Elementos de la Policía Municipal de Villa García, Zacatecas, fueron agredidos con un artefacto explosivo sobre la carretera 47, en los límites territoriales con el estado de Aguascalientes. El saldo preliminar es de un oficial y una civil lesionados, además de una persona detenida.

Los hechos se registraron en el tramo carretero que conecta la comunidad de San Rafael de Ocampo, en el municipio hidrocálido de Asientos, con Villa García, Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad de ambas entidades.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, el ataque ocurrió cuando los uniformados realizaban la revisión de una motocicleta.

Presuntamente, el explosivo era transportado en la unidad inspeccionada, situación que será esclarecida mediante los peritajes correspondientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Saldo y afectados

• Un elemento policial de Villa García resultó herido tras la detonación.
• Una mujer civil, que transitaba por el lugar a bordo de un vehículo particular que quedó en la zona de afectación, también resultó lesionada.
• Una persona fue detenida por su presunta vinculación con los hechos y puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

Las corporaciones de seguridad de la región mantienen vigilancia coordinada en el área limítrofe mientras continúan las investigaciones.

La defensa legal del imputado Fernando N solicitó formalmente ante los órganos jurisdiccionales la comparecencia del almirante Rafael Ojeda como parte de las diligencias probatorias dentro del complejo caso de huachicol fiscal que se sigue en los tribunales.

Los abogados argumentan que la declaración del exfuncionario federal es de vital importancia para esclarecer la red de complicidades y el flujo de operaciones ilícitas relacionadas con la comercialización ilegal de combustibles en el país.

Durante la audiencia celebrada este día, los representantes legales insistieron en que el testimonio solicitado aportará elementos clave para deslindar responsabilidades y comprobar la teoría del caso expuesta por la defensa técnica.

El caso ha acaparado la atención de los medios nacionales debido a las implicaciones políticas y económicas que rodean el tráfico ilegal de hidrocarburos, afectando las finanzas públicas y la seguridad energética nacional.

Será el juez de control correspondiente quien determine en los próximos días si resulta procedente la citación del mando naval, evaluando la pertinencia y necesidad de su testimonio dentro del proceso penal en curso.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció que hasta el momento el nombre del expresidente Felipe Calderón no aparece registrado de manera directa como receptor de recursos o implicado en la trama de lavado de dinero dentro de los expedientes judiciales que investigan a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No obstante, la mandataria acotó que la ausencia de registros financieros en esta indagatoria específica no exime la posibilidad de que el exmandatario tuviera conocimiento político de las actividades ilícitas cometidas durante su administración.

Las declaraciones se producen en el contexto de los procesos internacionales de recuperación de activos desviados por la red de corrupción del exfuncionario federal, de los cuales el Estado mexicano ha logrado repatriar montos significativos destinados a programas sociales. El gobierno federal subrayó que las investigaciones ministeriales sobre corrupción y nexos con la delincuencia organizada se han conducido con estricto apego a las pruebas documentales recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias internacionales.

Por su parte, diversos actores políticos han reaccionado a las precisiones de la titular del Ejecutivo, reavivando el debate nacional sobre los niveles de responsabilidad política que recaen en las altas esferas de gobiernos anteriores durante el desarrollo de la llamada «guerra contra el narcotráfico». Mientras las bancadas opositoras defienden la legalidad de aquellas gestiones, el oficialismo insiste en la necesidad de mantener el escrutinio sobre el uso de recursos públicos y el ejercicio del poder en el pasado.

La revisión de estos expedientes históricos forma parte de la narrativa oficial para enfatizar el combate a la impunidad y la corrupción institucional en México. Las autoridades judiciales continúan analizando los remanentes de las redes financieras asociadas al caso para asegurar que cualquier daño patrimonial al erario sea resarcido conforme a los marcos legales vigentes.