Además de que solicitó al secretario de gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, que denuncie a Antonio Valente Martínez, más conocido como «El Toñín» por amenazas en su contra, el gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo detenga por los diferentes delitos federales que enfrenta.

En entrevista con los medios de comunicación, el Mandatario Estatal señaló que se le atribuyen varios delitos como son múltiples homicidios, así como el robo de hidrocarburos en los municipios de Tecamachalco y Palmar de Bravo, “los cuales son de competencia federal y son ellos quienes deben actuar en su detención”.

«Yo le hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República, porque las vinculaciones con este supuesto delincuente, las vinculaciones son del orden federal, por lo que yo espero que haya una actuación», declaró Alejandro Armenta.

Dejó en claro que existen investigaciones estatales y federales en contra de Antonio Martínez por el robo de combustible, de tal manera, hizo un exhorto a la FGR y a su titular, Ernestina Godoy, para que detengan a “El Toñín”, ya que asegura son más que “evidentes” sus vínculos con el huachicol y homicidios, entre ellos, los registrados en el 2017 en contra de cuatro militares.

En torno a las amenazas en contra del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, comentó que dicho funcionario debe denunciarlo, “ya que no se trata de un tema menor o que deba tomarse a la ligera”.

Cabe recordar que el pasado martes dos de diciembre, Antonio Valente tachó de “cabrón” a Samuel Aguilar, después de que este último le exigió a Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac e hija de “El Toñín”, que solucionara y atendiera el bloqueo que existía en ese momento en la autopista Puebla-Orizaba.

Con cinco abstenciones, dos votos en contra y 34 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado de Puebla, modifico la Ley de Transporte del Estado, con el objetivo de incorporar, como atribución de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la emisión de los instrumentos legales y administrativos para la operación del Sistema de Transporte por Cable.

Tras la aprobación el poder ejecutivo podrá asumir la rectoría del nuevo sistema de transporte, uno de los principales proyectos de la administración estatal.

Las reformas y adiciones definen este tipo de transporte como un servicio colectivo, conformado por líneas de cable aéreo, estaciones, torres, cabinas, sistemas electromecánicos de tracción, control, recaudo y seguridad.

Además se establece que deberá contar con acceso universal, operar prioritariamente en zonas urbanas, suburbanas y conurbadas del estado, e integrarse de manera física, operativa, informativa, de imagen y de pago con las demás modalidades del servicio público de transporte.

Con la reforma legal se precisan las acciones a cargo del Estado para la implementación del Sistema de Transporte por Cable, así como que la tarifa por el uso del Sistema de Transporte por Cable se determinará por la Secretaría de Movilidad y Transporte, la cual establecerá la metodología en el reglamento correspondiente.

En la argumentación se señala que el Sistema de Transporte por Cable ofrecerá una opción moderna, segura y accesible. “Una alternativa que ayudará a conectar mejor a nuestras comunidades y reducir el tiempo que las personas tienen que pasar en el tráfico, para pasar mayor tiempo con la familia, con menos estrés y más oportunidades”.

Aprobada la Ley de Egresos

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026, se proyecta un monto total de 131 mil 365 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.1 por ciento respecto al año anterior, teniendo un voto en contra emitido por el PRI.

En sesión ordinaria se aprobó el dictamen avalado por la Comisión de Presupuesto y Crédito Público; el documento ya contempla ajustes y reasignaciones, destacan los 217.5 millones de pesos de libre disposición.

La Ley de Egresos 2026 plantea una orientación importante hacia infraestructura social, movilidad y proyectos estratégicos. Uno de los proyectos centrales será el cablebús, que recibirá mil 500 millones de pesos para avanzar en su construcción durante el próximo año. La obra comunitaria también tendrá un papel relevante, pues se asignarán más de mil 500 millones de pesos.

Para la Universidad del Deporte se destinarán 442.2 millones de pesos, con la finalidad de consolidar su infraestructura y garantizar su operación académica y administrativa; además, el documento incorpora una apuesta por la sostenibilidad ambiental mediante la asignación de 423 millones de pesos al Plan Hídrico, enfocado en mejorar la gestión del agua, y 200 millones de pesos para el Ecoparque Flor del Bosque, cuya rehabilitación es considerada prioritaria por la actual administración.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), realizó la conferencia “Violencia en el sistema penitenciario: Prevenir, Combatir y Erradicar”, impartida por la directora general y cofundadora de la asociación civil La Cana, Raquel Adriana Aguirre García.

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas centrales de PRS, donde el personal penitenciario se sumó al llamado de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual para refrendar el compromiso institucional con un modelo penitenciario humanista, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que reconoce a las mujeres privadas de la libertad como agentes de cambio.
El titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó la labor de la asociación civil La Cana en favor de las mujeres privadas de la libertad y subrayó la importancia de fortalecer entornos libres de violencia.

Aseguró que el objetivo es que cada mujer y cada niña en los centros penitenciarios, así como aquellas que trabajan en la institución, se sientan seguras, respetadas, escuchadas y protegidas. “La prevención de la violencia dentro de los espacios institucionales y en los centros penitenciarios, no es solamente una obligación legal, sino una responsabilidad ética que debe orientar cada una de nuestras decisiones”, mencionó.

Por su parte, Raquel Adriana Aguirre, explicó que La Cana trabaja para romper los ciclos de violencia hacia las mujeres en reclusión, apuestan a la capacitación laboral, la salud mental, la educación y programas de acompañamiento como Seguimiento Libertad, con el objetivo de brindar herramientas reales que permitan a las mujeres reconstruir su vida.

Con estas acciones, la SSPC reafirma su compromiso con la construcción de espacios penitenciarios seguros, libres de violencia y con perspectiva de género.