La Fiscalía General de la República (FGR), informó que se encuentran a la espera de que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., sea deportado de Estados Unidos para judicializar el caso que tiene pendiente en México.

Lo anterior fue confirmado por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde agregó que el pasado lunes siete de julio existió una confusión debido a que se realizarían dos audiencias en el país del norte en contra de Chávez Jr., las cuales no se llevaron a cabo.

“Estamos a que se lleve a cabo la audiencia que el propia Gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata”.

“Parece que ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias: una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otras que es la de la deportación, La que nos va a dar información más certera es la (audiencia) de la deportación. resultó que el lunes ni una u otra audiencia se hizo”, explicó el funcionario mexicano.

Agregó que personal de la Fiscalía está listo, “el abogado de esta persona ha presentado una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”.

Cabe destacar que Julio César Chávez Jr., quien cuenta con 39 años de edad, fue detenido la semana pasada en los Estados Unidos y será deportado a México. La detención se dio luego de que el sábado pasado el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim ante el youtuber Jake Paul.

El púgil nacional es acusado por parte del gobierno de los Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país, quien entró legalmente a ese país en agosto de 2023 con una visa hasta febrero de 2024 y dos meses después solicitó la residencia permanente, pero le fue negada.

 Tras confirmar el fallecimiento de una persona mexicana durante las catastróficas inundaciones que se están presentando en Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a pesar de las diferencias políticas, México se compromete a ayudar en todo lo que las personas afectadas requieran.

En su conferencia mañanera, la mandataria aplaudió el trabajo, y nombro a cada uno de los bomberos originarios de Acuña, Coahuila, que fueron enviados para brindar apoyo como socorristas. Resaltó que el honor va a quien honor merece, y resaltó el compromiso del alcalde de este municipio, Emilio de Hoyos.

“Reconocemos el trabajo de los socorristas Javier Alvarado Lumbreras, Christopher Abraham, Roel Delgado Martínez, José Omar Llanas, Aldo Ortiz Rodríguez, Mario, Alberto Linares Linares, Guillermo Samuel Quiroz, Javier Isaac Alvarado y Jesús Eduardo Salas”, listó la mandataria ante los medios de comunicación nacionales.

Indicó que ya se encuentran trabajando con la “Fundación 911”, la cual forma vínculos entre Coahuila y Texas para capacitación mutua. Destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno texano y el gobierno de Estados Unidos están en contacto para coordinar la ayuda que México enviara.

Al referirse a los elogios que su gobierno recibió por parte de figuras publicas de Estados Unidos, destacó; “Así es nuestra cultura. Los mexicanos somos solidarios, fraternos siempre, lo que se refleja con bomberos que van y arriesgan su vida, como lo hicieron en California, para salvar la de otros”.

Tras haber permanecido dos días hospitalizado, autoridades de Pachuca dieron a conocer el fallecimiento de un elemento de la Policía de Investigación de Hidalgo, quien fue presuntamente secuestrado, junto con otro policía, por un culto satánico de la entidad.

Hasta el momento se sabe que ambos elementos fueron secuestrados y torturados por estos individuos, como parte de un supuesto ritual de sacrificio. Mientras que uno de estos fue encontrado muerto, el otro fue hospitalizado ya que había sobrevivido la violencia en su contra.

Póstumo a la muerte de los dos, se detuvo a cuatro individuos que fueron señalados por ser practicantes de una secta y haber participado en la privación de la libertad de estos elementos del Centro de Justicia para Mujeres, quienes atendieron al inmueble para atender un caso de abuso.

Por ello, familiares de las victimas exigieron que se destituyera a la comandante y encargada de dicha área, Patricia Moya Domínguez, quien no reporto que los agentes de investigación se encontraban desaparecidos, además de que fue quien les dijo que no llevarán armas al lugar.