El debate sobre la eutanasia volvió a colocarse en la agenda legislativa de Puebla, luego de que se presentara en el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Voluntad Anticipada, con el objetivo de abrir la posibilidad de reconocer legalmente el derecho a una muerte digna bajo condiciones específicas y estrictamente reguladas.

La propuesta fue impulsada por el diputado local de Morena, Roberto Zatarain Leal, quien planteó una modificación legal que permitiría incorporar la llamada eutanasia activa dentro del marco jurídico estatal. La iniciativa ha generado atención debido a su alcance y a la sensibilidad del tema en el ámbito social y médico.
De acuerdo con el planteamiento, la reforma busca complementar el modelo vigente en la entidad, que actualmente contempla opciones como la suspensión de tratamientos, los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, pero no permite la intervención médica para provocar la muerte de manera asistida.

La propuesta también contempla la eliminación del artículo 42 de la ley actual, el cual prohíbe expresamente la práctica de la eutanasia al considerarla equiparable al homicidio por piedad. Con este cambio, se abriría la posibilidad de que ciertos pacientes en condiciones específicas pudieran solicitar este procedimiento bajo supervisión médica y legal.

El tema ha cobrado relevancia nacional debido al impulso de la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, quien promueve la llamada “Ley Trasciende”, una iniciativa que busca reconocer este derecho en distintos estados del país. La joven enfrenta una enfermedad renal crónica en etapa terminal, además de otros padecimientos que han afectado de manera significativa su calidad de vida.

En el caso de Puebla, la propuesta establece una serie de requisitos estrictos para acceder al procedimiento. Entre ellos se contempla que la persona solicitante sea mayor de 18 años, se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y cuente con un diagnóstico médico confirmado de enfermedad terminal o padecimientos crónico-degenerativos graves e irreversibles.

Además, se plantea que el paciente reciba información completa sobre su estado de salud, exprese su voluntad de manera libre, informada y por escrito ante notario público, y la ratifique posteriormente en un plazo mínimo de cinco días. También se exige una segunda opinión médica que confirme el diagnóstico.

El documento legislativo señala que la intención no es sustituir los mecanismos actuales de atención médica al final de la vida, sino ampliar las opciones legales disponibles en casos excepcionales, bajo estricta regulación y supervisión profesional.

La Fiscalía General de la República informó que, por ahora, no se pronunciará sobre la entrega a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , debido a que la solicitud recibida corresponde únicamente a una petición de detención provisional con multas de extradición y no a una solicitud formal de extradición .

Raúl Jiménez Vázquez , fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR , señaló que la petición presentada por el gobierno estadounidense no incluye elementos suficientes para acreditar la urgencia de detener al mandatario estatal. Por ello, la Fiscalía solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores , que Estados Unidos complemente su requerimiento.
El funcionario explicó que la FGR pedirá a la autoridad requerida todas las pruebas , argumentos , informes y documentos necesarios para analizar el caso y fijar una postura institucional. Añadió que esa comunicación deberá realizarse por vías que garanticen la confidencialidad de la información.

Jiménez Vázquez también cuestionó que la publicación de la acusación contra Rocha Moya haya puesto en riesgo su derecho al debido proceso . Afirmó que la Fiscalía mantiene investigaciones sobre los posibles hechos referidos, siempre en apego a la legislación mexicana y al marco del Estado constitucional y democrático de derecho .

Aunque reconoció que la solicitud de detención provisional con multas de extradición se rige por el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos y por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional , el fiscal subrayó que en este caso no se presentaron documentos que permitieran justificar la urgencia de la medida.

De acuerdo con Jiménez Vázquez , una detención provisional implica una restricción a los derechos humanos , por lo que sólo puede autorizarse cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas . En ese sentido, sostuvo que debe acreditarse por qué resulta impostergable detener a las personas reclamadas.

El fiscal indicó que el área de Asuntos Internacionales revisó el pedimento con base en el tratado bilateral y en la normatividad mexicana aplicable. Tras ese análisis, afirmó que la FGR no encontró referencias, motivos, fundamentos ni evidencias que permitieran establecer la urgencia de la detención provisional .

También señaló que, en una primera revisión, no existen pruebas anexas al requerimiento que acreditan la comisión de un presunto delito y que hagan necesaria la imposición inmediata de la medida cautelar .

El caso se encuentra en la primera etapa del procedimiento de extradición , correspondiente a la solicitud de detención provisional . Esto significa que Estados Unidos todavía no ha solicitado formalmente la entrega de Rocha Moya ni de las otras nueve personas señaladas en el asunto.

Jiménez Vázquez precisó que la eventual decisión sobre una extradición recaería finalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores , en caso de que el procedimiento avance a una etapa posterior. Por ahora, dijo, la determinación que emite la FGR se limitará exclusivamente a la petición de detención provisional .

El funcionario agregó que, si más adelante Estados Unidos inicia formalmente el procedimiento de extradición internacional , México deberá apegarse a las reglas previstas tanto en el Tratado Bilateral de Extradición como en la Ley de Extradición Internacional .

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y la transparencia, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la 03 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Teziutlán y en coordinación con las juntas de Libres, Zacatlán y Huauchinango, dio a conocer el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), una herramienta digital que permite a la ciudadanía revisar resultados de elecciones federales desde 1991 hasta 2024.

Durante el evento, la delegada del INE en Puebla, la doctora Claudia Rodríguez Sánchez, explicó que esta plataforma facilita el análisis del comportamiento electoral en el país, incluyendo fenómenos como la alternancia política y la evolución de la participación ciudadana. Destacó que se trata de un sistema construido con rigor técnico y apoyado en avances tecnológicos para hacerlo accesible y fácil de usar.
Por su parte, el vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital en Libres, Enrique Gil de Ita, subrayó que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada. Señaló que el acceso a estadísticas electorales, generadas y resguardadas durante más de tres décadas, permite a los ciudadanos conocer y comprender la historia democrática de México.

El vocal de organización de la 03 Junta Distrital, Ricardo Hernández, detalló que el SICEE concentra información de elecciones federales de 1991 a 2024, así como comicios locales de 2015 a 2025. Además, incluye actas de escrutinio y cómputo del periodo 2006-2024, con posibilidad de consulta por casilla, sección, municipio, distrito, estado y a nivel nacional.

Asimismo, el sistema incorpora datos de ejercicios de participación ciudadana como la Consulta Popular 2021 y la Revocación de Mandato 2022, además de integrar los resultados de las elecciones del Poder Judicial 2025 en los ámbitos federal y local.

Como parte de la jornada, se llevaron a cabo dos mesas de análisis en las que participaron funcionarios, representantes de partidos políticos, medios de comunicación, observadores electorales, estudiantes, académicos y ciudadanos. En estos espacios se discutieron temas como la paridad de género, las medidas de inclusión, la alternancia política y la participación ciudadana.

Finalmente, el vocal secretario del INE en Teziutlán, Jorge López Posadas, reconoció el papel de la comunidad académica y de los medios como enlace entre la información y la sociedad. “Los datos que hoy presentamos cobran vida a través de sus aulas, investigaciones y notas informativas”, concluyó.