El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante el sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dio a conocer que no se han podido conocer la totalidad de los hechos debido a la falta de información por parte de las autoridades de seguridad.
Ángela Buitrago y Carlos Bersitain, los dos últimos integrantes del Grupo que permanecen en México, sostuvieron que la Secretaría de la Marina no informó la verdad sobre su participación en los hechos.
Explicaron que la información oficial, dada por la Marina, señala que la participación comenzó a partir del día después de los hechos, mediante la seguridad perimetral en el lugar de lo ocurrido y con la participación de buzos que encontraron el cuerpo, en una bolsa, de uno de los desaparecidos.
Pero en el actual informe se supo que los miembros de esta Secretaría participaron en la detención y tortura de personas para poder crear la verdad histórica y, derivado de estas acciones, dos sujetos perdieron la vida, y aunque comentaron que la identidad de estos se desconocen; además, se habló de que hubo otros cinco que no se llegaron a consignar.
Ángela Buitrago señaló que han recibido ocho negativas en relación con la información solicitada a Sedena. Esta negativa abarca el acceso a documentos y datos relacionados con monitoreos técnicos y otros aspectos importantes de la investigación.
Destacó que Sedena ha tratado de cambiar las definiciones de sus siglas, como en el caso de CMI, que supuestamente significa «contenido mediático de información» según la respuesta oficial, pero especialista indicó que realmente corresponde a «Centro Militar de Inteligencia».
Además, sugirió que la Fiscalía continúe solicitando la información completa de los monitoreos técnicos y análisis de inteligencia para obtener elementos que puedan ayudar a dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Sobre el paradero de los estudiantes, durante la presentación del informe se detalló que los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos en un primer momento, y posiblemente después en otros grupos. Esto indica que no fueron llevados al mismo lugar ni al basurero de Cocula, como se mencionaba en narrativas anteriores.
Sobre los distintos lugares que podrían haber sido posibles destinos o paraderos de los jóvenes, se indicaron Loma de Coyotes, Huitzuco, y Taxco, y también se hizo referencia a la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron restos de dos estudiantes.
Por otro lado, según declaraciones de un testigo protegido, se afirmó que los restos de algunos estudiantes fueron llevados a dos funerarias en Iguala, donde hay hornos crematorios, para ocultar lo sucedido.
Ante la pregunta de si el caso se llevaría, por parte del GIEI, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ángela Buitrago señaló que esta clase de delitos son de orden internacional y no quedan a consideración de los gobiernos si los quieren investigar o no. Aunque aseguró que el GIEI no le compete, pues son los padres y sus representantes si llevan el caso ante la Corte.
Los investigadores dijeron que muchas de las recomendaciones previas aún son válidas, y se suman nuevas relacionadas con el manejo de pruebas, la protección de testigos, la obtención de información clave y aspectos judiciales, entre otros.
