El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha definido los detalles de lo que será el día a día en las escuelas sin teléfonos celulares. En un esfuerzo por combatir la distracción tecnológica y fomentar la concentración en el aula, autoridades distritales anunciaron que la prohibición de teléfonos, relojes inteligentes y otros dispositivos que permitan comunicación o acceso a internet se implementará a partir de mediados de febrero en todas las escuelas intermedias y secundarias.

Este cambio —uno de los más drásticos en el sistema educativo local— viene de la mano de la preocupación generalizada acerca de que los estudiantes se han vuelto “adictos” a sus dispositivos,afectando la calidad de su aprendizaje y convivencia. “Está claro”, explicó el superintendente Alberto Carvalho, “que los estudiantes se han vuelto ‘adictos’, un problema que ‘debe llegar a su fin.’”

Una decisión similar se tomó en una escuela de Río de Janeiro, en Brasil, también este año, donde vieron resultados positivos tras la medida.

La medida de LAUSD, aprobada originalmente por la Junta de Educación en junio pasado, ha superado los requerimientos de la nueva ley estatal de California —conocida como California’s Phone-Free Schools Act— que exigía a los distritos escolares, escuelas chárter y oficinas de educación del condado presentar sus propias políticas de restricción de celulares antes del 1 de julio de 2026. Sin embargo, Los Ángeles ha decidido aplicar un calendario más acelerado y restricciones más estrictas.

Según el jefe de Operaciones Escolares de LAUSD, Andrés Chait, el nuevo reglamento deberá aplicarse a partir del 18 de febrero, justo después del fin de semana del Día de los Presidentes. Alrededor de 50 escuelas dentro del distrito —de un total de mil 543— ya habían adoptado prohibiciones similares, pero ahora la política se extenderá de manera uniforme al resto de los planteles, con la excepción de las escuelas primarias en las que, por lo general, los estudiantes no cuentan con dispositivos móviles.
La regla establece que los teléfonos permanecerán fuera del alcance en todo momento durante la jornada escolar, incluidas las pausas de almuerzo o nutrición, y los descansos entre clases. Así, la normativa cubre desde que suena la campana de entrada hasta la campana de salida, aunque se permitirá el uso de los teléfonos en el trayecto hacia o desde el plantel, por ejemplo, mientras se viaja en autobús.

El distrito ofrece varias alternativas sobre cómo controlar el uso de los dispositivos, de modo que cada campus seleccione la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades. Entre las opciones se cuentan: En mochilas: Los estudiantes deben mantener los teléfonos apagados y guardados.
Unidades de almacenamiento bloqueadas: Pueden ser en aulas específicas o en espacios comunes donde se almacenan los celulares durante la jornada.

Bolsas especializadas: Selladas con imanes o velcro, conocidas como Yondr o Faraday, que impiden el acceso directo al teléfono y bloquean la señal WiFi o celular.

Soportes en el aula: Estanterías numeradas para depositar los dispositivos al inicio de cada clase.

“La expectativa mínima es que el dispositivo esté apagado y almacenado”, resumió Chait. “Los teléfonos no pueden estar en entornos silenciosos o de vibración.” Las escuelas tendrán que definir su método y anunciarlo antes de las vacaciones de invierno en diciembre, momento en que se hará el pedido de suministros a gran escala. Se calcula un presupuesto inicial de aproximadamente 7 millones de dólares para la adquisición de materiales.

La prohibición no se limita a los teléfonos en sentido estricto, sino que también contempla relojes inteligentes, audífonos y “smart glasses”. Con todo, la nueva ley estatal requiere que los estudiantes tengan acceso a sus celulares en caso de emergencia. Cuándo o cómo se aplicará dicha excepción variará de un campus a otro y quedará en manos del personal escolar decidir si una situación amerita permitir el uso del dispositivo.

En palabras de Chait, un encierro de seguridad breve “no sería una emergencia lo suficientemente grande como para permitir a los estudiantes acceder a los teléfonos”. Sin embargo, si durase una hora o más, “esa sería una situación en la que le diríamos a nuestra gente: ‘Sí, continúe y dé acceso a los niños a sus teléfonos.’”

El distrito apuesta por un enfoque disciplinario “restaurativo y positivo”, con varios niveles de advertencia. La primera infracción acarrea un recordatorio verbal, seguida de conversación con un consejero y, eventualmente, notificación a los padres o tutores. No obstante, miembros de la junta escolar, como Nick Melvoin y Rocio Rivas, han sugerido que podría considerarse la confiscación del teléfono de forma temporal ante casos de reincidencia.

“No vamos a decirle a nuestros administradores que no pueden eliminar un teléfono de un estudiante”, puntualizó Chait, agregando que esta acción se tomaría “después del ‘diálogo’ y las advertencias a diferentes partes”.

Aunque muchos docentes y administradores celebran la iniciativa como una vía para recuperar la atención de los alumnos y reducir distracciones en el aula, la implementación no será sencilla. Algunos padres han manifestado preocupación respecto a la posibilidad de comunicarse con sus hijos en situaciones urgentes. Sin embargo, las autoridades escolares insisten en que, de requerirse, cada campus establecerá procedimientos claros para atender emergencias.

El distrito confía en que la aceptación por parte de padres y estudiantes sea clave. “La aceptación de los padres y estudiantes es absolutamente crítico”, dijo Chait. A mediano y largo plazo, la apuesta de LAUSD es invertir la tendencia de dependencia tecnológica que, en palabras de Carvalho, “debe llegar a su fin”.