Reprueban la intención de elegir mediante voto popular a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF, reducir la estructura de esas instituciones (y al mismo tiempo aumentarles tareas), eliminar el presupuesto para el gasto ordinario de partidos y eliminar los distritos electorales para elegir a diputados y senadores mediante un sistema de lista, que solo empoderaría a las burocracias partidistas

La iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador difícilmente será aprobada en el Congreso y más que buscar cambiar las reglas que rigen las elecciones en el  país, lo que podría buscar es apuntalar una narrativa dirigida a sus bases políticas, de cara a las elecciones de 2024, plantearon exconsejeros electorales.

Entrevistados por separado, expusieron lo que a su juicio son propuestas positivas para mejorar la organización de las elecciones, como la desaparición de los tribunales estatales electorales, la nacionalización completa de la organización de los comicios a cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE), si se hace correctamente, el voto electrónico, la reducción del número de regidores y el tamaño de los congresos locales.

Sin embargo, reprobaron la intención de elegir mediante voto popular a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reducir la estructura de esas instituciones y al mismo tiempo aumentarles tareas, eliminar el presupuesto para el gasto ordinario de partidos y eliminar los distritos electorales para elegir a diputados y senadores mediante un sistema de lista que  ─subrayaron─, solo empoderaría a las burocracias partidistas, cuando la misma reforma manifiesta que es lo que se quiere evitar.

El exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, identificó algunas de las motivaciones que podrían estar detrás de la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador.

La primera es simple y llanamente propaganda, dado que lleva 15 años hablando en contra del IFE y del INE y su propuesta de reforma «le da gasolina» para seguir hablando mal del INE y decir que está es una campaña en contra de las herencias del neoliberalismo.

La segunda  ─la cual consideró la más grave ─, es que está empezando a construir una justificación para rechazar los resultados electorales de 2024 si ni le convienen.

Recordó que esto ya lo hizo en 2003, cuando el PRD empezó a cuestionar al IFE desde tres años antes de la elección presidencial de 2006 y cuando ocurrió perdió la elección entonces dijo “ya ven, no son confiables”.

Lo que está haciendo López Obrador es atacar anticipadamente al INE para que en 2024 diga “se los dije”, abundó.

La tercera, es para tratar de estrangular presupuestariamente al instituto y que diga “yo les propuse una reforma para reducir los costos de la democracia; no quisieron, pues entonces ahora al INE le vamos a dar menos dinero”.

La cuarta es que cuando se designen a los cuatro nuevos consejeros (que deben comenzar su periodo en abril de 2023), Morena pueda elegir a sus candidatos y si no los logra imponer, entonces reventar el proceso y dejar acéfalo al INE.

Por su parte Martín Faz Mora, consejero del INE opinó que narrativas como la que se ha desplegado desde la presidencia de la república contra el INE son destinadas a las bases políticas y sociales de Morena y sus aliados encaminadas acuerparlas.

Comentó que en México no es ninguna novedad que haya reformas electorales, ya que se trata de un tema muy dinámico. Lo que hay que ver es a qué diagnóstico responde y ver si es acertado o no.

En su opinión es necesario un análisis de la iniciativa, con el fin de identificar claramente qué de las propuestas que se plantean como cambios son pertinentes y cuáles no, e incluso, las ausencias.

Dijo que de lo que se trata es lograr que lo que se estampe en las leyes electorales no solo responda a una necesidad, sino que sean técnicamente viables. Para que eso ocurra es necesario abrir foros de discusión y análisis, aunque hay pocos elementos para pensar que eso es lo que se quiere, mencionó.

Arturo Sánchez Gutiérrez, excomisionado del INE expuso que, por el tipo de reforma que se propone y el alcance que busca, se trata de una iniciativa de gran calado, que busca cambiar de fondo una gran cantidad de tema, lo cual merece una reflexión amplia.

Desde su perspectiva, este tipo de cambios a las reglas que rigen los procesos electorales deberían hacerse después de la elección presidencial, con el fin de que se ponga a prueba en una elección intermedia para poder hacer los ajustes antes de la renovación de la presidencia de la República.

Para el también profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, no será difícil que la iniciativa logre el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso.

También destacó que la iniciativa presenta una gran paradoja, pues mientras se busca darle más funciones al INE (o ahora al INEC ) y al TEPJF, al mismo tiempo se busca reducir su tamaño y darles menos presupuesto.

El académico recalcó que lo que debiera cuidarse en este tipo de reformas es que las instituciones electorales puedan cumplir con sus objetivos.

A su vez el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez afirmó que no es una buena idea hacer una reforma en materia electoral en estos momentos.

No es necesaria y no se ven condiciones para que se apruebe. Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados deberían comportarse como lo hicieron cuando ante la iniciativa de Reforma Eléctrica y desecharla también y así evitar se consume la regresión democrática que quiere hacer el gobierno del presidente López Obrador y Morena.

