CIUDAD DE MÉXICO.— Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa capturado en Estados Unidos en julio de 2024, no cuenta con propiedades formalmente aseguradas o inscritas a su nombre en México, según informó este miércoles Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de las investigaciones y los aseguramientos patrimoniales dirigidos contra la delincuencia organizada, el funcionario detalló que las labores de inteligencia patrimonial y la revisión de registros no identificaron inmuebles, terrenos o fincas a nombre de Zambada García dentro del sistema legal mexicano.

Operaciones mediante prestanombres y redes familiares
La ausencia de propiedades a nombre del capo responde a la histórica estrategia financiera empleada por las cúpulas del crimen organizado en México. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura inmobiliaria y comercial vinculada al Cártel de Sinaloa solía operar bajo la titularidad de prestanombres, familiares o empresas fachada.

A lo largo de las últimas décadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado diversas empresas —desde establos ganaderos hasta gasolineras y centros educativos— asociadas a la red de «El Mayo» en Sinaloa, las cuales estaban inscritas a nombre de allegados o familiares directos.

Contexto y seguimiento tras su captura
El reporte del gabinete de seguridad nacional forma parte de las acciones de seguimiento sobre la estructura operativa y financiera de la organización criminal, tras la entrega y detención de Zambada en un aeródromo cercano a El Paso, Texas, en julio de 2024.

García Harfuch reiteró que, si bien la figura individual de Zambada García no registra activos inmobiliarios directos en las bases de datos de bienes incautados, las investigaciones sobre las estructuras de lavado de dinero y la identificación de bienes operados por sus redes de colaboradores continúan en coordinación con las autoridades correspondientes.

• Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.

MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.

Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).

Cambios de giro para entrar al negocio petrolero

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:

• Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
• Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.

Red empresarial bajo escrutinio judicial

Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.

Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. — El Mando Unificado Oriente y las acciones coordinadas de la estrategia nacional de seguridad, como la Operación Enjambre, han permitido la detención de 60 personas —entre ellas servidores y exservidores públicos vinculados con grupos delictivos—, así como el aseguramiento e intervención de inmuebles en el Estado de México, según dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la presentación del informe de seguridad, el funcionario federal destacó que las intervenciones realizadas en 15 municipios prioritarios de la entidad mexiquense forman parte del modelo interinstitucional coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la policía estatal.

Resultados clave de la estrategia

• Aprehensiones y condenas: A través de la Operación Enjambre, orientada a desarticular redes de corrupción y complicidad institucional, se han concretado 60 detenciones y obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 exfuncionarios, incluidos alcaldes y directores de Seguridad Pública.
• Combate a delitos de alto impacto: Del 1 de octubre de 2024 al cierre de junio de 2026, la coordinación en el Estado de México ha posibilitado la detención de más de 3,300 personas ligadas a delitos de alto impacto.
• Cateos y decomisos: En municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz y Tecámac se ejecutaron múltiples órdenes de cateo e intervención de predios vinculados a células dedicate al robo de hidrocarburos, extorsión y homicidio, asegurando armas de fuego, miles de litros de gas LP, autotanques y sustancias ilícitas.

García Harfuch reafirmó que el fortalecimiento de las labores de inteligencia de campo, sumado al monitoreo del C5 estatal y el despliegue del Mando Unificado Oriente, continuará activo para neutralizar a los generadores de violencia en la región mexiquense.