El conflicto legal por el que atravesó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) provocó que su matrícula disminuyera en un 20 por ciento, ya que de los 10 mil alumnos que tenía en otoño de 2021, actualmente tiene 8 mil 71, informó la rectora, Cecilia Anaya Berríos, al tiempo de señalar que ésta fue la afectación más grave que tuvo la institución debido a la toma de su campus durante casi ocho meses.

En conferencia de prensa, Anaya anunció que la meta de la universidad es captar a mil 750 estudiantes de nuevo ingreso para el próximo otoño y por tal motivo han comenzado una serie de actividades para que los aspirantes conozcan el campus y a la vez se postulen para acceder a alguna de las diversas becas que se ofrecen.

Indicó que una vez que se recuperó el campus, al menos 300 estudiantes que habían decidido cambiarse de universidad han buscado reincorporarse a la UDLAP y confió en que esta tendencia siga para así recuperar el nivel de matrícula que tenía la institución, ya que la disminución de estudiantes ha provocado una baja en los ingresos.

Anunció que actualmente un 85 por ciento de las instalaciones ya están habilitadas para las actividades presenciales y la meta es que todo el campus funcione a más tardar el próximo 28 de marzo, ya que faltan algunos espacios por atender como las canchas deportivas.

Respecto a los niveles de asistencia, refirió que un 65 por ciento de la oferta académica de la UDLAP funciona en el formato presencial; sin embargo, por ahora los estudiantes tienen la posibilidad de acudir o no a las aulas, ya que en los salones se han instalado cámaras para que quienes prefieran la educación a distancia sean partícipes de las clases.

Anaya aseguró que los daños que han encontrado en la universidad son mínimos en comparación con el tamaño del inmueble y señaló que todavía no se determina a cuánto ascenderá la inversión para rehabilitar los espacios, ya que se siguen haciendo adecuaciones.

Para finalizar, señaló que actualmente ya no existe litigio sobre la universidad porque el mismo concluyó cuando el patronato que tenía el campus se desistió y entregó las instalaciones el pasado 24 de febrero.

“Originalmente iba a ser a través de un exhorto que tenía que enviar un juez de la Ciudad de México al juez de Cholula; sin embargo, previo a que se entregara el exhorto se desistió ante ese juzgado la contraparte, por lo tanto ya no procedía el exhorto y por eso se llevó a cabo este otro proceso que se llama juris vol (jurisdicción voluntaria)”, concluyó.