La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que un juez de control vinculó a proceso al exalcalde, al exsíndico ya un exregidor del municipio de San Juan Lajarcia , en el distrito de San Carlos Yautepec, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género .

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) , la investigación se inició tras la denuncia presentada por GMD , quien fue electa por la Asamblea Comunitaria como regidora y posteriormente se enfrentó a obstáculos, maltratos y conductas discriminatorias por parte de las autoridades municipales, que le impidieron ejercer sus funciones.
Según la denuncia, la víctima fue objeto de violencia verbal, psicológica y de exclusión , basada en estereotipos de género, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación. Con base en las pruebas recabadas, la FEDE obtuvo las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios AHV, JAAM y RFRS , quienes fueron detenidos y presentados ante el juez.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los elementos que sustentan la imputación y solicitó la vinculación a proceso, misma que fue concedida al acreditar los indicios suficientes del delito previsto en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales , relativo a la violencia política contra las mujeres en razón de género .

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a participar libremente en la vida pública y política , sin sufrir discriminación ni agresiones derivadas de su género.

En un comunicado, la institución subrayó que comenzará fortaleciendo las acciones de investigación, sanción y prevención de este tipo de delitos, en coordinación con los órganos electorales y las autoridades judiciales.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de un proyecto vinculado con desalojos forzosos en la capital, luego de que decenas de manifestantes bloquearon los accesos del edificio principal durante varias horas en protesta por lo que consideran una “legitimación de los desalojos arbitrarios” , fenómeno que, aseguran, se ha intensificado rumbo al Mundial de Fútbol 2026 .

Desde las primeras horas del lunes, vecinos, activistas y representantes de colectivos de vivienda se congregaron frente al máximo tribunal y mantuvieron bloqueadas sus entradas por cerca de cuatro horas. La presión llevó a los ministros a retirar temporalmente de la sesión el análisis del proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González
“Ya se bajó (de la discusión), pero lo que pedimos es que se revalúe la orientación del proyecto”, explicó Arturo Aparicio , asesor legal de varios vecinos desalojados en distintas zonas de la ciudad.

El caso deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2019 , promovida hace siete años por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México , en contra de la eliminación de diversas garantías en los procesos de desalojo contemplados en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías . Dicho artículo fue aprobado en febrero de 2019 y reformado en mayo del mismo año.

Aparicio señaló que los manifestantes exigen retomar la redacción original del artículo 60 , con el fin de evitar desalojos que vulneren derechos humanos .

Por su parte, Eduardo Alanís , integrante del Frente Antigentrificación , sostuvo que el proyecto en revisión busca validar la constitucionalidad de una norma que, en la práctica, permite expulsiones sin juicio previo ni garantías legales . “Ese proyecto le da la espalda a quienes vivimos en esta ciudad y favorece a las inmobiliarias… todo esto ocurre por los partidos del Mundial que se jugarán aquí”, denunció.

Antes de ingresar a la Corte acompañado por una comitiva de representantes vecinos y activistas, Aparicio insistió en que la reforma de 2019 violó el principio de progresividad en materia de derechos humanos, pues retrocedió en la protección de las personas frente a desalojos forzosos.

“El reconocimiento de garantías reales no implica que los propietarios pierdan su derecho de propiedad, sino que debe existir un debido proceso , con notificación previa y derecho a audiencia”, puntualizó.

Entre los asistentes se encontró a Rufina Galindo , de 71 años, quien fue desalojada en 2023 de su vivienda en el Centro Histórico . La mujer pidió a los ministros —que conformen la primera Corte electa por voto popular en México— “pensar en el pueblo” y garantizar el derecho a una vivienda digna.

“Los desalojos son traumatizantes, dejan secuelas psicológicas y miedo a las autoridades”, expresó.

La manifestación, que comenzó alrededor de las 8:00 horas , se extendió hasta después de las 15:00 , con el cierre total de la vialidad frente al edificio de la Corte, mientras la comitiva ciudadana continuaba en diálogo con los ministros para exigir que se revalúe el sentido del proyecto judicial .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo jueves encabezará en Puebla la mesa de seguridad como parte de las reuniones de coordinación que realiza de manera periódica con autoridades estatales y federales.

Fue durante su tradicional conferencia matutina donde Sheinbaum Pardo explicó y dio más detalles sobre la gira que realizará en distintos estados.

Durante las mesas de seguridad, se analizarán los indicadores delictivos en la entidad, los avances de los operativos conjuntos y las estrategias implementadas para reforzar la seguridad en las distintas regiones del estado.

Se prevé que, en la sesión, participe el gobierno estatal, autoridades municipales, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y otras dependencias encargadas de la seguridad pública.

La visita forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento directo a las acciones en materia de prevención del delito y combate a la violencia en las entidades federativas.