En su opinión, dada la tensión generada por el gobierno federal y Morena contra el INE y el Tribunal Electoral, la iniciativa de reforma planteada por el presidente da la impresión de que se trata de un cobro de facturas políticas por deudas ficticias de la oposición que no quiso aprobar su iniciativa de reforma energética ni apoyó la modificación a la Ley Minera.

“El INE no le ha hecho nada al presidente salvo cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, pero eso no le gusta al presidente porque quiere permanecer en campaña, ante lo cual el instituto ha tenido que aplicarle medidas cautelares, tal como lo mandata la ley.

Eso no le gustó ni en el proceso de revocación de mandato, ni en los procesos electorales estatales cuando el presidente continuó difundiendo logros”, continuó.

El exconsejero recordó que luego de perder la votación sobre la Reforma Energética en la Cámara de Diputados, el gobierno y su partido tuvieron una reacción muy violenta contra la oposición, organizando una campaña de odio contra quienes tacharon de traidores

Lo que estamos viendo es una regresión democrática porque el poder Legislativo, que ya había hecho valer su propia soberanía frente al Ejecutivo, ahora, su mayoría se volvió a convertir en caja de resonancia de los designios presidenciales, subrayó.

“Es verdaderamente inadmisible lo que está pasando en términos democráticos, porque quieren convertir al país en un sistema monocolor donde desaparezcan los adversarios políticos”, manifestó.

Para el exconsejero, si no se toman en cuenta los puntos de vista técnicos de las autoridades electorales, sería una reforma incompleta y sesgada que podría ser regresiva y antidemocrática.

Marco Antonio Baños Martínez planteo que, si bien los cuatro consejeros que fueron designados en 2020 (ya durante la presente administración federal), han actuado con institucionalidad, cuando fueron nombrados no había un ambiente de crispación política y de agresión contra el INE de parte del gobierno, su partido y sus aliados que hoy existe.

Por ello comentó que la designación que debe darse, en marzo de 2023, de otros cuatro consejeros, incluido el próximo presidente del INE, podría generar una gran tentación de que Morena imponga a gente absolutamente leal a ese partido y al gobierno, lo cual puede generar una situación muy tensa y un problema muy serio de funcionamiento del INE.

Arturo Sánchez Gutiérrez recalcó que los consejeros deben ser designados por sus méritos, conocimientos y experiencia en materia electoral, porque no se trata de ser populares, sino de que sean eficientes a la hora de tomar decisiones.

Luis Carlos Ugalde Ramírez refirió que, contrario a lo que dice el gobierno, de que se van a desaparecer a los legisladores plurinominales, lo que plantea la reforma es que permanezcan solo legisladores plurinominales, lo cual, en su opinión distorsiona la representatividad del Congreso, porque cuando se eligen diputados de representación proporcional mediante listas estatales se distorsiona la proporcionalidad.

“No es lo mismo elegir en cinco circunscripciones (como ocurre hoy), de 40 lugares cada uno, que elegir en 32 estados, cuando en algunos de ellos hay listas muy pequeñas, como Colima que solo tendría dos diputados. En esos estados se afectaría demasiado la proporcionalidad del sistema. Como son entidades pequeñas solo entrarían los partidos grandotes y los pequeños se quedarían fuera y al final la Cámara de Diputados sería menos representativa que hoy”.

Por otra parte opinó que lo que necesita la gente es elegir a personas de carne y hueso, además de plurinominales. Por ello consideró que contar con legisladores de elección directa en urna y los plurinominales es un buen balance, pero lo que propone la reforma envinada por el presidente es votar por marcas de partido, sin rostro visible.

En ese sentido, Arturo Sánchez Gutiérrez, apuntó que con esa iniciativa lo que se propone, aunque se diga que es ampliar la representatividad y ampliar la pluralidad, en realidad es reducir la representación proporcional, no nada más a nivel del Congreso de la Unión, sino también en el ámbito estatal y municipal, con el fin de restringir el número de participantes.

Eso, continuó, irremediablemente deja fuera a los grupos más minoritarios, lo cual es contrario al espíritu con el que evolución el sistema electoral en el país.

“Sería ir para atrás, buscando un esquema donde el voto siga siendo el fundamental pero que quepan menos actores dentro de la representación. Eso tiende a una centralización, lo que no estaba en el espíritu de ninguna de las reformas ocurridas desde 1977 a la fecha”, dijo Sánchez Gutiérrez.

Para el académico la justificación que plantea el Ejecutivo federal en esta iniciativa es la austeridad, como si tener menos legisladores o regidores y síndicos, fuera a significar un verdadero ahorro del país que nos sacara de una problemática económico importante, lo cual no es el caso.

Arturo Sánchez Gutiérrez remarcó que reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 legisladores generaría varios problemas, incluso de organización, distribución de espacios y de toma de decisiones como  en las comisiones y afectará el trabajo de los legisladores, lo cual trastocaría el trabajo eficiente de los órganos de representación.

