El gobierno de Irán envió al Parlamento un proyecto de ley que busca levantar la restricción que desde 1979 impide a las mujeres conducir motocicletas. La propuesta pretende modificar el artículo 20 de la Ley de Tráfico, que hasta ahora solo permite otorgar licencias de motocicleta a los hombres.

Kazem Delkhosh, asistente adjunto de la oficina de asuntos parlamentarios de la presidencia, explicó que esta iniciativa busca poner fin a una prohibición vigente desde la instauración de la República Islámica. No obstante, recordó que la aprobación depende del Parlamento, dominado por sectores conservadores generalmente contrarios a ampliar los derechos de las mujeres.

Aunque en la práctica hay mujeres que ya conducen motocicletas, no pueden obtener licencias oficiales ni acceder a seguros de tráfico, lo que genera complicaciones en caso de accidentes. “Esto no solo supone un riesgo financiero serio para los motociclistas, sino también para todos los usuarios de la vía pública”, advirtió Delkhosh.

La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre los derechos femeninos en Irán. Desde 2016, la Federación de Motociclismo permite a mujeres entrenar en circuitos, y desde 2019 cuentan con una competición propia. Sin embargo, persisten los obstáculos en la vida cotidiana. El tema cobró mayor fuerza tras las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por portar de forma “incorrecta” el velo islámico.

En meses recientes, el presidente Masud Pezeshkian ha dado señales de apertura, al suspender una iniciativa que endurecía sanciones por el uso del velo y al decidir que no se castigará a las mujeres que prescindan de esta prenda. Estas medidas han transformado el panorama urbano en Teherán, donde cada vez más mujeres aparecen sin cubrirse la cabeza.

En el marco de las conmemoraciones por el Día de la Independencia ucraniana, los gobiernos de Canadá, Suecia y Noruega anunciaron nuevos acuerdos de apoyo y cooperación militar con Ucrania, en presencia del presidente Volodimir Zelenski.

El primer ministro canadiense, Mark Carney , confirmó un paquete de ayuda por 2 mil millones de dólares canadienses (unos 1.200 millones de euros), destinado a drones, vehículos blindados y otros recursos críticos para la defensa frente a Rusia. Parte de los drones se fabricarán en Ucrania con tecnología y suministros canadienses. Además, Ottawa y Kiev acordaron iniciar consultas anuales entre sus ministerios de Exteriores y Defensa, así como impulsar la implementación del Plan de Acción en Seguridad firmado durante esta visita.

En paralelo, ambos países manifestaron interés en ampliar el comercio y la inversión bilateral, especialmente para la reconstrucción de Ucrania, y avanzar en la cooperación en materia de seguridad energética, ciberseguridad e infraestructura crítica. Zelenski pidió que Canadá proporcionara garantías de seguridad, incluida la presencia de tropas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte , felicitó a Canadá por financiar un paquete adicional de material militar estadounidense para Ucrania, valorado en 500 millones de dólares, dentro del Listado de Necesidades Prioritarias (PURL).

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store , anunció que su país, junto con Alemania, adquirirá y entregará a Ucrania dos sistemas antiaéreos Patriot y sistemas de radar, en una operación conjunta en la que Noruega aportará 590 millones de euros. Suecia también dio un paso adelante: su ministro de Defensa, Pal Jonson , firmó con su homólogo ucraniano, Denis Shmihal, una declaración de intenciones para un acuerdo de producción conjunta en la industria de defensa, que incluirá intercambio tecnológico y sostenibilidad en proyectos militares.

La organización Amnistía Internacional denunció que la administración del presidente Donald Trump recurre a sistemas de inteligencia artificial (IA) para rastrear y vigilar a inmigrantes, con especial énfasis en refugiados, solicitantes de asilo y personas que se manifiestan en defensa de los derechos del pueblo palestino.

En un informe publicado este viernes, la ONG advirtió que estas herramientas tecnológicas representan un “riesgo” para quienes cumplen con esos perfiles y podrían derivar en la cancelación de visas o incluso en la deportación.

De acuerdo con Amnistía, dos sistemas de software desempeñan un papel central en esta estrategia: Babel X , de la empresa Babel Street, e Immigration OS , de la compañía Palantir. Estas plataformas permiten recopilar datos personales, monitorear redes sociales y rastrear movimientos de individuos a gran escala, lo que facilita la iniciativa gubernamental denominada “Capturar y revocar” , enfocada en cancelar visados ​​de extranjeros que presuntamente apoyen a grupos como Hamás.

“Esta iniciativa amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias de visados, deportaciones y violaciones de derechos humanos”, señaló Erika Guevara Rosas , directora general de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional. La organización subrayó que el proceso carece de rendición de cuentas y constituye “un desprecio total” por la libertad de expresión, la igualdad y la no discriminación.

Según el informe, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emplea Babel X desde 2019, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza desde 2014 el sistema de Palantir, actualizado ahora como Immigration OS. Esta herramienta permite automatizar procesos de selección y vigilancia en tiempo real, lo que, de acuerdo con Amnistía, ha generado un patrón de detenciones ilegales y deportaciones masivas que fomentan un clima de temor en comunidades migrantes y entre estudiantes internacionales.

Amnistía indicó que en julio se contactó a Palantir y Babel Street sobre el informe. Solo Palantir respondió, afirmando que su producto no se emplea en la iniciativa “Capturar y revocar” y que no viola los derechos de los migrantes. Sin embargo, la ONG pareció que ambas empresas deberían haber previsto los riesgos que implicaba colaborar con el gobierno de Trump.