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Avala Comisión del Congreso sancionar a servidores públicos omisos en vigilancia por venta de alcohol

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Las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron, por unanimidad, reformas al Código Penal para sancionar a las personas servidoras públicas que sean omisas en la vigilancia y exigencia de los requisitos en establecimientos de venta de alcohol.

En sesión de la Comisión que presidió el diputado Eduardo Castillo López, fueron avaladas las reformas al primer y segundo párrafo del artículo 199 Sexies, y la adición de un cuarto párrafo también al artículo 199 Sexies del Código Penal.

Con las modificaciones aprobadas, en el primer párrafo del artículo 199 Sexies se precisa que se aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización al propietario o titular del establecimiento de distribuya bebidas alcohólicas sin licencia o el permiso correspondiente.

La reforma al segundo párrafo del artículo 199 Sexies especifica que se aplicará una sanción de dos meses a dos años y multa de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización a quien distribuya bebidas alcohólicas y no cuente con licencia o permiso otorgado por la autoridad competente.

En tanto, con la adición al cuarto párrafo se establece que se sancionará con tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización a la persona funcionaria pública que, obligada por Ley a vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas en los comercios de venta de bebidas alcohólicas y que por su omisión o ausencia de respuesta a los reportes hechos por los ciudadanos de la existencia de presuntos comercios sin la autorización legal, omita la exigencia de los requisitos.

Antes de aprobar este punto del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia propuso una modificación al dictamen, ya que originalmente no contemplaba lenguaje incluyente.
En tanto, la diputada Yolanda Gámez Mendoza señaló que es necesario que se vigile el cumplimiento de la norma para prevenir el consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes. Mientras, el diputado Jorge Estefan Chidiac destacó la relevancia de la iniciativa, que tiene como objetivo principal evitar que las autoridades sean omisas.

Por su parte, el diputado promovente de la iniciativa, Eduardo Alcántara Montiel hizo un recuento de los hechos que motivaron la presentación de la propuesta legislativa, además, destacó que esta reforma será un mecanismo para sancionar a las autoridades municipales que sean omisas en la vigilancia y verificación de la norma en cuanto a la venta de alcohol.

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia también aprobaron por unanimidad el dictamen a través del cual se adicionan las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter del artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla para establecer una agravante del delito de robo.

A partir de la iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, el dictamen señala que se considerará agravante del delito de robo, cuando se trate de un vehículo no motorizado o motorizado, cuyo motor sea de baja potencia no susceptible de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora para el desplazamiento de una persona que, por sus condiciones de salud o física, le sea indispensable para movilizarse; los mismo aplicará cuando la víctima lo utilice como medio de transporte o herramienta de trabajo.

Al respecto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia felicitó a la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, pues ha tenido una agenda clara en materia de movilidad y la iniciativa representa un acierto para avanzar en este rubro.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las y los diputados Eduardo Castillo López, Mariano Hernández Reyes, Fernando Sánchez Sasia, Jorge Estefan Chidiac, Eduardo Alcántara Montiel, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Yolanda Gámez Mendoza y Guadalupe Leal Rodríguez.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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