Este lunes 21 de julio de 2025, un avión de entrenamiento F‑7 BGI de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló contra el campus de la Milestone School and College, en el sector de Uttara, Daca, en Bangladesh.

La aeronave había despegado a la 13:06 (07:06 GMT) y se precipitó pocos minutos después, impactando contra el edificio cuando muchos niños estaban en clase.

El choque desató un incendio masivo y provocó el colapso parcial de estructuras escolares. Testigos describieron escenas de horror y pánico, con una densa columna de humo elevándose sobre el recinto mientras bomberos y rescatistas evacuaban a los heridos en camillas.

Las cifras oficiales han variado: inicialmente se reportaron 16 fallecidos, entre ellos el piloto, y más de 100 personas heridas, incluyendo 83 hospitalizados. Sin embargo, fuentes como Reuters y el diario oficialista indican al menos 19 decesos y alrededor de 164 lesionados. Muchos de los afectados sufren quemaduras graves, y el personal médico trabaja sin descanso para atenderlos

El accidente cobró relevancia internacional por su similitud con una tragedia reciente en India, y ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de este tipo de aviones en vuelos rutinarios.

Ante la situación de guerra en Gaza, el Papa León XIV condenó el uso indiscriminado de la fuerza, a días del ataque mortal israelí contra una iglesia católica en el enclave.

Una vez más pido el fin inmediato de la barbarie de la guerra y una resolución pacífica del conflicto», dijo el pontífice al final de la oración del Ángelus.

Este acto se suma a los continuos ataques militares contra civiles y lugares de culto en Gaza

El ataque del ejército israelí contra la única iglesia católica de la Franja de Gaza causó el jueves la muerte de tres personas y varios heridos, entre ellos el párroco argentino Gabriel Romanelli.

Desde 2023 miembros de la comunidad católica se han refugiado en el templo, al igual que algunos cristianos ortodoxos.

León XIV hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que «respete el derecho humanitario y la obligación de proteger a los civiles», así como la «prohibición de los castigos colectivos.

Tras el ataque, el Para recibió una llamada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien «reafirmó la urgente necesidad de proteger los lugares de culto y, sobre todo, a los fieles y a todas las personas en Palestina e Israel», según un comunicado del Vaticano.

La administración de Donald Trump autorizó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acceda a datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid, según un acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este convenio —que no se anuncia aún— permite a ICE consultar información sensible como nombres, direcciones, fechas de nacimiento, etnias y números de Seguro Social, con el propósito explícito de localizar a inmigrantes que podrían estar en el país sin autorización legal.

El acuerdo cuestionó las implicaciones para la privacidad y el acceso a servicios de salud.

Según el documento, ICE utilizará los datos para “recibir información sobre la identidad y ubicación de extranjeros” en Estados Unidos, como parte de la intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump, que busca arrestar a tres mil personas diariamente.

Este acceso estará limitado a un horario de 09:00 horas de la mañana a 17:00 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre. No permitirá a ICE descargar la base de datos, según el acuerdo.

Abuso de poder
Organizaciones latinas y defensores de derechos humanos condenaron la medida, calificándola como un abuso de poder que podría generar temor entre los beneficiarios de Medicaid, desincentivando el acceso a atención médica esencial.

“Esto es una militarización de los datos, punto final”, afirmó la representante demócrata Pramila Jayapal en redes sociales, destacando el riesgo de que incluso ciudadanos estadounidenses eviten buscar atención médica por miedo a ser señalados.

California, junto con otros 19 estados, presentaron una demanda alegando que esta transferencia de datos viola leyes federales de privacidad, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

El DHS defiende la medida como un esfuerzo para garantizar que los beneficios de Medicaid, un programa financiado por el gobierno federal y los estados que cubre a personas de bajos ingresos, incluidos millones de niños, se destinen únicamente a beneficiarios elegibles.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de DHS, declaró que la iniciativa busca evitar que “extranjeros ilegales” accedan a beneficios destinados a “estadounidenses respetuosos de la ley”.