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Habra una investigación a petición de juez tras la muerte del actor Raúl Boy en penal de San Miguel

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Por tortura, incomunicación y hasta por posible desaparición forzada de personas, la hija del actor Raúl Boy Pegaza, interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el estado de Puebla, mismo que fue admitido por la autoridad judicial.

Se trata del amparo 928/2022 en donde se reclama principalmente la incomunicación, así como los tratos inhumanos y degradantes que sufrió Raúl Boy de 73 años al interior del penal de San Miguel, en Puebla y en donde falleció una semana después de su detención por presuntos actos de tortura, de acuerdo con Ángeles Boy, hija del actor.

En el documento, al que tuvo acceso e-consulta, se ordena al Ministerio Público federal “realice en su caso la investigación efectiva a su cargo” e incluso si la fiscal a cargo del caso decide abrir la investigación correspondiente, dé vista al delegado de la Fiscalía General de la República en Puebla para que “establezca o descarte las manifestaciones de tortura que se advirtieron” en el juicio de amparo.

Ángeles Boy informó a e-consulta que no le han entregado el cuerpo de su padre incluso afirmó que Fiscalía General del Estado no le ha comunicado nada respecto a los restos, por lo que en el amparo se solicita localizar el cadáver de forma inmediata o de lo contrario la acción se pudiera catalogar con el delito de Desaparición Forzada de Personas, lo que violaría otros derechos humanos.

La demanda de amparo es en contra de la directora del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, María del Rayo Mendoza Farfán.
El abogado que lleva la demanda, Gerardo Antolín Gallegos, explicó que era necesario que las autoridades abrieran una investigación por la posible negligencia ocurrida en el Cereso de San Miguel.

Esto debido a que, en vida, Raúl Boy comunicó a su hija los malos tratos que recibió en el penal de San Miguel, además de que aseguró no se le administraron sus medicamentos retrovirales contra el Sida.

Ángeles Boy aclaró que no se le suministraron los medicamentos, debido a que la caja donde veían ya estaba abierta, y se necesitaban nuevos para asegurarse que efectivamente se trataba de la medicina que necesitaba.

Raúl Boy Pegaza era actor y comediante, ofrecía actos teatrales en las calles de Puebla y en otros estados de la República Mexicana. Dentro de sus últimas participaciones, estuvo la obra Primavera, la cual trataba de concientización ambiental y en la que actuó como dramaturgo. Esta obra escénica, fue financiada por el gobierno municipal de Puebla el año pasado. Ángeles Boy compartió a este medio, fotografías de algunas entrevistas que realizó su padre para algunos periódicos de Puebla.

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Investigan amenazas de alcalde auxiliar tras el asesinato del periodista Josué Martínez en Texmelucan

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La Fiscalía de Puebla ha activado un protocolo reforzado de protección a comunicadores tras el homicidio de «El Jaguar», ocurrido este jueves en San Lucas Atoyatenco.
Puebla Pue. El asesinato de Josué Martínez Contreras, docente y administrador del portal Noticias San Martín Texmelucan, conmocionado a la comunidad periodística. Familiares y allegados a la víctima han señalado directamente a Javier Montalvo Juárez, alcalde auxiliar de San Lucas Atoyatenco, como autor de amenazas previas contra el comunicador.

Un ataque directo frente a su hijo

El crimen ocurrió la mañana del jueves en la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Según los reportes iniciales, Martínez Contreras caminaba cerca de su domicilio acompañado por su hijo de 13 años cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.


Los atacantes dispararon en al menos seis ocasiones antes de huir del lugar. A pesar de la rápida movilización de los servicios de emergencia, el periodista de 39 años, conocido popularmente como “El Jaguar”, falleció en la escena tras recibir tres impactos de bala en el tórax y abdomen.

Investigación con enfoque de protección a periodistas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que ha iniciado las diligencias correspondientes y ha desplegado un equipo multidisciplinario para procesar la escena del crimen.


En un comunicado, la dependencia estatal enfatizó que la investigación se desarrollará bajo un “enfoque reforzado de protección a periodistas y personas comunicadoras”, garantizando que se agotarán todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de que el homicidio esté directamente vinculado con su labor informativa y social.

Perfil de la víctima

Josué Martínez Contreras era una figura activa en San Martín Texmelucan. Además de su labor docente, fundó la organización civil CRE-Arte, enfocada en la gestión de apoyos sociales para los habitantes de las juntas auxiliares. A través de su perfil en Facebook, Noticias San Martín Texmelucan, daba voz a las necesidades de los vecinos y mantenía una postura crítica, además de haber respaldado recientemente la candidatura independiente de Filemón Ramírez a la alcaldía municipal.


