El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, remitió al Congreso local una iniciativa de reforma, a fin de que, por ley, los prestadores de servicio de seguridad privada estén obligados a capacitar a su personal operativo, así como a acreditarlos con exámenes de control y confianza. De no hacerlo, podrían ser acreedores con multas de hasta 565 mil pesos. 

En la iniciativa, que pretende modificar la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla, Armenta Mier argumentó que diversos casos documentados en la entidad han evidenciado la falta de profesionalismo, capacitación y confiabilidad de diversos elementos de seguridad privada, lo que ha derivado en actos de abuso, colusión con grupos delictivos o negligencia en la prestación del servicio, debilitando la confianza de la ciudadanía.

Por lo anterior, afirmó, es necesario regular las actividades de quienes prestan los servicios de vigilancia, protección de personas, bienes e inmuebles, traslado de valores y otros, estableciendo requisitos mínimos para su operación.

De ser aprobada esta reforma, que actualmente es analizada en comisiones, los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo a través de la universidad o dependencia de gobierno competente, previo pago de los derechos correspondientes. En el caso de quienes usan armas, estos deberán acreditar habilidades como adiestramiento en manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.

Asimismo, deberán cumplir con las evaluaciones de control de confianza, las cuales se llevarán a cabo en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o bien en la universidad competente.

En consecuencia, los prestadores de servicio deberán informar a la Dirección General de Seguridad Privada del gobierno estatal, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la totalidad de su planilla laboral actualizada. También deberán aplicar a sus elementos exámenes periódicos de confianza en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, o de la dependencia o entidad del estado competente.

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Si los efectivos incumplen este paso, los prestadores de servicio deberán remitir al gobierno estatal, en los tres días hábiles siguientes a los resultados, la documentación que compruebe que fueron dados de baja. De lo contrario, podrían ser acreedores a multas de 500 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 56 mil 570 hasta 565 mil 700 pesos.

El estado de Puebla es el séptimo lugar a nivel nacional en producción de autopartes, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En su informe más reciente, de enero a abril Puebla manufacturó 6.6 por ciento de la producción nacional, lo que representa un incremento de 0.3 por ciento en comparación con 6.3 por ciento que realizaron en el mismo lapso, pero de 2024.

La entidad que encabeza la producción de autopartes es Coahuila con 15.1 por ciento, seguido de Guanajuato con 13.7 por ciento y Nuevo León en tercer lugar con 13.3 por ciento.

Asimismo, se menciona que Puebla es la cuarta entidad que más Inversión Extranjera Directa (IED) recibió a nivel nacional con 9.64 por ciento del total.

Chihuahua es la entidad que más IED recibió en este periodo con 18.09 por ciento; Nuevo León segundo con 17.90 por ciento y Coahuila tercero con 11.96 por ciento.

Sin embargo, a pesar de estar entre las entidades que mayor inversión extranjera ha tenido en este periodo a nivel nacional, su porcentaje de participación es el séptimo lugar con 16.9 por ciento.

Puebla, séptimo lugar en producción de autopartes; aumentó 0.3 % este año

Colima es la entidad que mayor porcentaje de IED tiene a nivel nacional con 58.7 por ciento, San Luis Potosí en segundo lugar con 44.1 por ciento y Tlaxcala en el tercer peldaño con 37.5 por ciento.

Los programas sociales del gobierno de José Chedraui Budib, se notarán en los comedores comunitarios a donde las más de dos mil  500 trabajadoras sexuales tendrán acceso para comer.

El secretario de Bienestar, Carlos Gómez Tepoz, advirtió que este grupo social podrá ingresar a los comedores en compañía de sus hijos.

Fue la presidenta de la comisión de Seguridad y Justicia, Georgina Ruiz Toledo, quien anunció que estas mujeres tendrán acceso al IMSS y otros programas sociales para mejorar la calidad de vida de las mujeres que trabajan en las calles del Centro Histórico.

Esas estrategias sociales —dijo—, romperán con la exclusión que las mujeres dedicas al supuesto oficio más antiguo del mundo han tenido a lo largo de décadas.

«Vamos a apoyar a este grupo vulnerable que son las madres o jefas de familia que se encuentran dando algún servicio en las calles del Centro Histórico».

Para redondear el programa, el alcalde José Chedraui Budib va a invertir en suministros y en utensilios en los comedores comunitarios.

Gómez Tepoz dijo que la dependencia a su cargo tiene recursos para alimentar a las más de dos mil 500 trabajadoras sexuales y «un poquito más» como a los hijos de las sexo servivdoras y a personas de la tercera edad.

A los comedores alimentarios tendrán acceso también, las personas en situación de calle.