Mientras la discusión pública se concentra en el carácter militar de la Guardia Nacional (GN) y hasta cuándo deben permanecer las fuerzas armadas desplegadas a lo largo del territorio nacional en labores de seguridad, las policías estatales y municipales continúan en franco deterioro. Hoy esas corporaciones, con contadas excepciones, están en peores condiciones de las que tenían al iniciar la presente administración federal, debido a que se les recortaron presupuestos y a la falta de atención.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), expuso que es muy importante tener policías estatales y municipales que funcionen bien, porque no todos los delitos son del fuero federal.
La Guardia Nacional puede coadyuvar en acciones y el Ejército lo está haciendo, pero, quien debe atender los problemas de seguridad del ciudadano son las policías locales de todo el país.
En ese sentido, destacó que la situación actual de las policías estatales y municipales es muy preocupante, porque el gobierno federal solamente se está planteando mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad, sin hacer algo por subsanar las deficiencias de las corporaciones locales. “Lamentablemente, en este sexenio se ha dejado de invertir en ellas”.
Por su parte Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común, afirmó que la política pública de seguridad del país no cuenta con el presupuesto necesario para generar los mecanismos y estrategias que den a los mexicanos la seguridad que merecen.
El presupuesto para seguridad que se ejerce en los estados se integra de las partidas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y, hasta el 2020 (porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo eliminó), el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), esos recursos deben ser suficientes para el desarrollo de capacidades institucionales a escala municipal y estatal, para la implementación de políticas de prevención de la violencia, para desarrollo policial, infraestructura, equipamiento, entre otros, pero actualmente eso no se cumple.
En ese sentido, Ahumada destacó que de 2018 a 2022, en términos reales, el FASP se ha mantenido estancado y el Fortaseg desapareció, a pesar de los niveles de violencia que se registran en el país.
En 2018 el FASP tuvo un presupuesto de 6,989 millones de pesos y para 2022 fue de 7,988 millones, mientras que el Fortaseg pasó de 5,000 millones de pesos en 2018 a 4,000 millones en 2021 y para 2021 y 2022 no se le asignaron recursos.
En el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 que analiza el Congreso, considera asignar 8,786 millones de pesos al FASP.
En tanto, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) han obtenido más influencia, poder político y presupuesto. En lo que va del sexenio actual, el gobierno federal aumentó casi 40% el presupuesto de la Sedena, 12% el de Marina y 18% el de la Guardia Nacional.
Según el estudio “La situación de las policías en México 2018-2022”, realizado por Causa en Común, los recursos no solo son insuficientes para atender las necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de manera significativa, mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en ascenso o se mantienen en niveles extremadamente altos, y se incrementan las partidas presupuestales asignadas a las fuerzas armadas.
Francisco Rivas llamó la atención en que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2023 podemos ver cómo los recursos destinados a las policías estatales y a las fiscalías se redujo entre un 20 y 40 por ciento.
Además, llevamos tres años sin destinar recursos federales para fortalecer a las policías municipales.
Dijo que hay una responsabilidad del gobierno federal, el Congreso de la Unión, pero también de autoridades estatales, porque no destinan presupuesto a las policías, debido, principalmente a que como no hacen un esfuerzo para recaudar impuestos, no cuentan con recursos para seguridad.
Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde) recordó que en los artículos transitorios de la ley que da origen a la Guardia Nacional se establece que en un periodo de cinco años de debía fortalecer a las policías locales. Concretamente se mandata fortalecer capacidades operativas e institucionales.
Lo que ocurrió fue que el gobierno federal se concentró en apuntalar la Guardia Nacional y desatendió a las policías estatales.
Dijo que hay gobernadores que prefieren que el gobierno federal acuda a resolver el problema de inseguridad en sus entidades y abandonan a sus policías, lo cual se refleja tanto en la inseguridad como en las condiciones laborales de los agentes policiacos.
En ese sentido el informe “Guardia Nacional 3 años de definición militarista”, realizado por Causa en Común señala que la ley que crea la Guardia Nacional en su artículo quinto transitorio establece las obligaciones de las entidades federativas para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
El artículo séptimo transitorio estableció un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma para que las entidades federativas presentaran el diagnóstico y el programa de incremento del estado de fuerza, así como las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
También estableció la obligación de que los estados establecieran las “previsiones presupuestales” para su cumplimiento, y a partir del siguiente año después de la entrada en vigor del ordenamiento, informaran cada año a sus respectivos Congresos sobre avances en estos rubros.
En 2020, 30 entidades entregaron su diagnóstico, faltando Baja California Sur y Zacatecas; 27 entregaron su programa de fortalecimiento, faltando Baja California, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas; y 20 entregaron su propuesta de presupuesto, exceptuando Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Para 2021, 30 entidades entregaron su diagnóstico, 29 su programa de fortalecimiento y 22 su propuesta de presupuesto. En cuanto a la obligación de presentar sus informes anuales a los Congresos locales, el SESNSP señaló que, en 2020, tres entidades no dieron cumplimiento (Baja California, Baja California Sur y Zacatecas), y para 2021, apenas 14 entidades habían cumplido.
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