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Denuncian por delitos ambientales a exedil de Juan Galindo

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El ayuntamiento de Juan Galindo, a través de la síndico municipal Guadalupe Leyva, interpuso una denuncia por presuntos delitos ambientales contra el ex presidente municipal Carlos Gilberto Garrido Torres, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que a su vez turnó el caso a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa).

La denuncia se sustenta en el hecho de que el ex edil, Carlos Garrido, construyó un nuevo sistema de agua potable sin los permisos ambientales, obra que habría costado 7 millones de pesos y estaría identificada bajo el registro FORFI-20-001.
Además, según se explicó en la denuncia, no hubo cambio de uso de suelo en los terrenos forestales donde se construyó la obra, además de que se realizó tala de árboles sin los permisos correspondientes y la devastación se considera irreversible.

De acuerdo a la representante de la actual administración y aun cuando el alcalde actual Maximino Muñoz participó como regidor en la administración del denunciado Carlos Garrido, se identificaron inconsistencias: “ya que no se encontraba operando (la obra) y también se encontraba inconclusa, tampoco existen validaciones técnicas autorizadas por las dependencias normativas, considerándose que la citada obra no era procedente por no estar justificada técnica ni jurídicamente”.
Derivado de esto, se clausuró el nuevo sistema de agua, mientras que la Profepa, en una visita al sitio, constató la afectación a la Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidroeléctrica del Río Necaxa (Área Natural Protegida), determinando que los tocones correspondientes al arbolado derribado y aprovechamiento de los recursos forestales maderables correspondientes a pino, cedro blanco y jonote, ascendieron a 16 árboles cuyo volumen total se estimó en “veintiocho metros cúbicos, con doscientos dieciocho decímetros cúbicos volumen”.

Por estos presuntos delitos ambientales, se podría establecer una responsabilidad penal contra el expresidente Carlos Garrido Torres, aunque habría que esperar su defensa.

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Estudiantes de la BUAP llevan el conflicto por el agua y territorio en Cholula a la pantalla grande

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Un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) convirtió la lucha comunitaria y ambiental de las Cholulas en una pieza cinematográfica. A través de la producción de un documental independiente, los jóvenes realizadores registraron las complejas problemáticas socioambientales que aquejan a San Pedro y San Andrés Cholula, poniendo un foco particular en la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la pérdida de tierras agrícolas y el acelerado crecimiento urbano que amenaza la identidad cultural de la región.

El proyecto audiovisual surge como una respuesta académica y social ante el impacto que el desarrollo inmobiliario y comercial desmedido ha generado en la zona del valle de Puebla. Los universitarios se internaron en las comunidades para recoger los testimonios directos de campesinos, activistas, defensores del territorio y vecinos de la zona, quienes desde hace años han denunciado la sequía de pozos artesanales y el despojo paulatino de los recursos naturales que históricamente han sostenido a sus familias.

A lo largo de la pieza, el documental expone cómo el crecimiento de los fraccionamientos residenciales y plazas comerciales ha alterado drásticamente la dinámica tradicional cholulteca. A través de tomas de campo e historias de vida, se contrasta la visión ancestral de cuidado del medio ambiente con la lógica de mercado, haciendo un énfasis crucial en la escasez de agua como un foco de alarma inmediata para el ecosistema local y la calidad de vida de sus habitantes.

Además de abordar la crisis ecológica, la obra rescata la resistencia organizada de los pueblos originarios y colectivos que luchan por frenar los megaproyectos extractivos en la región. Para los realizadores, la cinta no solo busca ser un diagnóstico del problema, sino también una herramienta de memoria histórica, concienciación comunitaria y visibilización nacional e internacional sobre la urgente necesidad de frenar el deterioro ambiental en una de las zonas de mayor riqueza cultural del estado.

Con esta propuesta cinematográfica, los alumnos de la BUAP reafirmaron el compromiso social del cine documental como un puente entre la investigación universitaria y las demandas sociales. Se prevé que el trabajo audiovisual sea proyectado en diversos foros académicos, festivales de cine independiente y recintos culturales de la entidad, con el objetivo de promover mesas de diálogo entre la ciudadanía, académicos y autoridades para buscar soluciones sostenibles ante la crisis hídrica y territorial que enfrenta Cholula.

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Exigen investigar presunta corrupción y omisión policial en Atlixco tras denuncia ciudadana

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ATLIXCO, Pue. — Habitantes y grupos ciudadanos del municipio de Atlixco hicieron un llamado público al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para intervenir de manera urgente ante presuntos actos de corrupción, omisión y colusión de elementos de la Policía Estatal en la región.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los inconformes señalaron que mandos policiales asignados a la zona, entre ellos el comandante Raúl Castañeda Millán y un efectivo de apellido Allende, habrían ignorado reportes previos sobre la presencia y actividades ilícitas de presuntos generadores de violencia que operaban extorsiones y robos en la Autopista Siglo XXI.

La denuncia detalla que, pese a las alertas entregadas a los agentes estatales sobre escondites en municipios colindantes como Tianguismanalco, las autoridades locales no actuaron, siendo finalmente la Secretaría de Marina (SEMAR) la que concretó en mayo pasado la detención de dos sujetos identificados como «Julián» y «Martín», señalados de pertenecer a una célula delictiva.

Asimismo, acusaron el presunto uso indebido de unidades oficiales entre las que mencionan las patrullas 2309, 2304 y la camioneta 1161 para la movilidad de sustancias ilícitas extraídas de un inmueble en la junta auxiliar de Emiliano Zapata Nexatengo, por lo que solicitaron a las autoridades la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para deslindar o confirmar responsabilidades.

Los pobladores advirtieron que los delitos de alto impacto como robos de vehículo, asaltos y secuestros se han incrementado en los accesos al municipio, particularmente en las inmediaciones del Arco de Seguridad de la Siglo XXI, por lo que urgieron a las dependencias estatales y federales a realizar una auditoría operativa e investigar a fondo el actuar de los mandos policiales desplegados en Atlixco.

Sin embargo hasta el momento no hay una investigación en proceso acorde a los elementos mencionados ni que dichos señalamientos hayan pasado por los canales indicados para su ejecución.

MLC

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Ayuntamiento de Puebla impulsa acciones para prevenir conductas antisociales en la capital

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PUEBLA, Pue. — El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó el despliegue de una serie de intervenciones orientadas a la prevención de conductas antisociales y al fortalecimiento del tejido social en diversas colonias con índices de vulnerabilidad.

El programa municipal contempla la integración de comités vecinales de vigilancia, el incremento de patrullajes preventivos, la instalación de luminarias y la intervención de espacios públicos deteriorados para convertirlos en áreas de convivencia comunitaria.

Durante su recorrido, el alcalde Chedraui enfatizó que la estrategia de seguridad del municipio no se limita a la contención operativa, sino que otorga prioridad al combate de las causas estructurales de la violencia mediante oportunidades deportivas, culturales y educativas para jóvenes.

Las intervenciones se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el DIF Municipal y las áreas de Bienestar, garantizando una atención integral para las familias y los comerciantes de los cuadrantes intervenidos.

Vecinos de las zonas beneficiadas entablaron diálogo directo con las autoridades locales para exponer peticiones en materia de servicios públicos y seguridad, comprometiéndose a colaborar activamente en las redes de vigilancia ciudadana implementadas por la Comuna.

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