El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, afirmó que el Gobierno de Puebla emprenderá acciones por la vía penal contra empresarios y exfuncionarios que participaron en un esquema de fraude mediante contratos no liquidados y litigios irregulares, los cuales habrían sido estructurados de manera sistemática y podrían configurar delitos de delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario explicó que, al inicio de la actual administración, se detectaron más de 100 demandas derivadas de contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos con una antigüedad de hasta 20 años, cuyos montos, valores y condiciones son variables, pero que en conjunto representan miles de millones de pesos que generan riesgo para el erario estatal.

García Parra precisó que, de este universo de litigios, existen 10 casos considerados como los más relevantes, los cuales concentran un impacto económico aproximado de 3 mil 500 millones de pesos. Detalló que tres de estos ya cuentan con sentencias emitidas en los años 2013, 2015 y 2023, por un monto cercano a los 1 mil 100 millones de pesos.

El funcionario estatal indicó que actualmente se realiza un análisis jurídico y financiero de estos tres casos, en coordinación con la Consejería Jurídica del estado, con el objetivo de conciliar el tema de los intereses y buscar acuerdos que permitan cumplir con las resoluciones sin generar una afectación severa a las finanzas públicas.

Acciones penales y estrategia del Gobierno de Puebla
“Varían en los montos, los valores, las características, las condiciones, que implicarían miles de millones de pesos. Específicamente, hay 10 que son los más relevantes. Estos 10 litigios que tenemos con la Consejería Jurídica, estaríamos hablando, más o menos, de 3 mil 500 millones de pesos que tendría que erogar el Gobierno de Puebla para finiquitar estas supuestas deudas”, afirmó.

El coordinador del Gabinete Estatal señaló que, más allá de la defensa legal, se identificó un modus operandi en el que empresas y funcionarios avalaron obras complementarias inexistentes, conceptos fuera de catálogo y trabajos que nunca fueron ejecutados, pero que aun así fueron incluidos en las demandas, lo que infló de manera artificial los montos reclamados al Gobierno del Estado.

Reconoció que, debido al tiempo transcurrido, algunas de estas conductas podrían haber prescrito en el ámbito administrativo; sin embargo, aseguró que se están integrando expedientes para proceder por la vía penal contra socios de empresas que, de acuerdo con la información recabada, están vinculadas entre sí y habrían actuado de forma reiterada para defraudar al Estado, mediante esquemas en los que participaron más de tres personas con conductas sistemáticas.

Finalmente, García Parra subrayó que estos 10 litigios son prioritarios para la actual administración y reiteró que el Gobierno de Puebla continuará defendiendo el patrimonio de las poblanas y los poblanos, además de exhibir a las empresas y funcionarios involucrados, con el objetivo de minimizar el daño a las finanzas públicas y evitar que este tipo de prácticas se repitan.

– Más de 300 elementos se encuentran desplegados en plazas comerciales, zonas gastronómicas, bancarias, mercados y puntos de venta de juguetes

Puebla, Pue., 5 de enero de 2026.- Con el fin de preservar la paz social e integridad de la población, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene un dispositivo de vigilancia y prevención, por Día de Reyes 2026.

En estas acciones, que iniciaron desde el pasado 3 de enero y concluirán el día 6 del mismo mes, participa un estado de fuerza de más de 300 elementos de la Policía de la Ciudad, Control de Tránsito, Inteligencia, Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), Prevención del Delito, Protección Civil, Grupos Especiales y en coordinación interinstitucional con el Estado y la Federación; distribuidos de manera estratégica en plazas comerciales, zonas gastronómicas, bancarias, mercados y en los puntos principales de venta de juguetes.

Con estas acciones, encabezadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, se refrenda el compromiso de continuar generando estrategias que permitan brindar entornos seguros para las y los habitantes de la capital del estado.

Expedientes incompletos y relaciones familiares que no quedaron debidamente transparentadas en los procesos de selección para la asignación de plazas forman parte de las irregularidades que se cometieron en pasadas administraciones en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, informó el coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra.

El coordinador del gabinete estatal, presentó los resultados preliminares del diagnóstico de la auditoria que realiza la actual administración sobre la asignación irregular de plazas temporales y definitivas, donde se detectaron diversas anomalías administrativas y acuerdos discrecionales en los procesos de asignación de plazas docentes

El funcionario detalló que durante la revisión también se identificaron prácticas discrecionales, relaciones familiares y acuerdos internos que influyeron directamente en la entrega de plazas, lo que evidencia la necesidad de ordenar y transparentar dichos procedimientos dentro del sistema educativo estatal.

«No obedece a una persecución y tampoco hay ninguna intención de afectar los derechos laborales de los maestros. Es la respuesta a una firme convicción del gobernador Alejandro Armenta de poner orden», dijo durante su participación en la habitual conferencia del gobernador.

García Parra precisó que, una vez concluida la integración del expediente y conforme a lo establecido por la ley, se dará vista a las instancias competentes, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, en el caso de plazas financiadas con recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación.

Explicó que la revisión busca impulsar un nuevo esquema de justicia laboral, en el que las y los docentes de carrera sean los principales beneficiados en la asignación de plazas educativas, mediante procesos más justos, transparentes y apegados a la normatividad.

Afirmó que sin importar los resultados que arroje el diagnóstico, las plazas otorgadas conforme a la legislación en la materia no serán invalidadas y tampoco se busca criminalizar al magisterio poblano ni pone en riesgo los derechos laborales.