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Muere un estudiante en Guanajuato a manos de elemento de Guardia Nacional

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Elementos de la Guardia Nacional dispararon contra tres estudiantes de Agronomía de la Universidad de Guanajuato  la tarde de este miércoles en la comunidad El Copal; en la balacera uno de ellos murió y una joven resultó herida de gravedad. 

Presuntamente los universitarios no atendieron una señal de alto de los elementos federales y éstos los siguieron y abrieron fuego en su contra, en las calles Copal y Roble.

Los afectados son alumnos del campus Copal de la Universidad de Guanajuato (UG).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato recibió el reporte sobre los hechos alrededor de las 16:46 horas. Los jóvenes viajaban en una camioneta Eco-Sport blanca.

El estudiante que falleció fue identificado como Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. El vehículo era conducido por Eduardo Ramírez Jorge, también de 19 años, y la joven herida fue identificada como Edith Alejandra Carrillo, de 22 años de edad, quien fue trasladada a un hospital para su atención.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condenó los hechos: “Condeno enérgicamente los lamentables hechos registrados en #Irapuato en donde un joven estudiante perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional”, escribió en su cuenta de Twitter. 

“Las autoridades de cualquier nivel tenemos la responsabilidad de construir la paz y confianza con la ciudadanía; acompañaremos y daremos total apoyo a sus familias para que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

Agregó que instruyó a la Secretaria de Gobierno, Libia García, “a estar cerca de los familiares de las víctimas para brindarles todo el apoyo” del gobierno estatal y “mantener un diálogo constante con las instituciones responsables e involucradas en dar atención a este lamentable hecho”.

or su parte, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Agripino, dijo estar profundamente consternado y exigió que se haga justicia.

En un comunicado, la Universidad de Guanajuato lamentó los hechos. “Nos han comunicado que las autoridades están llevando a cabo la indagatoria correspondiente. Por parte de nuestra casa de estudios, ya hay personal en el lugar de los hechos ofreciendo atención. 

“Expresamos nuestra solidaridad a sus familias, a las que ofrecemos todos nuestros recursos institucionales para atender esta situación.

“Repudiamos la violencia que nuevamente pone de luto a nuestra comunidad universitaria y nos sumamos al legítimo reclamo social de vivir en un ambiente de paz, al tiempo que exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos y la consecuente impartición de justicia.

“Estaremos dando puntual seguimiento a cada paso en el esclarecimiento de los hechos, con toda la capacidad institucional y total apoyo a las familias afectadas”, indicó la Universidad de Guanajuato. 

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Bancos en México exigirán identificación oficial y biométricos para depósitos y retiros de 140 mil pesos o más

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CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Bancos de México (ABM) acordó implementar nuevas medidas de control operativo en las sucursales financieras de todo el país. A partir del 1 de julio de 2026, los usuarios que deseen realizar depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o superiores a 140 mil pesos deberán presentar obligatoriamente una identificación oficial vigente y registrar al menos un dato biométrico (como huella dactilar o escaneo facial).

Blindaje contra el lavado de dinero y fraudes

De acuerdo con declaraciones del presidente del organismo, Emilio Romano, el acuerdo del Comité de Asociados de la ABM busca reforzar la seguridad del sistema bancario y prevenir delitos de alto impacto, tales como el lavado de dinero, la suplantación de identidad y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estas medidas van más allá del marco regulatorio básico. Adicionalmente, el paquete de acuerdos aprobados contempla:

  • Referenciación en cuentas concentradoras: Todos los depósitos en efectivo realizados a este tipo de cuentas (comúnmente utilizadas por plataformas de comercio electrónico y agregadores de pagos) deberán estar debidamente referenciados para rastrear el origen y destino de los recursos.
  • Transferencias internacionales: Las operaciones con el extranjero solo podrán realizarse entre cuentahabientes formales del sistema financiero.
  • Plataforma de información en tiempo real: Intercambio de datos entre instituciones financieras para detectar y alertar patrones de transacciones inusuales o sospechosas.

Diferencia con los reportes al SAT

Expertos del sector aclaran que esta nueva disposición no debe confundirse con la fiscalización de los depósitos en efectivo que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras que las instituciones bancarias están obligadas a informar al SAT cuando un contribuyente acumula más de 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo por razones fiscales, la regla de los 140 mil pesos es una medida estrictamente operativa y de seguridad preventiva por transacción en ventanilla.

Documentos requeridos en ventanilla

Para realizar estas transacciones a partir de la entrada en vigor de la medida, las personas físicas deberán acudir presencialmente a la sucursal física —puesto que la restricción impide hacer montos de esa escala en cajeros automáticos convencionales— con:

  1. Credencial para votar (INE) o pasaporte oficial vigente y en óptimo estado.
  2. Verificación biométrica activa en el sistema del banco.
  3. Documentación o referencias para acreditar el origen o destino de los fondos en caso de requerirse.

Con este acuerdo, la banca en México reafirma su compromiso de digitalizar gradualmente la economía nacional y reducir el uso desmedido de efectivo para garantizar transacciones más transparentes y seguras para los usuarios.

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«El Mayo» Zambada no posee propiedades incautadas a su nombre en México: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.— Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa capturado en Estados Unidos en julio de 2024, no cuenta con propiedades formalmente aseguradas o inscritas a su nombre en México, según informó este miércoles Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de las investigaciones y los aseguramientos patrimoniales dirigidos contra la delincuencia organizada, el funcionario detalló que las labores de inteligencia patrimonial y la revisión de registros no identificaron inmuebles, terrenos o fincas a nombre de Zambada García dentro del sistema legal mexicano.

Operaciones mediante prestanombres y redes familiares
La ausencia de propiedades a nombre del capo responde a la histórica estrategia financiera empleada por las cúpulas del crimen organizado en México. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura inmobiliaria y comercial vinculada al Cártel de Sinaloa solía operar bajo la titularidad de prestanombres, familiares o empresas fachada.

A lo largo de las últimas décadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado diversas empresas —desde establos ganaderos hasta gasolineras y centros educativos— asociadas a la red de «El Mayo» en Sinaloa, las cuales estaban inscritas a nombre de allegados o familiares directos.

Contexto y seguimiento tras su captura
El reporte del gabinete de seguridad nacional forma parte de las acciones de seguimiento sobre la estructura operativa y financiera de la organización criminal, tras la entrega y detención de Zambada en un aeródromo cercano a El Paso, Texas, en julio de 2024.

García Harfuch reiteró que, si bien la figura individual de Zambada García no registra activos inmobiliarios directos en las bases de datos de bienes incautados, las investigaciones sobre las estructuras de lavado de dinero y la identificación de bienes operados por sus redes de colaboradores continúan en coordinación con las autoridades correspondientes.

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FGR amplia investigación por huachicol: van tras dos empresas vinculadas a Ingemar

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  • Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.

MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.

Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).


Cambios de giro para entrar al negocio petrolero

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:

  • Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
  • Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.

Red empresarial bajo escrutinio judicial

Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.

Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.

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