Padres de familia de la escuela Secundaria Oficial Profesor Honorato Tlaseca Barrera del municipio de Huehuetlán el Chico, tomaron y cerraron las instalaciones de este plantel educativo, declarando un paro indefinido ante la falta de docentes, que desde hace cuatro años no han podido resolver las autoridades educativas.

Datos recabados señalan que la escuela padece de personal docente que cubra 64 horas clase, hecho que afecta de la educación de los estudiantes, desde hace cuatro años, que presentan esta problemática, y pese a diversas reuniones y cierres de la escuela la situación no es resuelta.
Los padres de familia comentaron que la escuela se abrirá hasta que las autoridades educativas den una solución real.

En septiembre de 2025, el Director de Nivel de Secundarias Generales de la SEP en Puebla, Antonioha Ezequiel Herrera Fernández, se comprometió formalmente a asignar a los maestros faltantes, hecho que hasta el momento no ha sido cumplido, también Antonio Javana García quien es delegado firmó una minuta de acuerdos que ha quedado en el papel, ya que tampoco hizo algo, Diana Javier García quien es Supervisora es señalada por los padres de engañarlos al firmar documentos y negarse a dar la cara ante el paro escolar.

Los manifestantes, mencionaron en pancartas colocadas en el acceso principal de la escuela, “no queremos maestros interinos”, asimismo, piden la intervención del Gobernador del Estado Alejandro Armenta y de la Secretaria de Educación Pública SEP, para que envíen maestros de base y no personal interino que solo cubra espacios de forma temporal.

Finalmente, los padres de familia han dejado muy claro que la escuela se mantendrá cerrada, hasta que se presenten soluciones reales, y no solo documentos firmados.

Las diputadas federales Genoveva Huerta (PAN) y Nora Escamilla (PT), así como la legisladora local poblana Fedrha Suriano (Movimiento Ciudadano), Coincidieron en que la situación política y de seguridad en Chihuahua es crítica y de interés nacional, tras la controversia por la participación de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio y la convocatoria del Senado a la gobernadora María Eugenia Campos.

Cebe mencionar que dicha agencia estadounidense no es la encargada de la incautación o desmantelación de sustancias lo que aumenta la incertidumbre sobre las operaciones en el país.
Por otro lado la diputada panista Genoveva Huerta no dudó en acusar al gobierno federal de tener indignación selectiva, centrándose en Chihuahua y evitando pronunciarse sobre la violencia en estados gobernados por Morena.

Huerta afirmó que el Senado no tiene la autoridad para llamar a una gobernadora, indicando que corresponde al Congreso local. La diputada Nora Escamilla compartió que Maru Campos no asistirá al Senado y que su actuación debe investigarse por la posible participación de agentes extranjeros, quien consideró que esto viola la soberanía nacional.

El auditor superior del estado, Germán Reyna Herrero, presentó su Plan Estratégico 2026-2033, y anunció que se certificará el “laboratorio de obra pública”, el cual permitirá la fiscalización de cada proyecto entregado. También se preparan auditorías electrónicas.

Al acudir a la sesión de Comisión de Control, Evaluación y Vigilancia de la Auditoría Superior, recordó que en siete años el órgano fiscalizador tuvo siete titulares, ahora el nuevo plan busca garantizar un alto desempeño institucional.

Explicó que el documento se sustenta en un diagnóstico integral de áreas de oportunidad y en estándares nacionales e internacionales de organismos como la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) y la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Su premisa central es clara: “Puebla sin corrupción”, basada en la participación activa de instituciones, servidores públicos y ciudadanía.

Indicó que en los siguientes años se fortalecerá la fiscalización de alto desempeño mediante un modelo de auditoría moderno, preventivo y apoyado en herramientas digitales e inteligencia de datos. Este enfoque permitirá detectar riesgos de forma oportuna y mejorar la precisión, velocidad y profundidad en la revisión del uso de recursos públicos.

Entre las acciones destacan el reforzamiento metodológico de auditorías, la incorporación de análisis de riesgo, la transformación digital mediante plataformas electrónicas y la elaboración de informes accesibles para la población.

Además, la ASE Puebla impulsará mecanismos para comunicar los resultados de la fiscalización de forma clara y comprensible. A través de plataformas digitales con lenguaje ciudadano y datos abiertos, se facilitará el acceso a la información pública y se fortalecerá el marco normativo, priorizando una atención más eficiente a las solicitudes ciudadanas.

Indicó que la prevención será eje central de la estrategia anticorrupción, mediante la capacitación ética de servidores públicos, la coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, la implementación de mecanismos digitales para recibir denuncias y la agilización de procesos de investigación de responsabilidades administrativas graves.

Herrero Reyna señaló que también se afianzará el vínculo con la sociedad a través de alianzas con instituciones académicas, organizaciones civiles y diversos sectores. Asimismo, se promoverán espacios de diálogo, capacitación y difusión en fiscalización superior, con enfoque incluyente, perspectiva de género y derechos humanos.

Apuntó que este diseño estratégico representa un salto cualitativo, pasar de una lógica reactiva a una visión preventiva, sistémica y orientada a resultados en la rendición de cuentas.

Para Puebla, significa contar con una institución que no solo detecta irregularidades, sino que contribuye a generar un entorno donde no haya espacio para la corrupción.

Además se firmarán convenios de colaboración para la fiscalización del cien por ciento de los recursos federales, ante el incumplimiento de cerca del 30 por ciento de los municipios.