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Ministra Piña ordena investigar a excolaboradores de Arturo Zaldívar tras denuncia anónima

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Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.

Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales.

En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.

De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.

La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

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En consecuencia, “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados», refiere la denuncia.

«En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados…», agrega.

En la denuncia también se señala al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval y al ahora magistrado, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la «Estafa Maestra».

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“Si en el pasado hicieron trampa, pero pasaron el examen de control, merecían entrar”: rector de la UNAM

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Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la evaluación presencial brindó a la máxima casa de estudios «plena certeza» sobre los conocimientos reales de los aspirantes que obtuvieron un lugar.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que los resultados del examen de control aplicado a los aspirantes confirman la existencia de irregularidades en la prueba previa realizada en línea. Sin embargo, sostuvo firmemente que aquellos alumnos que acreditaron la evaluación presencial posterior demostraron contar con los méritos necesarios para ingresar a la institución.

“Sí creo que evidentemente el contraste es muy amplio. Entonces, sí, yo creo que se confirma que sí hubo una anomalía, que en gran medida se pudo corregir”, señaló el rector al ser cuestionado sobre las marcadas diferencias entre las calificaciones del examen en línea y las registradas en la evaluación de control.

Loméllí precisó que el análisis de los resultados aún no ha concluido, ya que restan por realizar cruces de información detallados por carrera, considerando tanto a los aspirantes que se presentaron al examen presencial como a quienes optaron por no asistir.

Ante los señalamientos de especialistas sobre alumnos que habrían ingresado a la UNAM con puntajes inferiores a los registrados inicialmente —lo que reabrió el debate sobre si estudiantes que cometieron irregularidades terminaron asegurando una bancada—, el rector fue contundente:

“Yo diría que si en el pasado hicieron trampa, pero que si hicieron su mejor esfuerzo en el examen de control, pues sí merecían entrar”.

Al reitera la interrogante sobre si se puede garantizar la ausencia total de aspirantes que hayan cometido fraude entre los finalmente admitidos, Lomelí enfatizó que el examen de control sirvió como un filtro definitivo para corroborar quiénes poseían el conocimiento por cuenta propia.

“Lo importante es que el examen de control permitió que tengamos la plena certeza de que están ingresando quienes tuvieron el número de aciertos que de acuerdo con los resultados del examen era el que les permitía acceder a ese lugar”, afirmó.

El titular de la UNAM agregó que, con la realización de la prueba presencial, la Universidad despejó cualquier duda sobre la preparación y capacidad académica de los alumnos seleccionados.

Respecto a la disminución generalizada en los puntajes, Lomelí descartó que esto se deba a un mayor nivel de dificultad en el examen presencial. Explicó que, según los parámetros técnicos de la institución, el grado de exigencia de ambas evaluaciones fue equivalente.

En su lugar, sugirió que la variación en el desempeño responde a factores externos: el lapso de dos meses y medio transcurrido entre una prueba y otra, el reducido tiempo que tuvieron los estudiantes para repasar los contenidos, y el estrés natural asociado al retorno de las evaluaciones presenciales.

Finalmente, el rector reiteró que la UNAM continuará cruzando los datos del proceso antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre los resultados globales de admisión.

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Perfilan nuevos impuestos a sopas instantáneas, embutidos y cerveza

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados alista una propuesta para aplicar un gravamen extrafiscal a productos ultraprocesados con alto contenido de sodio, entre los que destacan las sopas instantáneas, fideos japoneses, salchichas, embutidos y salsas como la de soya. La medida busca desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud pública y, en el caso de las bebidas alcohólicas, ajustar el costo de la cerveza para equilibrar la competencia frente a destilados tradicionales.

Salud pública y recaudación: el argumento detrás del gravamen al sodio

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el gravamen afectaría prioritariamente a aquellos productos que superan los límites normativos de sodio y que ya exhiben el sello de advertencia sanitaria. Según estimaciones preliminares, la recaudación asociada a esta medida alcanzaría cerca de 12 mil millones de pesos anuales.

La iniciativa cobra relevancia en un país donde diariamente se consumen 4.5 millones de unidades de sopas instantáneas, lo que ubica a México como el segundo consumidor de este alimento en América Latina —solo detrás de Brasil— y en el lugar 15 a nivel mundial, según datos de The World Instant Noodles Association.

Altamirano subrayó la correlación entre la ingesta excesiva de sodio y padecimientos como la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares. Por ello, argumentó la necesidad de integrar esta externalidad dentro del marco fiscal, garantizando al mismo tiempo que la canasta básica quede exenta y que las decisiones definitivas se adopten tras revisar cada producto en lo particular. El legislador también puntualizó que la comisión mantiene un equipo de trabajo dedicado a evaluar la efectividad real del IEPS previamente aplicado a las bebidas azucaradas.

Ajuste al precio de la cerveza para fomentar la equidad fiscal

En el rubro de las bebidas alcohólicas, la propuesta plantea un incremento gradual de entre 60 centavos y un peso por cerveza, en función del precio y la presentación comercial. De concretarse, la recaudación por este concepto pasaría de 140 mil 140 millones de pesos a 147 mil 037 millones anuales, representando un ajuste del 4.6%.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, la diputada Vanesa López Carrillo destacó la conveniencia de centrar este ajuste en la cerveza, dado que este sector acapara más del 94% del mercado nacional de bebidas alcohólicas. López Carrillo precisó que, si bien la cerveza industrial representa el 93.1% del volumen total comercializado en el país, únicamente aporta el 63.3% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En contraste, categorías como los destilados y el vino abarcan menos del 7% del mercado conjunto pero contribuyen con casi el 37% de la recaudación del IEPS.

Asimismo, la legisladora señaló que la estructura de mercado actual beneficia a consorcios cerveceros globales en detrimento de los productores artesanales y a pequeña escala. El ajuste propuesto busca generar mejores condiciones para la producción nacional con denominación de origen, como el mezcal y el tequila.

Las propuestas formuladas derivan de diversos foros de consulta y se prevé incorporar sus conclusiones técnicas hacia las discusiones del Paquete Económico 2027, cuyo trámite formal corresponderá oportunamente al Ejecutivo Federal.

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Beca Rita Cetina entregará hasta 3 mil 300 pesos a familias con tres estudiantes

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PUEBLA, PUE. — Las familias poblanas con hijos inscritos en planteles públicos de educación básica podrán percibir hasta 3 mil 300 pesos bimestrales a través de la Beca Universal Rita Cetina, programa diseñado por el Gobierno Federal para contrarrestar los índices de deserción escolar.

El esquema económico contempla un monto base de 1,900 pesos por hogar que cuente con un estudiante en nivel secundaria, asignando una suma complementaria de 700 pesos adicionales por cada alumno extra que pertenezca al mismo núcleo familiar en el sistema público.

Bajo este tabulador oficial, los hogares constituidos por dos alumnos inscritos cobrarán 2,600 pesos bimestrales, mientras que aquellas viviendas donde habiten tres estudiantes alcanzarán el techo máximo de apoyo estipulado de 3,300 pesos en cada periodo de dispersión.

Las autoridades encargadas de los Programas para el Bienestar recordaron que los procesos de incorporación y bancarización se efectúan de manera directa en los planteles educativos, por lo que exhortaron a tutores y padres de familia a consultar los calendarios institucionales.

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