La inseguridad y la delincuencia generaron un impacto financiero devastador para el sector privado en México, acumulando pérdidas y gastos de prevención estimados en 115 mil 100 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). Este monto, que representa el 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, refleja la pesada carga que enfrentan los establecimientos comerciales e industriales del país para mantener sus operaciones cotidianas en un entorno marcado por la violencia y el acecho de la delincuencia organizada y común.

El informe detalló que el costo económico se dividió prácticamente en partes iguales entre las pérdidas directas por la comisión de ilícitos y las inversiones destinadas a medidas de protección, tales como la instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas, blindajes y contratación de seguridad privada. Dentro de la incidencia delictiva, la extorsión se consolidó como el delito más frecuente en contra de las unidades económicas, afectando severamente la viabilidad financiera de miles de micro, pequeños y medianos empresarios que sufren constantes presiones mediante llamadas de amenaza o cobros de piso.

Consecuencia directa de esta creciente ola delictiva, el 14.5 por ciento de los negocios en el país optó por cancelar planes de expansión e inversión previstos, frenando el desarrollo económico regional y la creación de empleos formales. Asimismo, porcentajes significativos de establecimientos se vieron obligados a modificar sus dinámicas comerciales, reduciendo horarios de atención, disminuyendo el manejo físico de efectivo o cancelando rutas de distribución para evitar exponer a su personal y mercancías.

A nivel regional, la problemática mostró disparidades importantes entre las 32 entidades federativas del país. Estados como Tabasco encabezaron la lista con un 32.1 por ciento de establecimientos que decidieron frenar sus inversiones por temor a la delincuencia, seguidos de cerca por Morelos con el 27.4 por ciento y Puebla con un 23.9 por ciento de negocios que optaron por retirar o posponer capitales productivos. Estas cifras evidencian que los corredores económicos del centro y sureste experimentan un freno considerable debido al clima de vulnerabilidad imperante.

Finalmente, el estudio del INEGI reveló que la cifra negra de delitos no denunciados se mantiene en niveles críticos superiores al 90 por ciento, impulsada principalmente por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones locales y la percepción de que acudir a las autoridades representa una pérdida de tiempo. Los empresarios urgieron a los tres órdenes de gobierno a rediseñar las estrategias de procuración de justicia y combate frontal a la extorsión, única vía para recuperar la confianza y reactivar el flujo seguro de inversiones en territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la persistencia de bajas temperaturas en diversas regiones del territorio mexicano debido a los efectos combinados de frentes fríos, canales de baja presión y la masa de aire polar asociada.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones de frío extremo se mantendrán durante las madrugadas hasta el próximo 14 de noviembre, registrando valores mínimos de menos cinco a cero grados Celsius con la presencia de heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

A partir de la madrugada del jueves 12 de noviembre, estas condiciones gélidas se extenderán hacia las zonas montañosas de Baja California, mientras que entidades del centro y oriente del país, incluido el estado de Puebla, experimentarán valores de cero a cinco grados Celsius en zonas elevadas.

Paralelamente, el organismo pronosticó un incremento significativo en las precipitaciones para la entidad poblana durante la segunda mitad de la semana, destacando la probabilidad de lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones del norte y sureste del estado.

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales hicieron un llamado a la población para extremar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y crecidas de arroyos, así como a utilizar ropa abrigada y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

A partir de este martes 10 de noviembre de 2026 quedó oficialmente habilitado el periodo para la dispersión del aguinaldo correspondiente a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a diversos sectores del gobierno federal.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que esta prestación económica puede alcanzar el equivalente a 40 días de pensión o salario, dependiendo del régimen laboral, la categoría del trabajador y las condiciones específicas de cada beneficiario.

Entre los grupos contemplados en esta primera etapa se encuentran los pensionados civiles, personal con pensión militar, beneficiarios de pensiones de gracia, haberes de retiro, así como integrantes activos de las fuerzas armadas y trabajadores de dependencias federales.

Las autoridades aclararon que la fecha del 10 de noviembre marca el inicio del calendario autorizado para el pago, por lo que la dispersión se realizará de manera gradual conforme a los lineamientos operativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, el informe contrasta con las condiciones aplicables al sector privado y a los jubilados bajo la ley del IMSS, recordando que los trabajadores amparados por la Ley Federal del Trabajo reciben un mínimo de 15 días antes del 20 de diciembre, mientras que los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 percibieron su prestación a inicios de mes.