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¿Mario Aburto libre? Decisión en manos de la ministra Lenia Batres

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Luego de 30 años en prisión por el asesinato del candidato a la presidencia del país, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el autor material, Mario Aburto Martínez podría quedar en libertad, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo decide.

Este miércoles, en la Primera Sala de la SCJN se dará el voto faltante para aplicar o no el amparo por el que Mario Aburto dejaría la prisión; la decisión, el voto decisivo, recaerá sobre la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Dicho amparo busca que al asesino de Colosio se le juzgue bajo la ley local que en 1994, año del magnicidio, gobernaba en Baja California. De acuerdo con el estatuto de entonces, el homicidio se castigaba con 30 años de cárcel, mismos que se cumplieron este 2024.

Tras su captura, Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ya que fue juzgado bajo el ámbito federal y no el local.

Abogado de Aburto asegura que él no mató a Colosio
El 24 de enero de 2024, en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, el abogado Jesús González Schmal, defensor de Mario Aburto señaló que su cliente no fue el asesino del entonces candidato presidencial por el PRI, sino un chivo expiatorio de Raúl y Carlos Salinas de Gortari.

Refirió que, por órdenes de los hermanos, Manlio Fabio Beltrones (entonces gobernador de Sonora) cometió tortura contra su cliente para obligarlo a confesar el crimen, cuestión que logró.

Explicó que el hermano del entonces presidente del país tenía relación y tratos directos con integrantes del Cartel del Golfo, por lo que el cambio que proponía Luis Donaldo Colosio en el sistema político mexicano dificultaba sus prácticas, razón que motivó el atentado y muerte.

“Con la investigación encontré que Raúl Salinas estaba de manitas calientes con el Cártel del Golfo, eso sucedió en 1994. Colosio los mandó al carajo. Iba a ser un verdadero cambio lo que proponía Luis Donaldo”, señaló en entrevista.

Durante el programa también habló sobre un segundo tirador a quien identificó como “El Ruco”, que sería el verdadero asesino de Colosio y de acuerdo con las palabras de Schmal, fue asesinado un día después del atentado en Lomas Taurinas.

“No fue casualidad que el presidente Salinas le pidiera a Manlio Fabio que viajara a Baja California. Cuando sucede lo de Colosio, al otro día mataron al verdadero asesino en un taller de Tijuana. También intentaron matar a Aburto cuando lo capturaron”, refirió.

El segundo tirador de Colosio
Cinco días después de las declaraciones de Schmal el tema cobró revuelo a nivel nacional, tanto que el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta y alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó un indulto para Aburto al presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa denegada por el entonces titular del Ejecutivo federal.

Ese mismo 29 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que sí hubo un segundo tirador implicado en el asesinato del excandidato del PRI a la presidencia de la república en 1994; se trató de Jorge Antonio S., exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), encargado de proteger al candidato durante el mitin de Lomas Taurinas.

“Existen pruebas de que Jorge Antonio S. disparó un arma al momento que sucedió el crimen”, señaló la FGR en comunicado.

Informaron que el hombre huyó del sitio y quedó libre de investigaciones debido a que tuvo protección del entonces es titular del organismo, Genaro García Luna, a quien en días pasados le dieron una sentencia de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Reapertura del caso por tortura, amparo y posible libertad
Durante 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Aburto como víctima de tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso penal, actos que en su momento autoridades conocieron y omitieron, por lo que el organismo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el caso y volver a investigarlo, cosa que sucedió en 2022.

En octubre de 2023, se solicitó un amparo en favor de Mario para que se redujera 15 años la condena de prisión impuesta bajo las leyes federales, ya que el crimen de homicidio y posesión de arma sin permiso por el que se le acusó se castigaba bajo las leyes estatales de Baja California (BJ) con solo 30 años de cárcel.

Los litigantes señalaron que la resolución fue equivocada, ya que cuando existe relación de delitos federales y locales debe aplicarse la norma del estado; por ello un Tribunal Colegiado Federal resolvió que la pena debía modificarse y reducirse.

