TLAOLA, Pue. — La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla abrió una línea de investigación para determinar la posible omisión o complicidad de autoridades locales de la región de la Sierra Norte en la operación de la granja clandestina de criptomonedas desmantelada recientemente en el municipio de Tlaola.

Las indizaciones institucionales derivan de la complejidad en la infraestructura requerida para el funcionamiento del inmueble, el cual albergaba más de un millar de procesadores informáticos y requería un elevado consumo de energía eléctrica extraída presuntamente de forma irregular de las redes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además del uso continuo de transformadores de alta potencia y antenas de conectividad satelital.

Ante las dimensiones del complejo tecnológico detectado en una zona montañosa y de difícil acceso, la SSP ha señalado la imperativa necesidad de indagar si servidores públicos de los ayuntamientos o mandos policiales del perímetro conocían la existencia del predio o encubrieron su operación a cambio de protección o prebendas.

El seguimiento del caso quedó a cargo de las autoridades federales y del fuero común, quienes amplían los peritajes no solo para deslindar responsabilidades por la presunta sustracción ilegal de flujo eléctrico y la utilización de activos virtuales en operaciones de lavado de dinero, sino también para identificar la cadena de mando institucional que pudo haber permitido el asentamiento de dicha infraestructura en la demarcación.

PUEBLA, Pue. — Ricardo “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, fue capturado este viernes en el estado de Puebla tras permanecer prófugo durante más de un año. El operativo conjunto contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio del Estado de Morelos.

Andrea Maylin, una joven de 22 años y madre de una menor, desapareció el 20 de junio de 2025 en el municipio de Yautepec, Morelos. Previamente, la víctima había presentado denuncias desde 2023 por violencia familiar, agresiones físicas y amenazas de muerte vertidas por su expareja, a quien sus familiares señalaron desde el primer momento como el principal sospechoso de su desaparición.

La investigación avanzó hacia un predio propiedad de la familia del imputado en Tlayacapan, tras recibir reportes sobre la supuesta sepultura de un animal dos días después de la desaparición de la joven. Aunque un primer cateo el 27 de junio de 2025 no arrojó resultados positivos, una segunda intervención el 31 de julio permitió la localización de los restos de Andrea Maylin sepultados a pocos metros del lugar indicado. La confirmación de su identidad se dio mediante peritajes de genética, antropología y medicina legal, entregando sus restos a la familia a finales de agosto de ese mismo año.

Durante los casi 15 meses de búsqueda del sospechoso, los padres de Andrea Maylin encabezaron constantes jornadas de protesta y movilizaciones en distintas partes del país para exigir justicia, llevando incluso el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita oficial a Morelos. La Fiscalía destacó que la información brindada por el padre de la víctima fue determinante para dar con el paradero del prófugo.

Tras ejecutarse la orden de aprehensión en suelo poblano, Ricardo “N” fue trasladado de inmediato al estado de Morelos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica por el delito de feminicidio.

MONTERREY, N.L. — Una mujer identificada como Vanelly Zavala desató indignación en redes sociales tras ser acusada de simular su propio fallecimiento con el objetivo de no pagar más de un millón de pesos a personas que participaron en su esquema de ahorro colectivo, conocido como «Tandas Vane». El caso se volvió viral luego de que las propias afectadas desmintieran la supuesta esquela fúnebre que circuló de forma masiva en grupos digitales de la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la señalada reclutaba participantes a través de plataformas digitales promoviendo esquemas de aportaciones periódicas con la promesa de entregar sumas elevadas de dinero en fechas pactadas. Sin embargo, al cumplirse los plazos de cobro para entregar la bolsa acumulada, Zavala dejó de responder llamadas y mensajes de texto, interrumpiendo repentinamente toda comunicación con los integrantes de los grupos de ahorro.

Poco después de que se intensificaron los reclamos por la vía digital, comenzó a difundirse una imagen con formato de esquela que anunciaba el presunto deceso de la organizadora. El mensaje incluía detalles sobre un supuesto velatorio que se llevaría a cabo en las instalaciones de la «Funeraria Fe», ubicada en la zona metropolitana. La publicación buscaba dar por concluida la búsqueda de la deudora argumentando razones de fuerza mayor vinculadas a su fallecimiento.

La versión fue descartada horas más tarde cuando directivos de la funeraria emitieron un comunicado aclaratorio, en el cual desmintieron categóricamente que se estuviera prestando algún servicio velatorio para la persona mencionada. La empresa confirmó que no existía registro, contratación ni contacto de familiares para coordinar exequias en sus capillas, dejando al descubierto la falsedad de la publicación informativa.

Días después de que la empresa funeraria desmintiera el hecho, Vanelly Zavala reapareció en sus perfiles de redes sociales negando haber orquestado el montaje de su muerte y adjudicando la creación de la esquela a las mismas afectadas. Mientras la señalada afirma que dará su versión para esclarecer los faltantes de dinero, las víctimas de la presunta estafa han comenzado a organizarse para interponer las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por el delito de fraude.