MOSCÚ, Rusia. — El partido oficialista Rusia Unida encabezó los resultados preliminares de las elecciones legislativas para renovar la Duma Estatal. Los comicios, desarrollados a lo largo de tres jornadas, coincidieron con la mayor ofensiva de drones registradas sobre la capital rusa desde el inicio de las hostilidades militares con Ucrania.

Los primeros reportes emitidos por la Comisión Electoral Central colocan a la formación política respaldada por el presidente Vladímir Putin al frente en la contabilización de los 450 escaños del parlamento. Con una participación registrada superior al 56%, el partido gobernante perfila conservar la mayoría absoluta tanto en la vía proporcional como en las circunscripciones uninominales.

De manera simultánea a la jornada de votación, Moscú y su área metropolitana sufrieron un ataque masivo con aeronaves no tripuladas. Reportes oficiales indicaron la interceptación de cientos de drones sobre diversas provincias del país, de los cuales decenas tenían como objetivo la capital, donde se registraron tres personas muertas y una veintena de heridos tras impactar en zonas residenciales e infraestructura energética.

Las autoridades de la alcaldía moscovita atribuyeron la ofensiva a un intento deliberado por desestabilizar el desarrollo del proceso electoral. Por su parte, mandos ucranianos confirmaron la ejecución de operaciones a larga distancia dirigidas contra centros logísticos e instalaciones petroleras empleadas para el reabastecimiento de las fuerzas armadas rusas.

Las elecciones parlamentarias representaron los primeros comicios legislativos desde 2022 y abarcaron también zonas ocupadas que han sido objeto de controversia internacional. A pesar de los ataques de la madrugada, los recuentos continuaron en todo el territorio bajo resguardo de las fuerzas de seguridad estatales.

AUSTIN, EE. UU. — Un operativo desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Austin, Texas, derivó en un tiroteo que dejó a un hombre herido de bala y hospitalizado. Las circunstancias exactas que motivaron al agente federal a accionar su arma de fuego permanecen bajo investigación sin que se hayan dado a conocer detalles oficiales.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de West Anderson Lane, al norte de la capital texana, donde elementos de diversas corporaciones se concentraron tras la detonación de armas de fuego. En la escena se apreció un vehículo compacto con aparentes daños por disparos, mientras que cuerpos de emergencia trasladaron al herido a un centro médico cercano; la identidad del afectado no ha sido revelada.

El suceso provocó la inmediata reacción del congresista demócrata Greg Casar, quien solicitó formalmente la intervención de una instancia independiente para transparentar lo ocurrido. Casar demandó la difusión pública de los videos grabados por las cámaras corporales de los agentes involucrados para deslindar posibles responsabilidades penales.

El congresista criticó el actuar de las agencias de control migratorio al señalar la existencia de discrepancias en reportes de tiroteos previos ocurridos en la región. Las corporaciones estatales únicamente confirmaron que ICE encabezaba una indagatoria previa en la zona, pero evitaron ofrecer una reconstrucción de los minutos anteriores a la agresión.

Este incidente ocurre en un clima de creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales de inmigración en territorio estadounidense. Comunidades locales y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron a las autoridades de Texas esclarecer la condición médica de la víctima y la legalidad del despliegue en Austin.

NUEVA YORK, EE. UU. — El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, defendió públicamente la medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump para restringir el acceso de periodistas pertenecientes a cadenas de noticias y portales informativos como CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca.

En una entrevista concedida a la propia cadena CNN, Waltz sostuvo que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para limitar la entrada de medios de comunicación cuando considere que su ejercicio periodístico no se conduce bajo criterios de buena fe. Para respaldar la postura oficial, el diplomático citó el precedente legal sentado en 1965 por la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Zemel v. Rusk, donde se determinó que la libertad de expresión no otorga de forma implícita un derecho ilimitado de acceso a la información gubernamental.

No obstante, la postura del gobierno norteamericano ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y analistas jurídicos. Diversos especialistas recordaron la vigencia de la sentencia sentada en el caso Sherrill v. Knight de 1977, fallo que establece que la revocación o negativa de pases de prensa institucionales debe atender a criterios claros, uniformes y previamente normados, impidiendo decisiones discrecionales por parte de los funcionarios públicos.

Ante la posibilidad de que la restricción se mantenga de manera indeterminada, la Fundación para la Libertad de Prensa anticipó que los equipos legales de los medios afectados podrían presentar recursos ante los tribunales federales en los próximos días. Entre las acciones contempladas se encuentra la solicitud de medidas cautelares que permitan a los reporteros recuperar el acceso a las coberturas presidenciales mientras se desahoga el litigio principal.

Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) condenó la postura del gobierno norteamericano y calificó la medida como un veto arbitrario en contra de la prensa libre. La organización señaló que la Enmienda Constitucional de los Estados Unidos tutela la independencia del ejercicio periodístico e impide que las instituciones gubernamentales condicionen el trabajo de la prensa.