En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora anualmente cada 8 de marzo, el municipio de Puebla podría convertirse en el primero a nivel estatal en aprobar la homologación de la “ley 3 de 3”, para que los deudores de pensión alimentaria o con una resolución firme por violencia familiar o doméstica, no puedan desempeñarse como servidores públicos en el ayuntamiento, en puestos que no sean de confianza ni temporales.
En la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual de Puebla capital, se explicó que se trata específicamente de dos dictámenes, que tienen el objetivo de darle garantía y protección principalmente a las mujeres porque en algunos casos, sus agresores continúan en puestos de poder, a pesar de tener sentencias firmes por diferentes circunstancias violentas.
“Se hizo justamente para visibilizar y no permitir que pase en un rango ético de la normativa. Se trata de personas con sentencia, ojo, esto es con sentencia firme”, expuso la presidenta de la comisión, Mayte Rivera Vivanco, quien resaltó que no atenta contra todos los hombres, porque solamente aplicaría para los que tienen una resolución judicial terminada, no en proceso, o que recién iniciada.
El primer cambio fue una adición del artículo 21 Octodecies al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla donde resalta que, “el ayuntamiento del municipio de Puebla deberá garantizar una política de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, por lo que, para ser personas servidoras públicas del municipio de Puebla, se deberá, entre otras cosas, no contar con resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, no contar con sentencia firme por delitos sexuales y no estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria”.
El segundo adicionó las fracciones VII, VIII y IX del artículo 10, así como las fracciones VII, VIII y IX del artículo 11, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Algunos puntos que establece son: “para ingresar a trabajar en el ayuntamiento en puestos que no sean de confianza ni temporales, se requiere: Acreditar no contar con resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, así como demostrar no contar con sentencia firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal”.
En la sesión, Yndira Sandoval Sánchez, feminista y fundadora de Las Constituyentes MX expuso que la conocida popularmente como “ley 3 de 3” es general, no tiene dedicatoria, y representa un gran paso en la lucha de las mujeres, porque no basta con hacer actividades en marzo, se trata de crear políticas públicas firmes.
Reconocemos el trabajo realizado, y decir que la conocida tres de tres no lleva dedicatoria, sino tiene destinatarios, y son los agresores no son los hombres en general, no es una reforma que vaya destinada a alguien en particular, para quien no conozca, buscamos dotar de ética a la política (…) hoy en día no basta la gran agenda por conmemoración del 8M”, dijo en su participación virtual.
De acuerdo con lo expuesto, el municipio de Puebla sería el primero en realizar la homologación a nivel estatal, por lo que estaría a la vanguardia para garantizar que los deudores alimentarios no serán servidores públicos del ayuntamiento capitalino.
Tras el aval de la comisión, el asunto se turnó al Cabildo de Puebla para su análisis y discusión, con el fin de convertirse en una realidad.