Martín Faz Mora, consejero del INE comentó que habrá que ver como se materializa la representación política porque la iniciativa habla de un sistema de proporcionalidad pura, que en principio es una idea atractiva, pero implica que estaríamos votando listas y no candidatos propiamente. El problema es que se dice que se quiere restar poder a las burocracias partidistas, pues votar por listas es fortalecer las burocracias partidistas.

Además hay que ver si las listas son regionales o nacionales, porque es bien distinta la proporcionalidad pura cuando se construye a nivel local o nacional, planteó.

Enfatizó que los legisladores plurinominales deberían de conservarse bajo alguna modalidad.

Para el consejero es fundamental y siempre se va a requerir de las minorías en los congresos. “La calidad de la democracia de un país se mide en la forma en que las minorías pueden expresarse tanto en el espacio público, pero particularmente en los de representación”.

Por otra parte Luis Carlos Ugalde Ramírez llamó la atención en que, de aprobarse la designación de consejeros electorales y magistrados del TEPJF, como lo propone la iniciativa en cuestión, lo que ocurriría es que se va a politizar todavía más al INE y se volvería un instituto militante de causas políticas. “Vas a hacer que los consejeros sean militantes, activistas y políticos profesionales. Si tu quieres ser consejero vas a tener que ir a tocar la puerta de los partidos en la Cámara de Diputados para que ellos te nominen candidato o bien la puerta de la oficina del presidente de la República para que él te nomine o bien del Poder Judicial. En todo caso quienes van a decidir son los políticos, los partidos y los funcionarios de gobierno”.

Además, destacó que para ser consejero o magistrado del TEPJE va a tener que ser candidato y conseguir dinero para hacer campaña y ganar el cargo. Luego cuestionó: ¿cuánto va a costar esa campaña?, ¿quién la va a poner dinero para ser consejero? y ¿quién la va a pagar?

Eso terminaría convirtiendo a los consejeros electorales en políticos profesionales, o en coyotes de los votos, lo cual significaría convertir al INE en un instituto militante en favor de las causas de la transformación, cuando lo que se necesita es un arbitro imparcial, neutro, alejado del poder, que cuente los votos, no un instituto sometido a los partidos  y al poder político que es lo que sucedería si se aprueba esta iniciativa, dijo enfático.

Sobre la propuestas de otorgar dinero público a los partidos sólo para hacer campañas, Luis Carlos Ugalde Ramírez opinó que se trata de una propuesta muy drástica porque se puede reducir el gasto sin eliminar el presupuesto ordinario. “Tú no puedes tener partidos que solo vivan durante los procesos electorales. Los partidos tienen una vida continua y para que puedan funcionar durante periodos electorales necesitan un trabajo previo como el de reclutamiento de militantes y trabajo comunitario”.

Afirmó que si bien los partidos pueden recaudar dinero de otras fuentes, como de sus militantes, pero eso no puede ser tan drástico porque puede implicar matar al sistema de partidos.

Arturo Sánchez Gutiérrez, recordó que con la reforma electoral de 1996, cuando se buscó que los partidos tuvieran un financiamiento importante, lo que se buscó fue fortalecerlos y el presupuesto para gastos ordinarios lo pudieron invertir en transporte, instalaciones, comunicación, capacidad de organización con el fin de estar en condiciones de participar políticamente.

Mencionó que si ahora se opta por quitar el presupuesto para gastos ordinarios, lo que va a ocurrir es que los partidos van a tener que recurrir a otro tipo de acciones para poder sobrevivir y mantener sus estructuras, lo cual significará regresar al esquema donde los partidos gastaban mucha energía en conseguir dinero, en lugar de dedicarse a hacer política. Eso debilitará al sistema de partido y consecuentemente a la democracia, advirtió.

Martín Faz Mora, consejero del INE alertó que los partidos políticos son esenciales para la vida democrática y van a seguir funcionando y si se les quita el recurso público van a acabar capturados por intereses privados o gubernamentales porque su financiamiento podría venir de grupos fácticos.

Dijo que a lo mejor lo que se requiere es cambiar las fórmulas con que se reparte el presupuesto y no suprimir el financiamiento para actividades ordinarias.

Por otra parte indicó que se habla de la desaparición de los OPLES, pero hay que hacer un análisis técnico del tema, sobre todo porque implica que hay tareas que hay que seguir haciendo y eso obliga a saber si el INE va a absorber al personal que las venía realizando.

Luis Carlos Ugalde comentó que la iniciativa de reforma presentada por el presidente tiene cosas positivas que deberían discutirse como el voto electrónico, la reducción del número de regidores de los ayuntamientos, la reducción del tamaño de los congresos locales, la desaparición de los tribunales estatales electorales e incluso si se hiciera bien, la nacionalización completa de la organización de las elecciones a cargo del INE.

En tanto Martín Faz Mora, dijo que debió contemplar temas de fiscalización, que es un tema fundamental con el fin de evitar que recursos ilegales entren a las campañas electorales o bien gubernamentales pero de manera ilegal.