Las políticas ambientales implementadas a nivel global se encuentran todavía muy lejos de alcanzar la reducción de gases contaminantes indispensable para frenar el acelerado calentamiento del planeta, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). A través de su más reciente informe anual, el organismo internacional lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para acelerar drásticamente los recortes de emisiones antes de que concluya el año 2035 y evitar escenarios catastróficos.

De acuerdo con las proyecciones detalladas en el Informe sobre la brecha de emisiones, las emisiones globales de gases de efecto invernadero tendrían que disminuir al menos un 45 por ciento para el año 2035, tomando como referencia los parámetros necesarios para limitar la magnitud del incremento térmico. No obstante, las estimaciones señalan que, bajo las normativas vigentes y los compromisos actuales asumidos por los países, la reducción real prevista apenas oscilará entre el 11 y el 15 por ciento.

El organismo advirtió que, incluso en el escenario más favorable donde las naciones cumplan a cabalidad sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y alcancen metas adicionales de cero emisiones netas, la temperatura promedio del planeta podría registrar un aumento de hasta 2.1 grados centígrados durante el presente siglo. Para mitigar esta tendencia y lograr estabilizar el calentamiento global en la meta crítica de 1.5 grados centígrados hacia el año 2100, la organización subrayó la imperiosa necesidad de aplicar medidas extraordinarias de mitigación con efectos rápidos.

Como parte de las acciones estructurales propuestas por el PNUMA, se contempla una transformación profunda en los patrones globales de consumo energético, priorizando el abandono gradual de combustibles fósiles altamente contaminantes. Para el año 2035, el organismo plantea disminuir drásticamente la participación del carbón en un 55 por ciento, reducir la dependencia del petróleo en un 15 por ciento y recortar el uso de gas natural en un 5 por ciento, proyectando incrementos mucho más severos en las restricciones de consumo hacia el año 2040.

Finalmente, el reporte enfatiza que el esfuerzo internacional no debe limitarse exclusivamente al dióxido de carbono, sino que requiere atender de manera simultánea la contención de otros contaminantes de alto impacto como el metano. La dependencia ambiental concluyó que el despliegue acelerado de fuentes de energía renovable y la adopción de esquemas fiscales estrictos serán las únicas herramientas capaces de reorientar el rumbo climático antes de alcanzar puntos de no retorno para la estabilidad ecológica mundial.

El Canal de Panamá concluyó su año fiscal registrando una cifra histórica en el movimiento de mercancías, al alcanzar un total de 521 millones de toneladas métricas transportadas a través de su cauce interoceánico, superando el máximo previo que se mantenía desde el año 2022.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) detalló que el incremento inusual en el flujo comercial estuvo fuertemente influenciado por la crisis geopolítica en Medio Oriente, particularmente por el cierre parcial del estratégico estrecho de Ormuz, lo que obligó a numerosas navieras internacionales a desviar sus rutas habituales hacia la vía panameña.

Ante la sobredemanda de tráfico marítimo para el traslado de energéticos como gas natural licuado y petróleo, la administración del canal elevó de manera temporal su capacidad operativa diaria de 36 a 41 buques, garantizando un flujo constante a pesar de las presiones internacionales sobre el comercio global.

Este hito financiero y operativo se consiguió sorteando además los desafíos ambientales derivados de la escasez de lluvias y los estragos del fenómeno climático de El Niño, los cuales habían reducido de manera importante los niveles de agua en los lagos artificiales que alimentan las esclusas durante los meses previos.

Con ingresos totales que ascendieron a los 6 mil 600 millones de dólares, la infraestructura reafirmó su papel indispensable dentro de la cadena de suministro internacional, concentrando cerca del 5 por ciento del comercio marítimo mundial y consolidando su conectividad económica entre los mercados de Asia y el continente americano.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) presentó un informe ante la Asamblea General en el que advirtió sobre la gravedad y persistencia de las desapariciones de personas en México, señalando la existencia de indicios fundados de que dichas conductas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Durante la sesión celebrada en la sede del organismo internacional, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, activó de manera formal el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo preventivo de carácter excepcional concebido para movilizar la cooperación técnica e institucional a nivel global.

El representante del organismo multilateral enfatizó que el apoyo internacional busca coadyuvar en las labores de búsqueda, el esclarecimiento de la verdad, la atención a la crisis forense y la protección de los colectivos de familiares y defensores de derechos humanos en el país latinoamericano.

Por su parte, la delegación del Estado mexicano reconoció ante la Asamblea General la existencia de desafíos estructurales complejos —incluyendo la participación de autoridades de carácter municipal en algunos de los casos— y defendió las acciones emprendidas mediante el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías locales, reportando la localización de miles de personas en lo que va del año.

La sesión estuvo marcada por momentos de tensión tras el desalojo de un grupo de familiares de personas desaparecidas que participaban en las inmediaciones del recinto con pancartas y fotografías, un hecho que generó expresiones de solidaridad por parte de los expertos internacionales y renovó el debate sobre la eficacia de las políticas de búsqueda en México.