El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) impuso una severa sanción a José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, por su responsabilidad en la fallida inversión de recursos públicos en Accendo Banco, que generó un daño patrimonial estimado en 604.9 millones de pesos al erario estatal.
La resolución, emitida después de una similar contra la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, marca un nuevo capítulo en el caso que ha sacudido las finanzas poblanas desde 2021.
Girón Zenil, ocupó el cargo de subsecretario de Egresos en la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) entre 2018 y 2021, fue declarado responsable de abuso de funciones y desvío de recursos públicos.
La sentencia, basada en el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, le impone una multa de 241.9 millones de pesos —equivalente a aproximadamente el 40% del daño causado— y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos.
Esta medida agravada se debe a que el perjuicio supera en más de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La resolución contra Girón Zenil se suma a la emitida el 27 de octubre contra Castro Corro, recibió la sanción más dura hasta ahora, como 20 años de inhabilitación y una multa de 362.9 millones de pesos.
Ambas decisiones fueron tomadas por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla, tras una investigación iniciada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en junio de 2024.
La SFP y el TJAEP han notificado formalmente a Girón Zenil, quien tiene 15 días para apelar.
Las transacciones
El escándalo de Accendo Banco se remonta a junio y septiembre de 2021, cuando Castro Corro y Girón Zenil autorizaron depósitos por un total de 3 mil millones de pesos del gobierno del estado en fondos de inversión de la institución financiera, a pesar de señales de alerta sobre su solvencia.
Accendo, un banco de bajo perfil con operaciones limitadas, quebró meses después al perder su licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por falta de liquidez.
De los fondos invertidos, solo se recuperaron alrededor de 2 mil 395 millones de pesos, dejando un «hoyo» de 604.9 millones que impactó directamente en las finanzas públicas de Puebla.
En 2024 la SFP concluyó que ambos exfuncionarios incurrieron en conductas ilícitas, violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La actual administración del gobernador Alejandro Armenta, ha impulsado estas acciones como parte de una política de «cero tolerancia a la corrupción».
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió un comunicado este martes afirmando que «no habrá impunidad» y que se priorizará la recuperación de los fondos perdidos.
En tanto, la FGE mantiene abiertas al menos dos investigaciones penales por posible fraude y ejercicio indebido de funciones, que podrían involucrar a más exfuncionarios del sexenio barbosista.
Fuentes cercanas al caso indican que hay al menos 400 acreedores privados compitiendo por la liquidación de Accendo, lo que complica la devolución total al estado.
