de abril, con un costo establecido de 3 mil 680 pesos, por lo que la vigencia iniciará el día hábil siguiente a la firma del contrato y concluirá el 31 de diciembre de 2026.

El pago por la prestación de estos servicios se realizará mediante exhibiciones mensuales, las cuales serán liquidadas en un plazo de 20 días naturales posteriores a la entrega de las facturas y los informes correspondientes.