En el sur de Estados Unidos, en pleno corazón de los Everglades de Florida —una región pantanosa poblada por caimanes y serpientes— se construyó una instalación que hoy es centro de controversia internacional. Su existencia ha encendido alarmas por las serias dudas que plantea respecto a la legalidad internacional, los derechos humanos de los migrantes detenidos y los límites éticos de la política migratoria en un país democrático.

Bajo el nombre popular de “Alligator Alcatraz”, este centro de detención se ha convertido en un símbolo inquietante de la polémica política migratoria del gobierno de Donald Trump. Más que una simple instalación de detención, representa una estrategia de disuasión basada en el aislamiento extremo y el miedo.

Para analizar las implicaciones de este centro de detención para migrantes, UNAM Global entrevistó al académico Jair Asaf Aguilar Badillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Conociendo Alligator Alcatraz

Ubicada en la remota pista aérea de Dade-Collier, a unos 60 kilómetros al oeste de Miami, este centro de detención se sitúa en medio de los humedales protegidos del sur de Florida. Este complejo provisional ha sido instalado en una zona de difícil acceso, rodeada por un entorno hostil y prácticamente inaccesible, lo que ha generado críticas tanto por motivos humanitarios como medioambientales.

La infraestructura actual del recinto consiste en un conjunto de carpas y módulos metálicos capaces de albergar entre 3,000 y 5,000 personas. Todo el perímetro está cercado con 28,000 pies de alambre de púas, y más de 200 cámaras de seguridad que vigilan constantemente el área. Sin embargo, lo más llamativo del lugar no es su tecnología, sino la peculiar barrera natural que lo rodea: vastos pantanos habitados por caimanes y pitones. El mandatario ha calificado esta defensa como “policías que no cobran sueldo”, en un intento de justificar la elección del sitio como estratégica y de bajo costo operativo.

El costo estimado de mantenimiento de este centro asciende a 450 millones de dólares anuales, financiados con partidas federales de emergencia. Las autoridades afirman que el lugar cumple con estándares mínimos de seguridad y operatividad, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas han expresado su preocupación por las condiciones de reclusión y el impacto ecológico en una zona de alta biodiversidad.

Narrativas del miedo en la política migratoria

El pasado lunes, Donald Trump visitó las instalaciones de Alligator Alcatraz. Entre comentarios satíricos y burlas hacia los migrantes, el presidente recorrió este polémico proyecto. Para Aguilar Badillo, más allá de tratarse de un acto político, esta acción debe entenderse como una narrativa cuidadosamente construida para proyectar una imagen de fuerza, control y castigo hacia uno de los sectores más vulnerables: la población migrante, en especial la latina y no documentada.

Para el académico, este tipo de acciones y discursos deben entenderse como parte de una estrategia política intencional: “Trump ha articulado su política migratoria en torno al miedo, utilizando símbolos cargados de significados históricos como Alcatraz o Guantánamo, que representan represión, aislamiento y exclusión. Su objetivo es claro: revertir el ideal del ‘sueño americano’ y transformarlo en una pesadilla para quienes buscan refugio, oportunidades o una vida mejor en Estados Unidos. Esta política no distingue entre migrantes documentados e indocumentados; todos son reducidos a una amenaza potencial, digna de ser contenida”, explicó.

Migración y propaganda: una mirada crítica

Uno de los aspectos más alarmantes de esta estrategia es la banalización de los hechos mediante el marketing político. Mientras Trump recorría el centro de detención, el Partido Republicano promovía gorras y camisetas alusivas al “Alligator Alcatraz”, transformando una situación de sufrimiento y posibles afectaciones a derechos en una campaña publicitaria. Esto refleja no solo la insensibilidad del exmandatario, sino también la forma en que ha convertido el discurso antiinmigrante en una marca política rentable.

En opinión de Aguilar Badillo, la narrativa en torno a este centro de detención está dirigida estratégicamente a ciertos sectores del electorado: “Este tipo de narrativa apela a una base social específica, conformada por ciudadanos con tendencias nacionalistas y conservadoras, pero también por sectores tradicionalmente republicanos que comparten una visión negativa de la migración”, indicó el académico.

Impacto ambiental, cultural y simbólico

La instalación de este centro de detención no solo afecta a los migrantes. También supone un ataque directo a los territorios ancestrales de comunidades indígenas. Alligator Alcatraz se construyó cercano a la Reserva Nacional del Gran Ciprés, un lugar que alberga animales en peligro de extinción como el murciélago bonetero, la pantera de Florida y la cigüeña de madera. Esto implica una doble transgresión: ambiental y cultural.