Hasta el momento, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan ha manifestado sus condolencias, mientras la Fiscalía mantiene el caso bajo reserva, comprometiéndose a informar sobre los avances de las pesquisas conforme lo permitan los protocolos legales.

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Familiares y gremio periodístico dan el último adiós a Josué Martínez

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Familiares, amigos y colegas del gremio periodístico dieron el último adiós a Josué Martínez Contreras, comunicador poblano que fue privado de la vida en días pasados. El sepelio se llevó a cabo en un ambiente de profunda consternación, dolor y una exigencia unánime a las autoridades: que el crimen no quede impune.

Durante las exequias, los asistentes recordaron a Martínez Contreras como un profesional comprometido con su labor informativa y una persona dedicada a su comunidad. Entre lágrimas y aplausos, el cortejo fúnebre acompañó el cuerpo del periodista hasta su última morada, convirtiendo el acto litúrgico en un fuerte llamado social por la paz y las garantías para el ejercicio periodístico en la entidad.

Exigencia de justicia
Representantes de diversos medios de comunicación y organizaciones locales se sumaron al reclamo hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que agilice las investigaciones. La principal demanda del gremio es el esclarecimiento total de los hechos, el arresto de los responsables materiales e intelectuales, y que no se descarte su actividad periodística como una de las líneas clave de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades estatales han manifestado que se encuentran trabajando en el caso para recabar los indicios necesarios, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad que permitan dar con el paradero de los agresores.

El asesinato de Josué Martínez Contreras se suma a la preocupante lista de agresiones contra comunicadores en el país, reavivando el debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en el estado de Puebla.

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Dan 56 años de prisión a «Chema» por la desaparición de Paulina Camargo

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El fallo judicial llega tras 11 años de incansable lucha de los padres de la joven. El caso marcó un precedente histórico en Puebla al convertirse en el primer gran símbolo de la exigencia contra el feminicidio que conmocionó a la entidad.

Por: Redacción

Puebla, Pue. — 17 de julio de 2026

A más de una década de impunidad y batallas legales, se ha dictado un fallo definitivo en uno de los casos penales más emblemáticos y dolorosos de la historia reciente de Puebla. Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 56 años y 6 meses de prisión en contra de José María N., alias “Chema”, tras hallarlo culpable del delito de desaparición de persona cometida en agravio de Paulina Camargo Limón y del bebé que ella esperaba.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa económica de 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), cifra que supera los 400 mil pesos mexicanos como concepto de reparación del daño.

El fin de una larga espera: «Se logró, familia»

La resolución se dio a conocer luego de una extenuante audiencia que se prolongó por casi cinco horas en las instalaciones del Centro de Justicia de la 11 Sur. Al salir del recinto, los padres de Paulina, con lágrimas en los ojos y los brazos en alto, compartieron el veredicto con los seres queridos y activistas que los esperaban afuera bajo el grito de “¡Se logró, familia!”.

José María N. ya acumulaba cerca de 11 años en prisión preventiva dentro del penal de San Miguel mientras se resolvía su situación jurídica. De acuerdo con testimonios de la familia de la víctima, el hoy sentenciado escuchó la resolución judicial sin mostrar señas de arrepentimiento.


Un hito histórico: El caso que despertó la conciencia de Puebla

El caso de Paulina Camargo, originado en agosto de 2015 cuando la joven tenía 19 años y cuatro meses de embarazo, guarda un profundo peso histórico y social para el estado de Puebla:

  • Símbolo de la lucha contra el feminicidio: Aunque el proceso penal se configuró bajo el delito de desaparición forzada e inicialmente por homicidio debido a vericuetos legales y a la ausencia del cuerpo, la sociedad civil y los colectivos lo adoptaron como el primer caso con características de feminicidio que impactó y movilizó masivamente a la sociedad poblana, visibilizando la violencia de género en la entidad.
  • Falta de perspectiva de género inicial: Los padres de Paulina tuvieron que interponer alrededor de 50 amparos a lo largo de 11 años para corregir las deficiencias de una investigación que inicialmente careció de protocolos de género y que incluso llegó a revictimizar a la joven.
  • Una herida que permanece abierta: A pesar de la histórica sentencia condenatoria en contra de «Chema», el paradero de Paulina Camargo y de su hijo sigue siendo un misterio. Para la familia, la justicia legal se ha alcanzado, pero la búsqueda humanitaria continúa vigente.

La fecha del 17 de julio de 2026 quedará grabada como el día en que los tribunales poblanos cerraron uno de los capítulos judiciales más largos de la entidad, dejando un precedente crucial sobre la responsabilidad penal en casos de desaparición vinculada a la violencia de género.

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