La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, al comparecer en comisiones fue señalada por la oposición por la baja productividad en más de un año de labores, y cuestionaron que no hubiera interpuesto una controversia constitucional en contra de la Ley de Ciberasedio.
Durante su comparecencia por casi dos horas ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la titular de la CDH fue cuestionada por presentar un informe en el que se indica una productividad del 1%, ya que solo se emitieron 18 recomendaciones de las nueve mil quejas que se presentaron.
Tras presentar el mismo documento que entregó en el mes de diciembre, como la misma presidenta de la CDH reconoció, las diputadas Delfina Pozos Vergara, así como Luana Amador Vallejo, criticaron que en Puebla no haya una comisión que defienda a los ciudadanos.
Delfina Pozos Vergara del PRI indicó que la efectividad no se mide por el número de datos que se presentan, los archivos que se acumulan, sino por el número de recomendaciones, e indicó que en su comparecencia se ve burocracia.
Señaló que hay una percepción ciudadana de que la CDH ha dejado de actuar como un órgano defensor, y ahora es una «oficina administradora de expedientes».
Dijo que la comisión debe actuar por la gravedad de lo que pase, que recupere la confianza ciudadana y no sea una comisión cómoda, «sino incómoda», no en beneficio del poder, recordando que la funcionaria se comprometió a cumplir la constitución.
Al hacer las preguntas sobre la ley del Ciberasedio, donde ya se otorgaron cinco amparos, Sánchez Soya dijo que no era necesaria una acción de inconstitucionalidad.
Postura del PAN
La diputada del PAN, Luana Amador, advirtió que la productividad no se mide por archivos, ni acumulaciones de administrativas, sino por resoluciones de impacto real, recomendaciones efectivas, aquellas que logran la reparación del daño y modifican conductas institucionales.
En su intervención le indicó las cifras que presentó, donde la misma Comisión reconoce que resolvió de manera efectiva solo el 0.7 % de las quejas y sostuvo que ello es reflejo de una ineficacia institucional alarmante.
Preguntó el cómo justifica que más del 99 % de las denuncias no hayan derivado en una resolución efectiva, además de que pesar de la falta de resultados, se reporta una supuesta eficacia del 79%, que se obtiene al contabilizar como “concluidos” expedientes cerrados por incompetencia, improcedencia, falta de interés, no ratificación, acumulaciones o archivos sin pronunciamiento de fondo.
Indicó que se presentó como eficacia lo que es mero trámite administrativo y recordó que, recientemente, un juez federal declaró la inconstitucionalidad del artículo 480 del Código Penal, que tipificaba el ciberasedio, al considerar que vulneraba de manera directa la libertad de expresión.
La respuesta de Sánchez Soya fue la misma que dio a la legisladora del PRI minutos antes con el mismo texto, señalando que consideraron que no era necesaria la controversia, pero aceptó que la Comisión Nacional sí procedió.
Reconoció que en este proceso desistió de interponerla, ya que fueron invitados al Foro de Consulta y hubo correcciones.
Sus cifras
Entre algunas de las cifras que presentó, señaló que solicitaron 564 medidas cautelares, 28 conciliaciones y 18 recomendaciones basadas en investigaciones objetivas y exhaustivas.
Además, «nos auxiliamos con la aplicación de protocolos internacionales, como el Protocolo de Estambul, los cuales garantizan la atención integral a las víctimas», dijo.
Además se realizaron 139 visitas a 17 centros penitenciarios, con la finalidad de identificar problemáticas recurrentes y promover acciones correctivas.
Señaló que se revisaron albergues para niñas, niños y adolescentes migrantes, refugios para mujeres, casas de asistencia a personas adultas mayores, hospitales psiquiátricos y clínicas de atención a las adicciones, con el fin de verificar el respeto a la dignidad humana y al interés superior de la niñez.
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