En el marco de las conmemoraciones por el Día de la Independencia ucraniana, los gobiernos de Canadá, Suecia y Noruega anunciaron nuevos acuerdos de apoyo y cooperación militar con Ucrania, en presencia del presidente Volodimir Zelenski.

El primer ministro canadiense, Mark Carney , confirmó un paquete de ayuda por 2 mil millones de dólares canadienses (unos 1.200 millones de euros), destinado a drones, vehículos blindados y otros recursos críticos para la defensa frente a Rusia. Parte de los drones se fabricarán en Ucrania con tecnología y suministros canadienses. Además, Ottawa y Kiev acordaron iniciar consultas anuales entre sus ministerios de Exteriores y Defensa, así como impulsar la implementación del Plan de Acción en Seguridad firmado durante esta visita.

En paralelo, ambos países manifestaron interés en ampliar el comercio y la inversión bilateral, especialmente para la reconstrucción de Ucrania, y avanzar en la cooperación en materia de seguridad energética, ciberseguridad e infraestructura crítica. Zelenski pidió que Canadá proporcionara garantías de seguridad, incluida la presencia de tropas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte , felicitó a Canadá por financiar un paquete adicional de material militar estadounidense para Ucrania, valorado en 500 millones de dólares, dentro del Listado de Necesidades Prioritarias (PURL).

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store , anunció que su país, junto con Alemania, adquirirá y entregará a Ucrania dos sistemas antiaéreos Patriot y sistemas de radar, en una operación conjunta en la que Noruega aportará 590 millones de euros. Suecia también dio un paso adelante: su ministro de Defensa, Pal Jonson , firmó con su homólogo ucraniano, Denis Shmihal, una declaración de intenciones para un acuerdo de producción conjunta en la industria de defensa, que incluirá intercambio tecnológico y sostenibilidad en proyectos militares.

La organización Amnistía Internacional denunció que la administración del presidente Donald Trump recurre a sistemas de inteligencia artificial (IA) para rastrear y vigilar a inmigrantes, con especial énfasis en refugiados, solicitantes de asilo y personas que se manifiestan en defensa de los derechos del pueblo palestino.

En un informe publicado este viernes, la ONG advirtió que estas herramientas tecnológicas representan un “riesgo” para quienes cumplen con esos perfiles y podrían derivar en la cancelación de visas o incluso en la deportación.

De acuerdo con Amnistía, dos sistemas de software desempeñan un papel central en esta estrategia: Babel X , de la empresa Babel Street, e Immigration OS , de la compañía Palantir. Estas plataformas permiten recopilar datos personales, monitorear redes sociales y rastrear movimientos de individuos a gran escala, lo que facilita la iniciativa gubernamental denominada “Capturar y revocar” , enfocada en cancelar visados ​​de extranjeros que presuntamente apoyen a grupos como Hamás.

“Esta iniciativa amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias de visados, deportaciones y violaciones de derechos humanos”, señaló Erika Guevara Rosas , directora general de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional. La organización subrayó que el proceso carece de rendición de cuentas y constituye “un desprecio total” por la libertad de expresión, la igualdad y la no discriminación.

Según el informe, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emplea Babel X desde 2019, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza desde 2014 el sistema de Palantir, actualizado ahora como Immigration OS. Esta herramienta permite automatizar procesos de selección y vigilancia en tiempo real, lo que, de acuerdo con Amnistía, ha generado un patrón de detenciones ilegales y deportaciones masivas que fomentan un clima de temor en comunidades migrantes y entre estudiantes internacionales.

Amnistía indicó que en julio se contactó a Palantir y Babel Street sobre el informe. Solo Palantir respondió, afirmando que su producto no se emplea en la iniciativa “Capturar y revocar” y que no viola los derechos de los migrantes. Sin embargo, la ONG pareció que ambas empresas deberían haber previsto los riesgos que implicaba colaborar con el gobierno de Trump.