Además, explicó Aguilar Badillo, alterar ese espacio es destruir parte de la identidad colectiva de los Miccosukee, una comunidad indígena que ha habitado la zona durante generaciones y para la cual el vínculo con la tierra es simbólico y espiritual, no meramente territorial o económico.

Riesgos éticos, judiciales y psicológicos contra migrantes

No es la primera vez que Estados Unidos recurre a estas prácticas. Aguilar Badillo recordó que durante la Segunda Guerra Mundial este país estableció campos de concentración para ciudadanos japoneses, y décadas antes lo hizo con migrantes chinos bajo el pretexto de que eran portadores de enfermedades. En cada caso, el gobierno justificó sus acciones como respuestas necesarias ante lo que ellos consideraron como amenazas, ignorando las consecuencias humanas y morales.

A juicio del académico, existen antecedentes históricos en los que las políticas migratorias han estado marcadas por estigmatización, y considera que algo similar ocurre en la actualidad: “Lo mismo ocurre ahora: se vincula deliberadamente la migración latina con la inseguridad y la violencia. Sumado a ello, el gobierno estadounidense ignora los derechos humanos, amparado en un tecnicismo jurídico: Estados Unidos no ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, por lo que no se ve obligado a respetarla en sus políticas internas”, agregó.

Aunque estos centros carecen de servicios básicos como alcantarillado, electricidad o infraestructura mínima, el hecho de no tratarse de edificaciones permanentes permite al gobierno eludir regulaciones mediante vacíos legales, actuando sin consecuencias judiciales inmediatas.

En cuanto a los derechos de los migrantes, el sistema estadounidense tampoco ofrece garantías claras. Aunque existen centros para procesar su situación migratoria, no se establecen condiciones mínimas de detención, lo que permite mantenerlos en instalaciones precarias, sin acceso pleno a sus derechos.

Por otro lado, el perfil de los detenidos también evidencia la injusticia estructural del sistema. En su mayoría son migrantes sin antecedentes penales, tratados como criminales y encerrados en condiciones similares a las de una prisión de máxima seguridad.

“La proporción entre custodios y detenidos es alarmante —100 guardias para 1,000 personas en esta primera etapa— lo que genera situaciones de vulnerabilidad, desprotección e incluso riesgo de abuso”, apuntó.

Finalmente, aunque se ha insistido en la presencia de caimanes y serpientes como “barrera biológica”, esta no representa un impedimento real ni un riesgo significativo. Se trata de una amenaza simbólica, cuyo objetivo es psicológico: infundir miedo, generar trauma y enviar un mensaje disuasorio a quienes piensen migrar.

Privatización carcelaria y lógica empresarial

Aunque mantener este centro costará 450 millones de dólares anuales, Aguilar Badillo aclara que en Estados Unidos muchas cárceles son privadas y operan bajo una lógica empresarial. “Lejos de ser un gasto improductivo, estas cárceles generan ingresos para un sector específico de la economía, compuesto por empresas proveedoras de alimentos, energía, agua y servicios de vigilancia”.

Por eso, agregó, la construcción de estos centros no se justifica por seguridad pública, sino por intereses económicos.

Seguridad simbólica y la creación del enemigo

Un eje central que explica el auge de estos centros es la distinción entre “seguridad” y “securitización”. Según el académico, “la seguridad, entendida como acceso a condiciones dignas de vida —educación, salud, vivienda, trabajo— ha sido desplazada por la ‘securitización’, una estrategia que consiste en construir enemigos simbólicos que justifiquen acciones represivas”.

En Estados Unidos, esos enemigos han ido cambiando: comunismo, terrorismo, narcotráfico y, actualmente, la migración. La figura del migrante ha sido utilizada como chivo expiatorio de los males del país, y en ese relato, el líder político se presenta como el héroe que protege a la nación.

A partir del análisis de Aguilar Badillo, Alligator Alcatraz puede entenderse no solo como una prisión improvisada entre pantanos, sino como un símbolo que concentra las tensiones éticas, políticas y simbólicas en torno a la migración. Según esta mirada, estas instalaciones reflejan el riesgo de transformar la política migratoria en herramienta de disuasión, propaganda e incluso castigo, y constituyen un ejemplo extremo de cómo la seguridad puede ser redefinida desde el miedo y la deshumanización.