Después de más de 30 años de litigio, el gobierno estatal concilió el pago de 45 millones de pesos para recuperar casi cuatro hectáreas del predio conocido como Exrancho San Isidro y Santa Bárbara, ubicado en la Loma Xicohténcatl, en la capital de Tlaxcala.

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Se trata de un espacio que entró en conflicto legal entre una familia y el Estado durante el gobierno del exmandatario Tulio Hernández Gómez, quien lo expropió con el argumento de construir oficinas, pero que presuntamente no cumplió con ese objetivo. Desde entonces, la familia peleó por la recuperación a través de diversos recursos legales, el más reciente es un juicio de amparo de 2013 promovido por la sucesión de Miguel Osorio Ramírez en contra de un decreto expropiatorio del inmueble que tiene una superficie de 39 mil metros cuadrados.

En 2020, el gobierno estatal fue condenado a regresar a la familia la posesión del predio que le fue desposeída, pero tras un acuerdo conciliatorio y el pago de 45 millones de pesos que consolidó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ese terreno ya es propiedad del Estado.
Ayer, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó sobre la recuperación de un bien material a través de la conciliación (el segundo en su administración), y que desde hace bastantes años estaba en litigio: un terreno de 39 mil metros cuadrados pertenecientes al Exrancho San Isidro y Santa Bárbara, ubicado en la Loma Xicohténcatl.

En conferencia de prensa, comunicó que el gobierno del Estado cumplió con la sentencia de Juicio de Amparo que le ordenó dejar sin validez el procedimiento expropiatorio de ese predio, pero a través de la conciliación de un pago de 45 millones de pesos para recuperar ese terreno.

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Acompañada del equipo jurídico del gobierno, contó que hace más de 30 años, durante el gobierno de Tulio Hernández Gómez, esa zona que era propiedad de una familia fue expropiada para la construcción de oficinas, pero que al no tener ese uso los antiguos dueños iniciaron un procedimiento jurídico para recuperar el exrancho.

Indicó que el problema legal, que duró muchos años y muchas administraciones estatales, causó una sentencia federal que obligaba al Estado a pagar 339 millones de pesos, pues debido a que en su mayoría la superficie está ocupada por terceros, el gobierno estaba imposibilitado jurídica y materialmente para hacer la restitución de las tierras. “Por eso, y para evitar un conflicto social de graves consecuencias, se tomó la decisión de convenir con la parte quejosa”.

Explicó que para dar cumplimiento a la ejecutoria de Amparo el gobierno logró un acuerdo con la familia para pagarle la cantidad de 45 millones de pesos, y ya no los 339 millones de pesos, de los cuales 40 ya fueron saldados y los otros cinco les serán otorgados en abril de 2023.

Cuéllar Cisneros aseveró que la parte quejosa cedió en forma amplia y sin reserva ni limitación alguna todos los derechos sobre esa superficie, incluso la posesión y propiedad, de ahí que la escritura pública de ese bien ya está a nombre del Estado.

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De esta forma estamos resolviendo un conflicto que lleva 39 años, de una lucha de una familia que dio seguimiento a toda esta expropiación que hace muchos años se llevó a cabo… este gobierno siempre va a privilegiar la conciliación como el instrumento más importante para dar soluciones, y que ante cualquier controversia judicial haya ese diálogo y esa alternativa, ratificó.

Acompañada, entre otras personas, de José Rufino Mendieta Cuapio, consejero jurídico del Ejecutivo, y de Miguel Sánchez Ramírez, director jurídico de la Secretaría de Gobierno, la mandataria estatal informó que ahora que el terreno es propiedad del gobierno, la administración iniciará un proceso de regularización de los 13 predios y espacios que forman parte del exrancho, y que buscará acercamientos con las personas que ocupan esos inmuebles para darlos en comodato o acordar otras formas contractuales.

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Respetando en todo momento el derecho de terceros que acrediten su buena fe, y también se promoverán las acciones legales que resulten pertinentes en los casos que así corresponda, sin dejar de considerar que el orden público y la paz social son fundamentales para este gobierno, expresó.

Contó que hace unos días, junto con personal del gobierno, hizo un recorrido por los espacios baldíos que podrán ser utilizados para obras de beneficio social, por lo que en un primer momento quedaron cercados.

De acuerdo con el equipo jurídico y legal del gobierno, las personas que ocupan alguno de los predios que ya son propiedad del Estado deben acudir a la Consejería Jurídica del gobierno de Tlaxcala para analizar su caso y acordar soluciones.

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Y es que las antiguas escrituras de esos espacios ya fueron canceladas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, porque el Tribunal Colegiado así lo ordenó, de ahí que los cerca de 100 espacios físicos construidos deberán ser regularizados, y quienes no acepten algún convenio o un comodato en particular tendrán que seguir las acciones legales correspondientes para lograr la restitución.

Durante la conferencia de prensa, el director jurídico de la Secretaría de gobierno destacó que si la gobernadora no hubiera logrado la conciliación y la concertación de acuerdos con la parte afectada, el Estado corría el riesgo de pagar 339 millones de pesos correspondientes al avaluó del terreno.

Fue un acuerdo muy benéfico ya que el gobierno pagó menos (45 millones de pesos) de lo que la sentencia señalaba, hubo un acuerdo de voluntades, fue firmado un acuerdo y ya fue pagada la mayor parte de la cantidad acordada, expresó.

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Además del ahorro económico, indicó, la administración estatal obtuvo la propiedad y posesión de todos los bienes que forman parte del predio, por lo que ahora la propuesta del gobierno del Estado es que las personas que ocupan algún espacio en esa zona se acerquen para resolver el asunto, y enfatizó que la expropiación hecha hace años fue irregular.

Por otro lado, Sánchez Ramírez aseveró que en los acercamientos que el gobierno tendrá con las personas que actualmente ocupan los predios que el Estado recuperó no habrá un trato diferente, pues sostuvo que el Ejecutivo está obligado a respetar de forma irrestricta los derechos humanos y a respetar cabalmente la garantía de audiencia que tienen todas esas personas.

Todo se llevará a cabo, primero, bajo la instancia de la conciliación como medio alternativo de solución a los conflictos, de quienes no estuvieron de acuerdo tendrá que seguirse este procedimiento ante las instancias legales, añadió.

Y prometió estricto respeto a la garantía de audiencia y de todos los derechos de las personas, pues dijo que será la autoridad competente la que resuelva cualquier situación que surgiera al no descartar posibles escenarios de gente con muchos años de posesión, que la adquirió de buena fe en primera instancia y que eventualmente tendría que ser respetada en esos términos.

45 millones de pesos concilió el gobierno del estado de Tlaxcala como pago sustituto.
13 lotes y predios conforman el exrancho San Isidro y Santa Bárbara.
Las personas que ocupan los predios que ya son propiedad del gobierno deben arreglar su situación lo más pronto posible, eso a pesar de que la ley prevé un término de cinco años para que opere la figura de la prescripción positiva o negativa, según sea el caso.