Este jueves Colombia registró una de las jornadas más violentas de la última década. Dos ataques armados en distintas regiones del país dejaron un saldo trágico de 13 personas muertas y decenas de heridos, según confirmaron autoridades locales y fuentes de seguridad.

En la ciudad de Cali, la tercera más poblada del país con 2.2 millones de habitantes, un camión cargado con explosivos estalló cerca de una base aérea de la Fuerza Aérea, dejando cinco muertos y 36 heridos.
La explosión ocurrió alrededor de las 15:00 horas y generó pánico entre los ciudadanos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas y personas huyendo despavoridas.

Héctor Fabio Bolaños, rector de un colegio cercano, relató a la AFP:

Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (…) Luego no se pudo pasar, no se pudo ver nada, nada, porque hay muchos heridos, hay muchas casas que se han dañado al frente de la base. Los niños que tienen jornada de la tarde tocó entregárselos a sus padres porque vinieron a recogerlos, por el susto.»

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el ataque estaba dirigido contra una escuela militar de aviación, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las instituciones educativas y la población civil en la región. Alexis Atizábal, propietario de un almacén cercano, añadió que la explosión «quebró vidrios» y provocó daños materiales en su local.

Ataque con drones y fusiles en Antioquia
Más temprano, en el noroeste del país, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC atacó a un escuadrón de la policía durante un operativo de erradicación de cultivos de hoja de coca en el departamento de Antioquia.

Armados con fusiles y drones cargados con explosivos, los atacantes derribaron un helicóptero y se enfrentaron con los uniformados, dejando ocho muertos. Las autoridades aún investigan si todas las víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad.

El uso de drones explosivos se ha vuelto cada vez más frecuente en Colombia, convirtiéndose en una herramienta letal en manos de grupos armados ilegales.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las víctimas de artefactos explosivos, especialmente aquellos lanzados por drones, se duplicaron en los primeros meses de 2025.
El ataque se produce en un contexto de aumento de la violencia en Colombia, a poco más de un año de las elecciones presidenciales. El pasado 11 de agosto, el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, falleció tras un atentado con disparos a la cabeza, evidenciando la tensión política y social en el país.

La violencia en Colombia
Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, y los grupos armados y narcotraficantes se disputan el control del lucrativo negocio de la hoja de coca.

Según datos oficiales, en 2023 se registró un récord de 253 mil hectáreas de cultivos de coca, y el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa programas de erradicación voluntaria ofreciendo incentivos económicos a los campesinos.

El acuerdo de paz de 2016 desarmó a la mayoría de las FARC, pero no todos los territorios ocupados por los rebeldes fueron controlados por el Estado. Expertos señalan que esta ausencia de presencia estatal ha permitido que disidencias y grupos narcotraficantes se fortalezcan.

El presidente Petro hizo un llamado a declarar como «organizaciones terroristas» a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína del país, destacando la necesidad de acciones contundentes para frenar la violencia:

Al Estado colombiano y al mundo, pedimos declarar como organizaciones terroristas a estos grupos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos.»

Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha buscado negociar con todos los grupos armados, pero la mayoría de los procesos de paz están estancados.

Las únicas conversaciones con avances son las realizadas con el Clan del Golfo en Catar y algunas escisiones de la guerrilla ELN y las disidencias de las FARC bajo alias Calarcá.

Las autoridades colombianas han reforzado la vigilancia y los operativos antinarcóticos, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca la situación. La combinación de explosivos, drones y fusiles evidencia la sofisticación creciente de los ataques y la necesidad de una estrategia integral de seguridad.

Analistas advierten que la violencia podría escalar en el marco político-electoral y que la protección de la población civil, escuelas y hospitales debe ser prioritaria.

La coordinación entre el Ejército, la policía y las autoridades locales es clave para prevenir nuevos atentados y proteger a los ciudadanos en zonas de riesgo.