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México un país rezagado en productividad laboral

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El índice de productividad laboral en México, que mide el Producto Interno Bruto (PIB) por hora trabajada en el país, se ubica actualmente 4.1% por debajo del nivel que tenía antes del inicio de la pandemia de covid-19, es decir 2019, revelan cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Así, México ha sido el país que más ha visto caer su productividad laboral tras la crisis sanitaria ocasionada por covid-19, entre 40 naciones que mide el organismo internacional.

Pero México no sólo es el más rezagado tras la pandemia, sino que, en el largo plazo, es el que menos ha avanzado.

Los datos de la OCDE señalan que desde 1995, el indicador ha crecido sólo 0.1% promedio anual, el cual es el más bajo entre los países analizados.

Gráficas de la OCDE con datos sobre la productividad laboral en distintos países.
La productividad laboral mide qué tan eficiente es la fuerza laboral de un país para generar un nivel de producción determinado, por lo que su caída revela que no se está “haciendo más con menos, o con lo mismo”.

Factores
Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que detrás de las magras cifras de productividad está la informalidad, que en el país alcanza a más de la mitad de la población ocupada.
En este sentido, expresó que la informalidad es un lastre para el país debido a que sus empleos suelen ser los de menor calidad en cuanto a remuneración, sin prestaciones sociales, sin estabilidad, e impiden un adecuado desarrollo de la fuerza laboral. Lo anterior por la escasez en la que se encuentra la capacitación para el trabajo.

Gutiérrez explicó que la caída en la productividad laboral tiene como consecuencia que reduce el potencial del crecimiento del país.

Esto significa que la población ocupada o económicamente activa no está aportando el máximo de su potencial a la economía, por eso la producción crece de forma lenta, porque no tenemos las condiciones adecuadas para que los trabajadores sean más eficientes”.

En cuanto a que México es el país con mayor caída de la productividad laboral después de la pandemia, según la OCDE, la especialista del Imco expresó que esto obedeció a la falta de apoyos por parte del gobierno en cuanto a la protección del empleo, lo cual se vio reflejado en el cierre de empresas y de puestos de trabajo.

Agregó que pese a que el empleo ya recuperó sus niveles prepandemia, e incluso los superó, para muchas personas el retorno no fue en las mismas condiciones a las que llegaron a tener previo al inicio de la pandemia.

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Los Zúñiga y el alcalde de Esperanza también robaban en la Cuacnopalan-Oaxaca

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PUEBLA, Pue. — La red delictiva conocida como «Los Zúñiga» —cuyo presunto operador clave era el alcalde de Esperanza, Isaac N.— no limitaba sus operaciones a la autopista Puebla-Orizaba, sino que también mantenía bajo azote la vía Cuacnopalan-Oaxaca.

Así lo reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González, tras las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre, el cual culminó el pasado 7 de septiembre con la detención de diez personas a cargo de las fuerzas federales lideradas por Omar García Harfuch.

De acuerdo con las autoridades, la agrupación criminal contaba con una infraestructura montada en el municipio de Esperanza dedicada al asalto a transportistas, privación ilegal de la libertad y desvalijamiento de vehículos de carga. Ante el vacío operativo provocado por la baja de 17 policías municipales que desertaron tras las detenciones, la Policía Estatal tomó el control total de la seguridad en la zona.

El modus operandi: Interceptaban camiones de carga, privaban de la libertad a los choferes y trasladaban las unidades a bodegas en Esperanza para desmantelarlas.

Golpe a la estructura: Tras el Operativo Enjambre coordinado por el Gobierno Federal, la SSP asumió el mando de la seguridad en Esperanza, luego de que casi una veintena de agentes locales abandonaran sus puestos al día siguiente de las aprehensiones.

  • Siguiente paso: Las autoridades alistan patrullajes aéreos y barridos en carreteras para clausurar accesos clandestinos usados por el crimen organizado.

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Reduce Gobierno Estatal 10.2% la pobreza infantil y fortalece la protección integral regional con el SIPINNA

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PUEBLA, Pue. — Con la participación de más de 250 autoridades locales, secretarías ejecutivas municipales y representantes de 19 organismos estatales pertenecientes a siete entidades del país, Puebla se convirtió en la sede principal para consolidar las políticas públicas orientadas a la protección de las infancias y adolescencias. El encuentro contó con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier y se desarrolló en coordinación directa con el Gobierno de México.

