El secretario general del Ayuntamiento de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, informó que 47 establecimientos comerciales han sido retirados de la vía pública o suspendidos tras la detección de fugas de gas y deficiencias en sus instalaciones.

La medida es resultado de un operativo de supervisión que suma, hasta la fecha, más de 270 inspecciones realizadas por las autoridades municipales en diversos puntos de la capital poblana.
De acuerdo con el funcionario municipal, las revisiones se centraron en verificar las condiciones de seguridad de los puestos y locales que manejan hidrocarburos para la preparación de alimentos.

“Han sido 47 comercios retirados tras detectar fugas de gas, derivado de más de 270 inspecciones que hicieron las autoridades municipales de Puebla”, declaró.

Detalló que el personal técnico de Protección Civil y las áreas normativas mantienen un despliegue constante para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Los comercios que presentaron irregularidades fueron desalojados al representar un peligro inmediato para los transeúntes y los propios locatarios.

Las autoridades municipales confirmaron que los operativos continuarán de manera aleatoria en las juntas auxiliares y el centro histórico para regularizar la situación de los comerciantes y garantizar el orden en el espacio público.

Al asegurar que el Gobierno del Estado de Puebla es respetuoso de la libertad de tránsito y expresión de las organizaciones sociales, el gobernador Alejandro Armenta puntualizó que la actuación de esta administración se rige por la tolerancia y el diálogo permanente, sin recurrir en prácticas represivas, siempre a favor del orden y del respeto a la ley.

Alejandro Armenta reiteró que no existe persecución, pero tampoco omisión, ya que constituye complicidad. Afirmó que el Gobierno del Estado de Puebla no está de rodillas frente a nadie y reafirmó que su compromiso es con la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

«Nadie está por encima de la ley», enfatizó el gobernador, ya que dijo que no importan vínculos familiares, cargos públicos o pertenencia a organizaciones sociales o políticas, pues quien cometa un delito deberá asumir plenamente las consecuencias de sus actos, dado que la obligación de las autoridades es proteger y garantizar los derechos sociales, así como hacer que estos se respeten.

Finalmente, refirió que la administración estatal cumple con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Asimismo, afirmó que se respeta el artículo 17 constitucional, el cual establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar un derecho.

La mañana de este miércoles una fuerte movilización de elementos de seguridad se presentó sobre la autopista México–Puebla, tras el reporte de una persona inconsciente al interior de un autobús de pasajeros.

El hecho se presentó a la altura del entronque con la carretera federal a Tlaxcala, luego de que reportes de testigos que viajaban a bordo de la unidad, señalan que el hombre comenzó a presentar convulsiones mientras la unidad se encontraba en circulación, por lo que el conductor detuvo su marcha y solicitó apoyo médico. 
Minutos más tarde arribaron paramédicos quienes realizaron las valoraciones correspondientes, sin embargo, se confirmó que la persona de quien hasta el momento se desconoce su identidad, ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.