Tras la vinculación a proceso del presunto agresor, colectivos juveniles y madres buscadoras tapizaron la sede del Poder Ejecutivo provincial en protesta por los feminicidios que azotan a la entidad.
CUERNAVACA, Mor. — La imagen de la estudiante española Claudia Tacoronte se sumó este sábado al memorial de víctimas instalado en el acceso principal del Palacio de Gobierno de Morelos. La fachada luce actualmente cubierta por las fotografías y nombres de cientos de personas desaparecidas y víctimas de la violencia estructural que aqueja al país.
El memorial alberga también las imágenes de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, así como las de los seis jóvenes que fueron torturados y asesinados en 2011 por el Cártel del Pacífico Sur, facción vinculada a la organización de los Beltrán Leyva.
La exigencia de justicia tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, cometido hace ocho días en la Casa de Cultura del municipio de Cuautla, reunió a colectivos de madres buscadoras y a la agrupación Resistencia Estudiantil en la Ofrenda de las Víctimas. En el lugar, frente a la sede gubernamental, los manifestantes rindieron homenaje a la joven y repudiaron los crímenes de género en la región.
Ante la fotografía de Claudia, los asistentes colocaron arreglos florales y veladoras, además de pancartas con consignas como «Que estudiar no nos cueste la vida. Justicia para Claudia» y «Justicia para todas».
Durante la jornada, voceros de Resistencia Estudiantil denunciaron que Morelos atraviesa desde hace años por un deterioro de la seguridad que afecta con especial severidad a la población juvenil. Señalaron que, según cifras oficiales al 16 de mayo de 2026, la entidad acumula 2,027 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de la mitad se encuentran en el rango de edad de entre 15 y 34 años.
«Estamos cansados de vivir con miedo y de que la violencia se haya vuelto cotidiana», manifestó una estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Los manifestantes cuestionaron que la actuación de las autoridades locales se limite al inicio de investigaciones reactivas tras la comisión de los delitos, sin abordar las causas estructurales que permiten la persistencia de la violencia.
«La violencia no concluye con la identificación de un probable responsable. Una carpeta de investigación no devuelve la paz a las familias, y una conferencia de prensa posterior a la tragedia no equivale a garantizar la seguridad», enfatizó una de las portavoces.
Los integrantes de Resistencia Estudiantil —quienes encabezaron un paro de dos meses en la UAEM tras el feminicidio de sus compañeras Kimberly y Karol en marzo pasado— exigieron a la rectora Viridiana León Hernández un posicionamiento institucional firme en defensa del alumnado.
«La universidad tiene un compromiso ético y social con su comunidad», sostuvieron, al tiempo que advirtieron sobre el riesgo de que la casa de estudios actúe de manera subordinada ante las autoridades estatales. Asimismo, demandaron que la rectoría respete el derecho a la libre manifestación y rechace cualquier acto de represión hacia el movimiento estudiantil: «No estamos solicitando concesiones especiales, sino el cumplimiento de derechos fundamentales».
El colectivo subrayó que las acciones emprendidas van más allá del caso individual de Claudia, buscando visibilizar un contexto de inseguridad generalizado en el estado.
«Recorrer las calles tapizadas con fichas de búsqueda y escuchar el sonido constante de las sirenas es la cotidianeidad en Morelos. Ignorar esta realidad no nos vuelve más seguros», concluyeron.
Decisión judicial con perspectiva de género
La movilización ocurrió un día después de que la jueza especializada de Control de Garantías, Alma Patricia Salas Ruíz, dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Javier «N» por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de la estudiante española.
En su resolución, la juzgadora justificó la acreditación del tipo penal bajo los criterios de la perspectiva de género, planteando si el imputado habría actuado del mismo modo si la persona presente en la Casa de Cultura se hubiera tratado de un hombre:
«Al analizar el contexto, observamos que no habría sido así. Lo que distingue al feminicidio es la condición de vulnerabilidad asignada históricamente a las mujeres. Se asume en estos contextos una asimetría de poder donde la víctima encuentra mayores dificultades para repeler la agresión», expuso la juzgadora.
La magistrada añadió que las circunstancias particulares del caso acentuaron dicha desventaja: «Se trataba de una joven de 21 años, extranjera, en un municipio con dinámicas de inseguridad complejas que han requerido la intervención de las Fuerzas Armadas. Dichos factores redujeron su margen de defensa, una situación que no se habría presentado en igualdad de circunstancias ante una víctima del sexo masculino».