La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla sancionó a siete servidores públicos con la destitución inmediata de sus cargos e inhabilitaciones temporales, debido a que incurrieron en la omisión de declaraciones patrimoniales y, de manera particular, la presentación de una cédula profesional falsa dentro de un proceso interno.

A través del comunicado oficial, la dependencia estatal precisó que estas resoluciones —derivadas de los procedimientos substanciados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades— se fundamentan estrictamente en el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con el organismo descentralizado, las acciones tomadas se “reafirman el compromiso con una administración pública íntegra, transparente y responsable”.

Aunque la mayoría de los expedientes corresponden a faltas administrativas catalogadas como “no graves” -específicamente ligadas al incumplimiento de los principios del servicio público y la omisión de declaraciones de situación patrimonial y de intereses en sus modalidades de inicio o conclusión-, un caso en el sector salud encendió las alarmas por su gravedad ética.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Ana María “N” fue destituida e inhabilitada por cinco meses y 12 días.

La investigación arrojó que la exfuncionaria transgredió los principios de lealtad e integridad al presentar, dentro de un procedimiento escalafonario, “una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido”, incurriendo de forma directa en la violación del artículo 49, fracción I de la legislación estatal.

Por otra parte, se dieron a conocer las dependencias afectadas por las omisiones en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos N. fue destituido e inhabilitado por seis meses tras omitir su declaración en la modalidad de conclusión. Mientras en la Secretaría de Seguridad Pública, Cristian N. recibió destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días al no reportar su declaración de conclusión.

En tanto, en la Secretaría de Bienestar, dos funcionarios fueron sancionados. Erika N. fue destituida por omitir su declaración de inicio, mientras que José Edmundo N. recibió destitución e inhabilitación por cinco meses y doce días tras omitir su informe de conclusión.

En Convenciones y Parques, José Ismael N (cinco meses y 12 días de inhabilitación) y Julián Manuel N (cinco meses y 19 días de inhabilitación) fueron dados de baja de la nómina estatal por no presentar sus declaraciones de conclusión de funciones.

La Secretaría Anticorrupción remarcó que las sanciones fueron aplicadas en estricto apego al debido proceso, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los imputados.

Sin embargo, advirtió que no habrá marcha atrás en el combate a la opacidad institucional. Si bien los exfuncionarios tienen el derecho legal de impugnar legalmente estas resoluciones, la dependencia enfatizó su postura de litigio.

“Esta dependencia defenderá las determinaciones con la misma firmeza con que fueron investigados y substanciados los procedimientos”, sentenció.

Finalmente, las autoridades poblanas hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a coadyuvar en la vigilancia del erario y denunciar de forma anónima cualquier sospecha de corrupción a través del portal institucional prointegridad.puebla.gob.mx, recordando que “denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.

Como parte de las acciones para el combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a un presunto generador de violencia que estaría relacionado con hechos delictivos registrados en las inmediaciones del mercado Morelos, en la capital poblana.

La detención ocurrió en la colonia Lomas Flor del Bosque, durante un operativo de seguridad y vigilancia realizado dentro de la estrategia Puebla Segura, donde elementos de la Policía Estatal aseguraron a Orlando Alexis N., de 18 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Vento Lithium 190.

Durante la inspección, los agentes localizaron 75 dosis de aparente droga, de las cuales 61 correspondían a una sustancia con características similares al cristal, 10 a presunta heroína y cuatro a aparente marihuana. Además, le fueron asegurados nueve cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

De acuerdo con labores de inteligencia de la SSP, el detenido presuntamente mantiene vínculos con un grupo delictivo con presencia en distintas entidades del país y estaría relacionado con diversos hechos de violencia en el mercado Morelos, una de las zonas identificadas por las autoridades como prioritaria en materia de seguridad.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, junto con la droga, los cartuchos y la motocicleta asegurados, para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que continuará con los operativos permanentes para prevenir y combatir la delincuencia, con el propósito de fortalecer la seguridad en Puebla, preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de la población.

La bancada de Morena en el Congreso de la Unión presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de establecer una indemnización especial para los trabajadores que sean despedidos como consecuencia de la sustitución de sus funciones por sistemas de inteligencia artificial (IA), automatización u otras tecnologías equivalentes.

La propuesta, impulsada por el diputado Luis Humberto Fernández, plantea adicionar un párrafo al artículo 50 de la LFT para que, además de la indemnización constitucional de tres meses de salario por despido injustificado, los empleadores cubran una compensación extraordinaria equivalente a dos meses más cuando la terminación de la relación laboral tenga como causa directa la implementación de inteligencia artificial.

En conjunto, el trabajador recibiría el equivalente a cinco meses de salario, además de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan conforme al tipo de contrato.

El legislador argumentó que la legislación vigente no contempla de manera específica los despidos derivados de decisiones empresariales para incorporar nuevas tecnologías, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico para garantizar una transición tecnológica que proteja los derechos laborales sin frenar la innovación.

La iniciativa también establece que la compensación especial se sumaría a los pagos previstos para contratos por tiempo determinado e indefinido, incluidos los 20 días de salario por año de servicio cuando procedan, con el propósito de evitar que los trabajadores absorban el costo de la automatización de los procesos productivos.

El proyecto fue turnado para su análisis en el Congreso y aún deberá ser discutido y, en su caso, aprobado por ambas cámaras antes de entrar en vigor.

La propuesta se suma a otras iniciativas legislativas enfocadas en regular el uso de la inteligencia artificial en los centros de trabajo, con medidas orientadas a garantizar transparencia en las decisiones automatizadas, supervisión humana y protección de los derechos de los trabajadores.