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Tortura a periodistas de Izúcar de Matamoros

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Una jueza federal aplazó la audiencia que se programó para el 24 de junio en contra de funcionarios de Izúcar de Matamoros por el delito de tortura hacia dos periodistas oriundas del municipio, hasta el próximo 11 de julio.

Este caso de Tortura a periodistas de Izúcar de Matamoros es en el que estaba como testigo protegido Socorro Becerra, quien fue asesinada la semana pasada en su autolavado por un comando.

Son seis servidores públicos, todos policías, de la administración de la alcaldesa de Izúcar, Irene Olea Torres, quienes están bajo investigación por cometer actos de tortura contra las periodistas Michelle, Natalie y dos activistas cuya identidad quedó bajo reserva.

La agresión ocurrió el 10 de marzo del 2023, durante en una actividad que se llevó a cabo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aplazan audiencia por asesinato de testigo protegido
El 11 de mayo se vinculó a proceso a 11 servidores municipales: varios policías, el Síndico Municipal y el coordinador y auxiliar jurídico de Izúcar, por los delitos de falsificación de información y ejercicio indebido de funciones.

El 24 de junio se programó la audiencia inicial por un segundo proceso contra solamente seis policías que enfrentaran el juicio por el delito de tortura en agravio de las víctimas.

En la audiencia programada para el lunes pasado, la jueza federal que lleva el caso reveló que, además de las dos periodistas que fueron víctimas, también sufrieron tortura dos activistas cuyas identidades quedaron en anonimato.

El primer argumentó por el que se difirió la audiencia fue porque argumentó fue porque las dos activistas anónimas “no fueron notificadas debidamente”, señaló la Jueza federal. Ambas mujeres manifestaron antes no querer involucrarse en la denuncia por temor a represalias.

Sólo las periodistas Michelle y Natalie continuaron en el proceso legal, sin embargo, para la audiencia del lunes solicitaron permiso de ausencia debido al asesinato de Socorro Becerra, testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR). Su testimonio era en pro de las comunicadoras.

La abogada de ambas se conectó vía digital a la audiencia y también solicitó el permiso de ausencia, ante el temor de lo ocurrido con Socorro Becerra.

Por ambas peticiones la jueza federal suspendió la audiencia: explicó que se reanudaría en septiembre, pero agentes del Ministerio Público de la FGR, al calificar de excesivo el plazo pidieron se realizara lo antes posible. Ante ello se estableció como fecha para la audiencia inicial el próximo 11 de julio.

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Pavel Gaspar pide a diputados no hacer promoción anticipada

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El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, recordó a sus compañeros diputados locales y federales que Morena prohibió realizar actos de promoción anticipada.

Esto debido a que diputados como Juan Antonio González Herrera y Karina Pérez Popoca regalaron artículos promocionando su nombre durante sus recorridos en los distritos federales que representan.

El diputado local explicó que debe generarse una diferencia entre trabajo de territorio y campaña electoral para no caer en una problemática.

Pavel Gaspar ejemplificó su trabajo al señalar que realiza trabajo de territorio pero no realiza propaganda porque es cuidadoso.

Por ello, pidió a sus compañeros respetar los lineamientos que se aprobaron en el Consejo Nacional de Morena.

“Un consejo nacional hace unas semanas ordenó a los militantes no espectaculares, no lonas, no promocionales… Eso es para todas y todos los compañeros y al menos del grupo legislativo les diré eso, que esperen los tiempos”, dijo.

Los diputados federales de Morena, Juan Antonio González y Karina Pérez Popoca entregaron propaganda a los poblanos pese a que los lineamientos de su partido les impiden la promoción anticipada de cara al proceso electoral 2027.

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Aprueba Congreso estatal reformas del Plan B impulsado por Sheinbaum

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El Pleno del Congreso del Estado aprobó con 34 votos a favor y 6 en contra en sesión extraordinaria las reformas constitucionales en materia electoral denominadas como Plan B. Estas modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución buscan reducir los presupuestos de los congresos estatales, el número de regidores en los ayuntamientos y las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales.

Tras la aprobación de la reforma por la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves y su envío a los Congreso, la Comisión de Gobernación sesionó de última hora sin la presencia de representantes de la oposición y aprobó la reforma con cinco votos.

La Comisión Permanente convocó a sesión extraordinaria a las 12:00 horas del mismo jueves, citando a las 11:30, para tratar como único punto la reforma.

En el Plan B se establece que los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Además, el presupuesto de las legislaturas locales no deberá exceder el 0.70 % del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.

También se dispone que las autoridades electorales no podrán recibir remuneraciones mayores a las del titular del Ejecutivo Federal. Esto incluye consejeros, magistrados, secretarios titulares de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas y técnicas, así como integrantes de organismos electorales locales y tribunales electorales estatales. Además, la reforma contempla una reducción gradual del presupuesto del Senado.

Mantendrá presupuesto el Congreso

En la sesión de la Comisión se precisó que a pesar de que el presupuesto del Congreso está por debajo de la media nacional, no habrá un incremento para armonizarlo con el siete por ciento del presupuesto estatal. Los ajustes se harán únicamente conforme al índice inflacionario.

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Clausuran universidad CLEU en Puebla por irregularidades

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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) determinó suspender la comercialización de servicios del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), ubicado en el Centro Histórico de Puebla, tras detectar diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con la dependencia, la medida se derivó de una denuncia ciudadana que motivó una visita de verificación al plantel situado en la avenida 5 Poniente 1310. Durante la inspección, las autoridades colocaron sellos de suspensión al constatar incumplimientos en la prestación de servicios educativos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de información clara y visible sobre el costo total de productos ofrecidos, como uniformes, sudaderas y pijamas quirúrgicas. Asimismo, se identificaron inconsistencias en los comprobantes de pago, los cuales no cumplían con los requisitos de formalidad ni brindaban información veraz al consumidor.

Otro de los señalamientos fue la negativa del proveedor a realizar devoluciones por conceptos como inscripción, reinscripción o colegiaturas, lo que representa una afectación directa a los derechos de los estudiantes.

Ante estos hechos, PROFECO aplicó como medida precautoria la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios en dicha institución educativa.

La dependencia reiteró su compromiso de vigilar que los proveedores cumplan con la normativa vigente, garantizando que los consumidores reciban información clara, suficiente y oportuna al momento de contratar servicios.

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