Durante el Encuentro Regional Centro de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la titular de la Secretaría Ejecutiva Nacional, Lorena Villavicencio Ayala, destacó los avances alcanzados por la entidad. Detalló que entre 2018 y 2024 el estado logró una reducción del 10.2 por ciento en la pobreza infantil, colocándose como una de las cuatro disminuciones más relevantes en la franja central del país, además de registrar mejoras considerables en vacunación y reducción de la mortalidad infantil.

La funcionaria federal subrayó que la región Centro concentra a 11.8 millones de menores de edad, cifra que representa el 31 por ciento de la población infantil a nivel nacional. En este panorama, precisó que el Estado de México y Puebla agrupan a seis de cada diez niñas, niños y adolescentes de la zona, al contar con cinco millones y 2.1 millones de habitantes en este rango de edad, respectivamente.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que la atención prioritaria a la infancia se alinea con las directrices fijadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El mandatario señaló que combatir las causas de la desintegración social exige una estrategia integral sustentada en áreas clave como la educación, el deporte, el arte, la cultura y la salud mental, trabajando en conjunto con la sociedad civil y el sector privado.

En ese sentido, Armenta Mier resaltó el funcionamiento del Centro Estatal de Salud Mental para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), espacio donde se han brindado más de 50 mil atenciones, de las cuales 23 mil han correspondido a pacientes menores de edad diagnosticados con cuadros de depresión o conductas de autolesión. Finalmente, los organismos participantes coincidieron en que la erradicación del matrimonio infantil, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instancias municipales serán los ejes rectores para consolidar el bienestar social en la región.

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Fiscalía indaga a más de 5 alcaldes de Puebla por presunta actividad delictiva

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PUEBLA, Pue. — La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene abiertas al menos cinco investigaciones en contra de presidentes municipales en funciones por su presunta participación en delitos del fuero federal, según confirmó la titular del organismo autónomo, Idamis Pastor Betancourt. Los expedientes correspondientes ya se encuentran bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un encuentro con medios de comunicación, la fiscal general detalló que las indagatorias se desarrollan de forma coordinada con instancias federales, aunque omitió revelar los nombres de las demarcaciones e implicados debido al carácter confidencial de los procesos penales en curso. «Se acuerdan que, en algún momento, yo les dije que teníamos abiertas investigaciones contra diversos alcaldes. Sí tenemos, son varias, más de cinco», aseveró la funcionaria.

Creciente lista de ediles bajo proceso legal

La confirmación sobre estas nuevas líneas de investigación surge en un contexto donde suman ya seis los presidentes municipales aprehendidos durante el ejercicio de sus funciones en la entidad. El caso más reciente corresponde a Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, quien fue asegurado en un operativo donde intervinieron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGE mediante la ejecución de dos órdenes de aprehensión. Rodríguez Ochoa es procesado en el ámbito federal junto a nueve personas más por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Una semana antes de dicha intervención, autoridades federales ejecutaron la detención de Said de Jesús Godos Luna, edil de Tepeyahualco, por presunto abuso de autoridad y cohecho. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos mandatarios locales estarían vinculados con la estructura operativa de una célula criminal conocida como Los Zúñiga.

Caso por caso: los munícipes aprehendidos

La lista de autoridades municipales enfrentando a la justicia en territorio poblano incluye diversos perfiles y señalamientos por delitos de alto impacto:

  • Tianguismanalco: Juan Pérez Moral, conocido bajo el alias de «El Mantecas», detenido bajo cargos de violación.
  • Cuautempan: Gerardo Cortés Caballero, puesto a disposición de los tribunales correspondientes por el delito de extorsión.
  • Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires y Ciudad Serdán: Los hermanos Giovani, Uruviel y Ramiro González Vieyra, aprehendidos de forma simultánea por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de estupefacientes y abuso de autoridad.
  • Ahuazotepec: Alfredo Ramírez Hernández, alias «La Yerba», se mantiene en calidad de prófugo de la justicia tras ser vinculado a procesos por extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos.

Cooperación institucional e investigaciones abiertas

La titular de la FGE subrayó que la colaboración con dependencias como la SSPC y la FGR ha sido determinante para desarticular redes delictivas integradas en gobiernos locales. El traspaso de expedientes a la FGR responde a que los delitos imputados atentan contra la delincuencia organizada y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, materias que rebasan el fuero común.

Se prevé que en los próximos días las autoridades judiciales definan la situación legal de las investigaciones vigentes, mientras las alcaldías involucradas mantienen procedimientos administrativos para garantizar la operatividad de sus ayuntamientos.

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