Al restablecer en el cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente consejero de ese órgano, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que ese hecho “contribuye con toda claridad a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE”.
En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova mencionó que la mañana de este lunes recibió la notificación de la jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, quien otorgó una suspensión definitiva contra el artículo 17 transitorio del llamado «Plan B» de reforma electoral, y ordenó restituir por tiempo indefinido a Edmundo Jacobo Molina.
Expuso que la resolución judicial no significa una simple restitución de un cargo, sino que reafirma que al Secretario Ejecutivo lo nombra el Consejo General del INE y ningún Poder puede removerlo si no es por un juicio político.
“Con la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho.
“Este acto es mucho más que un simple acto de restitución, porque sus derechos le fueron violentados por un poder del Estado mexicano de manera inconstitucional. Este suceso contribuye también con toda claridad a salvaguardar la autonomía y la independencia del INE”, dijo Córdova Vianello.
Explicó que la resolución de la juez, respecto del artículo transitorio del “Plan B” de reforma electoral, ordenó mantener las cosas en el estado que se encontraban antes de la entrada en vigor de la reforma, y advirtió que la misma, a primera vista, “apuntan a su inconstitucionalidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes privativas están prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Lorenzo Córdova explicó que apenas recibió la notificación judicial esta mañana, giró oficio a Edmundo Jacobo Molina para pedirle que se presentara al instituto para retomar sus atribuciones.
El consejero presidente indicó que también instruyó a Roberto Heycher Cardiel Soto, quien había sido nombrado como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, que retome su encargo como Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Un primer paso para restaurar la regularidad constitucional: Edmundo Jacobo
Al tomar nuevamente posesión del cargo, Edmundo Jacobo afirmó que la resolución lo compromete y anima “a seguir trabajando por la democracia”.
Edmundo Jacobo consideró que las personas integrantes de los órganos estatales “estamos únicamente de paso”, y afirmó que “México es un país de instituciones”.
“Es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en nuestro país. (…) Estamos ciertos que en ese mismo sentido abonará el pronunciamiento de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios que se encuentran pendientes de ser resueltos, lo cual esperamos pueda ocurrir en los siguientes días, a fin de brindar certeza y seguridad jurídicas en relación con la disposición transitoria que fue objeto de impugnación.
“No son simples controversias jurídicas contra la permanencia en el cargo, tiene que ver con la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado previstos en la misma».
“La Constitución es el pacto político que nos hemos dado y el instrumento fundamental para resolver las diferencias de manera civilidad y racional. Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales, o lo que es peor, simular su vigencia, sin que nuestras acciones se ajusten a ellas, solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte con las altas dosis de arbitrariedad que eso significa”, dijo Jacobo Molina.
Finalmente, respecto al proceso en marcha para nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, dijo que “sólo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos”.
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