Sin embargo,la FGR turnó un recurso de revisión a los pocos días contra el amparo interpuesto por la defensa para la reducción de condena, razón por la que se llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis y posterior aceptación o cancelación, en una discusión pactada para el 13 de marzo de 2024.

El 26 de febrero de 2024 la FGR informó que no encontró pruebas que demostraran los presuntos actos de tortura por funcionarios o agentes públicos contra Aburto en las acciones tomadas tras el asesinato de Colosio, el 23 de marzo de 1994, por lo que declaró el no ejercicio de acción penal contra los señalados como responsables del presunto delito de tortura contra el condenado.

Cuando llegó el 13 de marzo la SCJN aplazó indefinidamente la discusión sobre el amparo, por lo que técnicamente quedó invalidado hasta que los ministros del Poder Judicial dialoguen sobre él, situación que sucederá este mismo miércoles.

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“Si en el pasado hicieron trampa, pero pasaron el examen de control, merecían entrar”: rector de la UNAM

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Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la evaluación presencial brindó a la máxima casa de estudios «plena certeza» sobre los conocimientos reales de los aspirantes que obtuvieron un lugar.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que los resultados del examen de control aplicado a los aspirantes confirman la existencia de irregularidades en la prueba previa realizada en línea. Sin embargo, sostuvo firmemente que aquellos alumnos que acreditaron la evaluación presencial posterior demostraron contar con los méritos necesarios para ingresar a la institución.

“Sí creo que evidentemente el contraste es muy amplio. Entonces, sí, yo creo que se confirma que sí hubo una anomalía, que en gran medida se pudo corregir”, señaló el rector al ser cuestionado sobre las marcadas diferencias entre las calificaciones del examen en línea y las registradas en la evaluación de control.

Loméllí precisó que el análisis de los resultados aún no ha concluido, ya que restan por realizar cruces de información detallados por carrera, considerando tanto a los aspirantes que se presentaron al examen presencial como a quienes optaron por no asistir.

Ante los señalamientos de especialistas sobre alumnos que habrían ingresado a la UNAM con puntajes inferiores a los registrados inicialmente —lo que reabrió el debate sobre si estudiantes que cometieron irregularidades terminaron asegurando una bancada—, el rector fue contundente:

“Yo diría que si en el pasado hicieron trampa, pero que si hicieron su mejor esfuerzo en el examen de control, pues sí merecían entrar”.

Al reitera la interrogante sobre si se puede garantizar la ausencia total de aspirantes que hayan cometido fraude entre los finalmente admitidos, Lomelí enfatizó que el examen de control sirvió como un filtro definitivo para corroborar quiénes poseían el conocimiento por cuenta propia.

“Lo importante es que el examen de control permitió que tengamos la plena certeza de que están ingresando quienes tuvieron el número de aciertos que de acuerdo con los resultados del examen era el que les permitía acceder a ese lugar”, afirmó.

El titular de la UNAM agregó que, con la realización de la prueba presencial, la Universidad despejó cualquier duda sobre la preparación y capacidad académica de los alumnos seleccionados.

Respecto a la disminución generalizada en los puntajes, Lomelí descartó que esto se deba a un mayor nivel de dificultad en el examen presencial. Explicó que, según los parámetros técnicos de la institución, el grado de exigencia de ambas evaluaciones fue equivalente.

En su lugar, sugirió que la variación en el desempeño responde a factores externos: el lapso de dos meses y medio transcurrido entre una prueba y otra, el reducido tiempo que tuvieron los estudiantes para repasar los contenidos, y el estrés natural asociado al retorno de las evaluaciones presenciales.

Finalmente, el rector reiteró que la UNAM continuará cruzando los datos del proceso antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre los resultados globales de admisión.

