La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump son ilegales, lo que le provocó una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

La decisión 6-3 se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios», explica el alto tribunal.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

Se trata del primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

El presidente Trump calificó la decisión de la Corte Suprema como “una vergüenza” cuando fue notificado en tiempo real durante su reunión matutina con varios gobernadores.

Eso según alguien con conocimiento directo de la reacción del presidente, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la conversación privada. Trump se reunía en privado con casi dos docenas de gobernadores de ambos partidos cuando se dio a conocer la decisión.

El presidente republicano ha sido claro sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país.

Las encuestas han revelado que los aranceles no son del agrado del público, en medio de una preocupación generalizada de los votantes sobre su asequibilidad.

Trump aún podría imponer aranceles bajo otras leyes
El fallo de la Corte Suprema llega a pesar de una serie de victorias a corto plazo en la agenda de emergencia de la corte que han permitido a Trump seguir adelante con ejercicios extraordinarios de poder ejecutivo en cuestiones que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de fondos federales.

La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la administración Trump argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular las importaciones durante emergencias también le permite establecer aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump fue el primero en invocarla para los impuestos a las importaciones

Trump y su guerra arancelaria
Trump impuso lo que llamó aranceles «recíprocos» a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional. Esto ocurrió después de que impusiera aranceles a Canadá, China y México, aparentemente para abordar una emergencia relacionada con el narcotráfico.

Siguieron una serie de demandas, incluido un caso de una docena de estados con tendencia mayoritariamente demócrata y otros de pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Trump impuso lo que llamó aranceles «recíprocos» a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional.

Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia ni siquiera menciona los aranceles y que su uso por parte de Trump no supera varias pruebas legales, incluida una que condenó al programa de condonación de préstamos estudiantiles de 500 mil millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estima en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones que el presidente impuso bajo la ley de poderes de emergencia, según datos federales de diciembre.

Muchas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas judiciales para exigir reembolsos.

Una mujer que había solicitado la residencia en Estados Unidos fue deportada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber argumentado que su vida corría peligro si regresaba a su país de origen. Según sus abogados, fue enviada a una zona de África aún no identificada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero y seguridad.

La mujer, cuya identidad permanece reservada, vivía en la República Democrática del Congo. Desde los 14 años fue obligada a convertirse en la sexta esposa de un político influyente, como parte del pago de una deuda familiar. Tras ese acuerdo forzado, presenció el asesinato de su padre y sufrió múltiples abusos físicos y sexuales durante años. En ese contexto tuvo cuatro hijos y vivió bajo condiciones que sus defensores describen como las de una “rehén doméstica”.

De acuerdo con los documentos legales, la mujer había advertido que su supuesto esposo la esperaba en su país para matarla. La deportación, por tanto, representa una emergencia humanitaria, ya que la expone directamente a un escenario de violencia extrema.

ICE y el endurecimiento de la política migratoria
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria durante la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el gobierno prometió deportar a un millón de migrantes indocumentados por año, intensificando operativos y ampliando la capacidad de detención.

El ICE dice que desempeñará un papel clave en la seguridad del Mundial 2026REUTERS
En los primeros 50 días de gobierno, ICE arrestó a más de 32 mil migrantes sin estatus legal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas acciones se ejecutaron bajo programas como el Programa de Extranjeros Criminales, la iniciativa 287(g) y operativos generales, que permitieron a autoridades locales colaborar directamente con ICE.

Muertes en custodia y críticas a ICE
La política de confrontación tuvo consecuencias graves. En 2026, las muertes de migrantes en centros de detención alcanzaron su nivel más alto en dos décadas. Reportes oficiales revelaron que varias personas fallecieron bajo custodia en los primeros días del año, lo que convirtió a la administración Trump en la más mortal para presos de ICE en comparación con gobiernos anteriores.

El caso de Renee Good, quien murió tras un enfrentamiento con un agente en Mineápolis, se convirtió en un símbolo de las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos señalaron que las condiciones en los centros de detención eran precarias, con falta de atención médica y hacinamiento.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses.AFP
Tecnología y resistencia comunitaria
La intensificación de las redadas provocó respuestas innovadoras en comunidades migrantes. Una de ellas fue la creación de la aplicación ICEBlock, diseñada para alertar sobre operativos de deportación en tiempo real. El gobierno de Trump calificó la herramienta como un “sabotaje a la seguridad nacional” y amenazó con procesar a sus desarrolladores. Para las comunidades migrantes, sin embargo, ICEBlock representó un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Las políticas de ICE desencadenaron protestas masivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Manifestantes exigieron la abolición de la agencia, denunciando que sus prácticas criminalizaban la migración y violaban derechos humanos básicos.

Las marchas se caracterizaron por consignas como “Abolish ICE” y por la participación de organizaciones civiles, estudiantes y líderes comunitarios. En paralelo, algunos gobiernos locales declararon sus ciudades como “santuarios”, limitando la cooperación con ICE y ofreciendo protección a migrantes indocumentados. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

La Santa Sede no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al ser cuestionado por medios de comunicación.

Al término de un encuentro celebrado en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin explicó que el Vaticano declina la invitación debido a la “naturaleza particular” de la Santa Sede, la cual, subrayó, “evidentemente no es la misma que la de los demás Estados”. Recordó que el pasado 21 de enero el Vaticano había informado que el papa León XIV recibió la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta se encontraba entonces en evaluación.
Parolin señaló que han tomado nota de que Italia acudirá como observador y agregó que, en el planteamiento, hay aspectos que generan dudas y que requerirían precisiones. “Hay puntos que dejan un poco perplejos” y “puntos críticos que necesitarían ser aclarados”, afirmó. Si bien pareció relevante que existan esfuerzos para impulsar una respuesta, insistió en que para la Santa Sede persisten cuestiones que deben resolverse.

De acuerdo con la convocatoria, la Junta de Paz para Gaza celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la asistencia de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudita y Egipto. En cambio, países como Francia, España y Suecia rechazaron la invitación.

En Italia, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, defendió este martes la participación de su país al sostener que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería “políticamente incomprensible”, aunque no precisó quién encabezará la delegación italiana en la reunión prevista para el jueves.

Parolin realizó estas declaraciones en el marco de un encuentro con motivo del 97 aniversario de los Pactos Lateranenses, suscritos en 1929 entre el entonces papa Pío XI —representado por el cardenal Pietro Gasparri— y el dictador italiano Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Dichos acuerdos dieron origen al Estado de la Ciudad del Vaticano y pusieron fin a la llamada “cuestión romana”. Al acto asistieron también el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.