El gobierno de Venezuela pidió a la comunidad internacional desbloquear los recursos financieros que permanecen congelados en el extranjero para destinarlos a la recuperación de las zonas devastadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, los cuales han dejado un saldo de 3 mil 685 personas fallecidas y alrededor de 17 mil heridos.

La solicitud fue planteada por el canciller Iván Gil durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), donde afirmó que esos recursos son indispensables para atender la emergencia y acelerar la reconstrucción del país.
El funcionario sostuvo que los activos pertenecen al Estado venezolano y permanecen inmovilizados debido a las sanciones internacionales, por lo que consideró prioritario establecer un mecanismo que permita utilizarlos en beneficio de la población afectada.

Por su parte, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien se encuentra de visita en Venezuela, informó que el organismo requiere 296 millones de dólares para brindar asistencia a 1.3 millones de personas durante los próximos seis meses. Indicó además que ya existe un plan de acción con objetivos y plazos definidos para responder a la emergencia.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, tuvieron su mayor impacto en el estado costero de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y miles de familias perdieron sus viviendas. Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas a 3 mil 685 fallecidos, cifra superior a la reportada un día antes.

El gobierno de Cuba pidió ante la Asamblea General de la ONU poner fin al embargo de Estados Unidos contra la isla, durante un debate especial en el que el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció la política de sanciones impulsada por Washington.

Durante su intervención, Rodríguez acusó al gobierno estadounidense de mantener una estrategia de presión contra Cuba, a la que calificó como una acción de carácter multidimensional y cada vez más severa en los últimos meses. También señaló que existen conversaciones diplomáticas bilaterales propuestas por Estados Unidos y aceptadas por La Habana, aunque reconoció que hasta ahora no han generado resultados.
La realización del debate especial fue aprobada con 136 votos a favor, nueve en contra y 40 abstenciones, una cifra menor al respaldo que Cuba suele recibir en las votaciones anuales de la ONU contra el embargo estadounidense. En octubre de 2025, la resolución no vinculante para exigir el levantamiento de estas medidas obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

Desde 1992, la Asamblea General vota cada año una resolución que solicita el fin del embargo contra Cuba, aunque el apoyo mostró una ligera disminución en la más reciente votación. En esta ocasión, algunos países que tradicionalmente habían respaldado a la isla, como Alemania y Canadá, optaron por abstenerse.

Entre los países de América que votaron a favor de llevar el tema a debate estuvieron México, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En contraste, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay votaron en contra, mientras que Bolivia, Canadá y Ecuador se abstuvieron.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció el respaldo de los 136 países que apoyaron la discusión en la ONU y acusó presiones previas para intentar frenar el debate. Desde la postura de La Habana, cada voto a favor representó un gesto de respaldo frente a las medidas coercitivas de Washington.

Por su parte, el embajador estadounidense Mike Waltz rechazó que exista un bloqueo contra la isla y defendió que el problema central de Cuba está relacionado con su propio gobierno. Durante su intervención, pidió apoyar al pueblo cubano, pero no al régimen.

Algunos representantes internacionales también expresaron críticas a la política estadounidense hacia Cuba, aunque señalaron que la situación económica y social de la isla no puede explicarse únicamente por el embargo. El embajador de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis, apuntó a la necesidad de reformas económicas y sociales urgentes en el país caribeño.

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó de forma provisional este martes las restricciones impuestas al deporte ruso, una decisión que abre la puerta a que sus atletas vuelvan a competir en vías de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida no implica todavía la restitución plena de símbolos nacionales: el COI no ha resuelto por ahora si Rusia podrá usar bandera, himno o colores oficiales en competiciones olímpicas.

La decisión representa un giro importante después de más de cuatro años de tensiones en torno a la participación rusa en el movimiento olímpico, en el contexto de la guerra en Ucrania y de las sanciones ligadas al caso de dopaje.

Según el COI, la flexibilización busca permitir la participación de atletas rusos en competiciones deportivas internacionales, aunque varios detalles operativos quedarán sujetos a futuras definiciones del organismo y de las federaciones internacionales.