De acuerdo con información revelada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González, la defensa legal de Rafael «N» —identificado como el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl— intentó sobornar a una de las personas agredidas.

Puntos clave del intento de soborno y situación legal
La oferta económica: Los abogados del imputado ofrecieron un millón de pesos a una de las personas que resultó lesionada durante los ataques, con la condición de que desistiera del proceso legal y de las acusaciones en su contra.

Detección de la maniobra: Las autoridades estatales tuvieron conocimiento de esta propuesta de soborno a través de labores de inteligencia y seguimiento, incorporando la información para evitar que se entorpeciera el proceso de justicia.

Vínculos y delitos: Rafael «N», señalado como un empresario farmacéutico de origen español, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Situación jurídica actual: A pesar del intento de acuerdo económico por parte de su defensa, el imputado fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En un enlace con la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio el banderazo oficial de inicio para la construcción de 512 viviendas a través del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

El proyecto, que contempla una inversión de 305 millones de pesos, se edifica en el predio conocido como Villa Verde, anteriormente utilizado como el tianguis de autos de La Ciénega, un terreno que permaneció en disputa u ocupación irregular durante casi tres décadas y que fue recuperado recientemente por la administración estatal mediante el diálogo con organizaciones de comerciantes.

Detalles clave del proyecto habitacional

• Superficie y ubicación: El complejo se levanta en un predio de 4.8 hectáreas ubicado en la zona norte de la capital poblana.
• Infraestructura integral: Además de los departamentos —con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados—, el desarrollo contará con espacios de equipamiento urbano como una tienda SuperISSSTE y consultorios médicos del propio instituto.
• Justicia social: Esta obra forma parte central del Programa de Vivienda para le Bienestar, enfocado en garantizar el derecho a un hogar digno para trabajadores del Estado con ingresos de bajos a medianos, priorizando a sectores históricamente vulnerables.

«Con acciones coordinadas entre la federación y el estado ponemos orden y transformamos espacios que por años estuvieron irregulares en proyectos de auténtico bienestar para las familias poblanas», destacó el gobernador Alejandro Armenta durante el enlace con el Gobierno Federal.

Con este arranque, la administración estatal y federal reafirman el compromiso de abatir el rezago habitacional en Puebla, detonando complejos urbanísticos sustentables y con acceso cercano a servicios de salud, transporte y comercio.

Diversos reportes periodísticos han puesto la mira en la trayectoria de planteles de disciplina rigurosa en el estado de Puebla, destacando la presencia de una academia militarizada que opera de forma continua desde hace más de 70 años en la entidad.

Estas instituciones educativas se han mantenido arraigadas en la sociedad poblana a lo largo de décadas, enfocándose en la formación bajo esquemas de disciplina castrense, orden y educación tradicional para distintas generaciones de jóvenes en la región.

la AMIZ afirma tener más de 70 años de existencia, lo que situaría su origen entre 1954 y 1956. Fuentes históricas consultadas ubican un antecedente en el Colegio Ignacio Zaragoza, fundado en 1935 por el general Manuel Mijares Palencia, cuya academia militarizada cerró en 1974 y luego surgió una nueva institución con el mismo nombre. En la AMIZ se imparte educación prescolar, primaria, secundaria y bachillerato, además de que opera un sistema de internado.

Los alumnos son denominados “cadetes”, utilizan uniformes con características militares, participan en ceremonias de ascensos y reciben instrucción cívico-militar como parte de su formación.

La academia define su misión como una educación “intelectual, militar y humana”.

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Aspecto de las actividades de campo de la Escuela Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, el cual ofrece educación desde prescolar a bachillerato y la licenciatura en derecho. Foto Facebook del colegio castrense

El sistema educativo también comprende la Academia Militarizada de Derecho, en el barrio de San Sebastián, donde se imparte una licenciatura bajo el mismo esquema disciplinario.

Ese programa cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) SEP-SES/21/114/01/2479/2018,según la información difundida por la propia AMIZ. Asimismo, el centro educativo alberga el Colegio Nacional de Sobrecargos, donde se forma personal para la aviación civil.

Un ex funcionario de la SEP consultado, explicó que el 24 de mayo de 1943, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el “reglamento para el funcionamiento de las academias particulares de tipo militar”, el cual estableció que la Secretaría de la Defensa Nacional era la única autoridad facultada para autorizar planteles civiles con estas características.

Presumiblemente el reglamento no fue derogado, pero contradice a la Ley General de Educación vigente.

“En el caso de haber una controversia, pues prevalecería la ley de Educación y de facto quedaría eliminado el reglamento”, señaló en entrevista Juan de Dios Varela Marino, presidente de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla.

No obstante, el ex servidor público citado explicó que el RVOE no autoriza por sí mismo el carácter “militarizado” de una escuela y que la SEP sí tiene razón al exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ningún modelo disciplinario puede justificar castigos, maltrato, humillaciones, vejaciones o violencia física y sicológica.

La SEP ha puntualizado que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación de integrantes de las fuerzas armadas y no constituye una modalidad prevista para la educación básica ni media superior.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que carece de facultades para autorizar, inspeccionar o supervisar escuelas particulares que se anuncian como militarizadas, por lo que la revisión de los permisos educativos corresponde a las autoridades civiles.