La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, detalla una red de sobornos a cambio de facilitar el tráfico de drogas además de brindar protección institucional al Los Chapitos.

A cambio de sobornos, los acusados han colaborado presuntamente con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, razón por la que se les acusa de asociación delictuosa.

Uno de los señalados en la acusación es el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general en el gobierno de Rubén Rocha y presuntamente se reunió con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de Los Chapitos, para planear la protección, por parte del gobierno estatal, al cártel a cambio de favores.

Tanto Inzunza Cázarez, como Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa hasta 2024, ayudaron a los líderes de Los Chapitos a colocar a funcionarios en cargos específicos para traficar drogas.

Rubén Rocha Moya es señalado en una acusación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a Los Chapitos
Supuestamente, Díaz Vega les proporcionó a los líderes del cártel una lista con nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran amenazados y se retiraran de la contienda electoral.

Además, la acusación del gran jurado indica que los implicados le han proporcionado al crimen organizado información sobre procesos judiciales, investigación en contra de sus miembros, así como información sensible sobre militares y autoridades.

“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias”, dice la acusación.

En las pruebas que se presentan en la acusación hay una lista de los pagos del jefe de plaza de Culiacán a funcionarios del estado. El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, se encuentra bajo el alias de “Culiacán Regio”, y recibía 200 mil pesos mensuales.

Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía estatal hasta 2022, recibía 300 mil pesos al mes, al igual que su reemplazo, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien estuvo a cargo de la PDI hasta febrero de 2026.

“Entre otros aspectos, Contreras Núñez ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”, señala la acusación.
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, recibió un millón 754 mil 300 pesos a cambio de notificar a los Chapitos sobre redadas en los laboratorios de drogas para que los miembros del cártel trasladaran sus equipos a otra ubicación.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector de la Policía de Sinaloa de 2017 a 2022, recibía 100 mil pesos mensuales y también es señalado por informar a los Chapitos sobre operativos que presuntamente se realizarían en su contra.

Las acusaciones señalan filtración de operativos, protección al crimen organizado y participación en delitos que incluyen narcotráfico, armas de alto poder y secuestro con resultado de muerte

“Tuvo involucramiento en la notificación previa a los Chapitos de las operaciones de las fuerzas del orden público contra ellos, de modo que los miembros de los Chapitos pudieran evadir la detención y la detección y tomar medidas para protegerse antes de dichas operaciones”, señala la acusación.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, policía municipal de Culiacán, recibía 30 mil pesos mensuales y es señalado ayudar a sicarios a secuestrar a Alexander Meza León, informante de la DEA, quien posteriormente fue asesinado.

En total, la acusación señala cinco cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.

El ⁠Departamento de ⁠Justicia (DOJ, ⁠por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador ⁠del estado ​mexicano Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, ‌por su ‌presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

El ​DOJ afirmó que ​Rocha ​y los demás ‌señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de ‌apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.

Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los otros nueve acusados

Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.

Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

El uso del teléfono celular en México ya no será completamente anónimo. Desde inicios de 2026, entró en vigor una disposición que obliga a los usuarios a relacionar su número móvil con datos oficiales de identidad, una medida que ha generado dudas entre la población sobre su funcionamiento y posibles implicaciones.

La nueva regla, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establece que todas las líneas —ya sean de prepago o pospago— deben estar vinculadas a una persona física o moral. El registro se realiza mediante información como nombre completo, identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento básico en trámites gubernamentales.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el objetivo es reducir delitos como extorsión y fraudes telefónicos, los cuales suelen aprovechar el anonimato de las líneas no registradas. Al asociar cada número con una identidad verificable, se busca facilitar el rastreo de llamadas y reforzar las investigaciones en caso de denuncias.

Para que los usuarios puedan tener control sobre esta información, la propia comisión habilitó un sistema de consulta. A través de su portal, cualquier persona puede revisar cuántas líneas están registradas con su CURP. El proceso incluye ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la compañía telefónica correspondiente y proporcionar la clave personal. Una vez completados los pasos, el sistema muestra un listado con los números asociados.

Este mecanismo también permite detectar posibles irregularidades. En caso de encontrar líneas desconocidas, los usuarios tienen la opción de reportarlas o solicitar su cancelación directamente con su operador, lo que añade una capa de protección frente a usos indebidos de identidad.

El cumplimiento de este trámite tiene una fecha límite: 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido enfrentarán la suspensión de su línea, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia. Para recuperar el servicio completo, será necesario completar el proceso de vinculación.