Como parte de la estrategia Puebla Brilla, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó la modernización del alumbrado público en la Unidad Habitacional Loma Bella, cubriendo una zona más de la capital al 100 por ciento con 285 luminarias renovadas de tecnología LED, beneficiando de manera directa a más de 10 mil personas.

De las 494 luminarias existentes en la unidad, únicamente 209 contaban con dicha tecnología, por lo que ahora está cubierta la totalidad del parque lumínico en la zona con este sistema más eficiente y sustentable, con un ahorro energético importante, además de brindar seguridad a las y los transeúntes.

En este sentido, el presidente municipal Pepe Chedraui, afirmó que el gobierno de la Ciudad dotará con servicios públicos como iluminación, bacheo y obra pública a las y los poblanos.

En su mensaje, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó el compromiso del alcalde Pepe Chedraui para trabajar de manera interinstitucional en el fortalecimiento de la seguridad para las y los ciudadanos, además de garantizar los servicios públicos de calidad en todos los rincones de la capital y muestra de ellos es el avance en la modernización de alumbrado público a través de Puebla Brilla.

La estrategia Puebla Brilla forma parte de la visión del alcalde Pepe Chedraui para promover una capital de vanguardia, con orden, más equitativa, funcional, cercana a sus comunidades y responsable con su entorno. Con estas mejoras, el Gobierno de la Ciudad promueve la seguridad en espacios públicos, fortalece la convivencia vecinal y logra hacer comunidad.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó las modificaciones a la Ley de ciberasedio para que los servidores públicos queden exentos de los beneficios que otorga la legislación.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal coincidió con la postura de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a que se debe clarificar la norma que busca castigar con cárcel a quien insulte o agravie a una persona a través de medios digitales con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. 

Sumó que la ley debe centrarse en castigar a quienes cometen ciberdelitos y no proteger a funcionarios bajo el argumento de ataques cibernéticos.

Tomamos en cuenta lo que dijo la presidenta hoy: debe quedar exento el beneficio de esta ley a los servidores públicos. No hay razón por la cual se deba de vincular la Ley de Ciberseguridad con otro tipo de limitaciones a las libertades de expresión,
afirmó.
No obstante, hizo hincapié en que le corresponde al Congreso local discutir y realizar las modificaciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.

Armenta Mier sumó que esta propuesta se debe integrar en los foros públicos organizados por el Poder Legislativo para, posteriormente, sumarse a las posibles adecuaciones.

Además, el jefe del Ejecutivo reiteró que la legislación tiene como propósito combatir diversas formas de acoso y agresión digital, incluyendo los hackeos a sistemas financieros y empresariales, así como el asedio en redes sociales a menores de edad, lo que, advirtió, puede derivar en trastornos graves, como conductas suicidas.

Subrayó que la ley no va dirigida contra medios de comunicación ni contra la libertad de expresión, sino contra personas dedicadas a actividades delictivas en entornos digitales.

Lo importante es que nadie se ponga el saco. Hablamos de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación. Los medios informan, no atacan,
subrayó.
La mañana de este martes, la presidenta del país fue cuestionada, de nueva cuenta, sobre la normativa creada por José Luis García Parra, exdiputado y actual coordinador de Gabinete del gobernador.

En respuesta, Sheinbaum Pardo indicó que si hay que clarificar el tema del ciberasedio se tendrá que hacer, pero defendió que “es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, Coahuila y otros estados”.

Incluso, comentó que ese es el objetivo que presentó el gobernador de Puebla y, en todo caso, pidió “que quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”.

Las modificaciones al Código Penal han causado controversia a nivel nacional y local al considerar que sus artículos podrían utilizarse para inhibir la crítica en entornos digitales.

Ante esto, activistas y organismos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre el tema. La última fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al asegurar que trabaja en un recurso de inconstitucionalidad ante la posible vulneración de los derechos humanos.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presentó a directores y secretarios de facultades, institutos y escuelas el nuevo Sistema de Evaluación e Investigación Institucional para el Desarrollo Académico (SEIIDA), como un instrumento que establece la valoración de diferentes dimensiones del desempeño docente y también del alumno.

Al exponer este sistema, la rectora de la BUAP precisó que la reconstrucción del modelo -de lo que fue el Programa Institucional de Evaluación Académica- tiene la intención de generar mayores herramientas para mejorar los procesos educativos, a partir de la evaluación desde una perspectiva global, sin fines punitivos.

Indicó que el SEIIDA se basa en una política holística, la cual se sustenta en tres ejes de acción: la evaluación al docente, a la gestión administrativa y de infraestructura educativa, y, por primera vez, la del docente al alumnado y al entorno.

Entre los objetivos destaca fomentar el desarrollo profesional y asegurar que las prácticas docentes alcancen estándares de excelencia educativa mediante mecanismos de evaluación y retroalimentación, protegiendo la confidencialidad de los participantes.

Al respecto, el vicerrector de Docencia, José Jaime Vázquez López, refirió que este nuevo instrumento incorpora directrices y principios establecidos en el Marco General del Sistema de Evaluación de la Educación Superior (SEAES), así como de la Ley General de Educación Superior (LGES). Asimismo, señaló que se partirá de un modelo piloto para ponerlo en marcha lo antes posible, a fin de lograr una mejora continua que promueva el crecimiento profesional de los profesores, lo que incluye incentivos a su desempeño.