El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional que limita la posibilidad de contar con doble nacionalidad para el desempeño de determinados cargos públicos e institucionales. La votación se desahogó tras un intenso debate parlamentario en el que los distintos grupos políticos expusieron sus posturas sobre los alcances de la soberanía nacional, los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y la lealtad hacia las instituciones del Estado.

Tras la votación general, la Mesa Directiva dio paso a la discusión en lo particular de las reservas presentadas por legisladores de diversas bancadas. Las modificaciones propuestas buscan precisar los puestos específicos que estarían sujetos a esta restricción, así como establecer transitorios claros para aquellos servidores públicos que actualmente se encuentran en funciones y cuentan con más de una ciudadanía.

Defensores de la iniciativa argumentaron que la medida fortalece la seguridad nacional y garantiza la máxima lealtad institucional de quienes toman decisiones estratégicas para el país. En contraste, legisladores de la oposición y colectivos de la comunidad migrante señalaron que la reforma vulnera los derechos políticos de millones de connacionales radicados en el exterior y limita su participación democrática en la vida pública nacional.

La sesión continuará en la casona legislativa hasta agotar la lista de reservas inscritas por los senadores. Una vez que concluya el desglose de los artículos reservados, el dictamen final será remitido a la Cámara de Diputados o a los congresos locales, según corresponda, para continuar con el proceso legislativo correspondiente a una reforma constitucional.

La dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Puebla confirmó que se apegará de manera estricta a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la alternancia de género. Esta determinación obligará al partido a reajustar sus mecanismos internos para la selección de perfiles hacia los próximos procesos electorales locales, garantizando la equidad entre hombres y mujeres en la postulación de cargos de elección popular.

El pronunciamiento busca dar certeza jurídica a las convocatorias internas y evitar impugnaciones futuras ante los tribunales electorales. Representantes de la agrupación política destacaron que el acatamiento de esta directriz legal no solo representa un compromiso formal con el marco regulatorio vigente, sino también un avance indispensable en materia de paridad e inclusión política en las diferentes regiones de la entidad.

Con esta decisión, la estructura partidista deberá evaluar los municipios y distritos donde corresponderá encabezar las candidaturas a perfiles femeninos, considerando los históricos de participación y las reglas de competitividad impuestas por los órganos jurisdiccionales. Este movimiento impactará de forma directa en las aspiraciones de diversos liderazgos locales que buscaban competir bajo las siglas del partido oficialista.

Militantes y simpatizantes de la fuerza política manifestaron su postura ante la aplicación estricta de la norma, señalando que la paridad debe ir acompañada de perfiles competitivos y con verdadero arraigo comunitario. Las mesas de trabajo internas comenzarán a definir los bloques de competitividad para cumplir en tiempo y forma con las resoluciones de la máxima instancia judicial del país.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Puebla anunció que el Poder Legislativo local se mantendrá a la espera del fallo definitivo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la impugnación promovida contra las reformas que reducen el número de regidurías en los ayuntamientos de la entidad.

El presidente de la Jugocopo, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que las bancadas parlamentarias acordaron pausar cualquier ajuste secundario a la legislación electoral hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de la controversia constitucional. El legislador reiteró el respeto de la asamblea estatal hacia los procesos institucionales del Poder Judicial de la Federación.

La controversia legal se originó tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN). El recurso busca anular las modificaciones aprobadas por el Congreso local al Código de Instituciones y Procesos Electorales ya la Ley Orgánica Municipal, argumentando posibles violaciones a la representatividad en los cabildos.

Corresponderá a los ministros de la SCJN analizar la validez de los cambios legislativos y determinar si la reestructuración en la integración de los gobiernos municipales se mantiene conforme al marco constitucional vigente o si debe ser revocada para los próximos procesos electorales en Puebla.