El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó el respaldo de la administración estatal a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la defensa de la soberanía nacional e injerencias de países extranjeros.
Dicho pronunciamiento surge tras la publicación de cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su rueda de prensa en Ciudad de México, subrayó que la entidad se alinea con la política federal de respeto irrestricto a la autodeterminación del país frente a las acusaciones externas.
«Puebla se manifiesta plenamente en respaldo a la postura de respeto a la soberanía nacional de nuestro país», afirmó.
El mandatario estatal enfatizó que la base jurídica de esta postura emana directamente de la voluntad popular y el orden constitucional, por lo que en sus palabras dijo que «la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo».
Recordó que la Constitución Política es explícita en prohibir cualquier tipo de intervención que vulnere las instituciones nacionales.
«La Constitución establece en México que, bajo ninguna circunstancia, se aceptarán intervenciones, intromisiones o actos del extranjero que lesionen su integridad, independencia o soberanía», sentenció.
Asimismo, precisó que, incluso en temas de seguridad y justicia coordinada, el Estado mexicano mantiene el control sobre sus procesos, razón por la que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin autorización y colaboración.
En este contexto, hizo referencia al marco legal que regula la conducta de los servidores públicos frente a naciones extranjeras y señaló que cualquier intento de supeditar la justicia nacional a intereses foráneos tiene implicaciones penales graves en el código vigente.
Reiteró que Puebla acompañará de manera permanente las acciones que la titular del Ejecutivo federal emprenda para salvaguardar la autonomía del país, pues el proceso contra el gobernador de Sinaloa debe resolverse bajo el rigor de la ley mexicana.
Finalmente, dijo que, sin evidencia irrefutable presentada ante las autoridades nacionales, no se permitirá que procesos externos dicten la agenda de gobernabilidad en las entidades federativas.