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Perfilan nuevos impuestos a sopas instantáneas, embutidos y cerveza

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados alista una propuesta para aplicar un gravamen extrafiscal a productos ultraprocesados con alto contenido de sodio, entre los que destacan las sopas instantáneas, fideos japoneses, salchichas, embutidos y salsas como la de soya. La medida busca desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud pública y, en el caso de las bebidas alcohólicas, ajustar el costo de la cerveza para equilibrar la competencia frente a destilados tradicionales.

Salud pública y recaudación: el argumento detrás del gravamen al sodio

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el gravamen afectaría prioritariamente a aquellos productos que superan los límites normativos de sodio y que ya exhiben el sello de advertencia sanitaria. Según estimaciones preliminares, la recaudación asociada a esta medida alcanzaría cerca de 12 mil millones de pesos anuales.

La iniciativa cobra relevancia en un país donde diariamente se consumen 4.5 millones de unidades de sopas instantáneas, lo que ubica a México como el segundo consumidor de este alimento en América Latina —solo detrás de Brasil— y en el lugar 15 a nivel mundial, según datos de The World Instant Noodles Association.

Altamirano subrayó la correlación entre la ingesta excesiva de sodio y padecimientos como la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares. Por ello, argumentó la necesidad de integrar esta externalidad dentro del marco fiscal, garantizando al mismo tiempo que la canasta básica quede exenta y que las decisiones definitivas se adopten tras revisar cada producto en lo particular. El legislador también puntualizó que la comisión mantiene un equipo de trabajo dedicado a evaluar la efectividad real del IEPS previamente aplicado a las bebidas azucaradas.

Ajuste al precio de la cerveza para fomentar la equidad fiscal

En el rubro de las bebidas alcohólicas, la propuesta plantea un incremento gradual de entre 60 centavos y un peso por cerveza, en función del precio y la presentación comercial. De concretarse, la recaudación por este concepto pasaría de 140 mil 140 millones de pesos a 147 mil 037 millones anuales, representando un ajuste del 4.6%.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, la diputada Vanesa López Carrillo destacó la conveniencia de centrar este ajuste en la cerveza, dado que este sector acapara más del 94% del mercado nacional de bebidas alcohólicas. López Carrillo precisó que, si bien la cerveza industrial representa el 93.1% del volumen total comercializado en el país, únicamente aporta el 63.3% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En contraste, categorías como los destilados y el vino abarcan menos del 7% del mercado conjunto pero contribuyen con casi el 37% de la recaudación del IEPS.

Asimismo, la legisladora señaló que la estructura de mercado actual beneficia a consorcios cerveceros globales en detrimento de los productores artesanales y a pequeña escala. El ajuste propuesto busca generar mejores condiciones para la producción nacional con denominación de origen, como el mezcal y el tequila.

Las propuestas formuladas derivan de diversos foros de consulta y se prevé incorporar sus conclusiones técnicas hacia las discusiones del Paquete Económico 2027, cuyo trámite formal corresponderá oportunamente al Ejecutivo Federal.

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Beca Rita Cetina entregará hasta 3 mil 300 pesos a familias con tres estudiantes

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PUEBLA, PUE. — Las familias poblanas con hijos inscritos en planteles públicos de educación básica podrán percibir hasta 3 mil 300 pesos bimestrales a través de la Beca Universal Rita Cetina, programa diseñado por el Gobierno Federal para contrarrestar los índices de deserción escolar.

El esquema económico contempla un monto base de 1,900 pesos por hogar que cuente con un estudiante en nivel secundaria, asignando una suma complementaria de 700 pesos adicionales por cada alumno extra que pertenezca al mismo núcleo familiar en el sistema público.

Bajo este tabulador oficial, los hogares constituidos por dos alumnos inscritos cobrarán 2,600 pesos bimestrales, mientras que aquellas viviendas donde habiten tres estudiantes alcanzarán el techo máximo de apoyo estipulado de 3,300 pesos en cada periodo de dispersión.

Las autoridades encargadas de los Programas para el Bienestar recordaron que los procesos de incorporación y bancarización se efectúan de manera directa en los planteles educativos, por lo que exhortaron a tutores y padres de familia a consultar los calendarios institucionales.

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